Manifestación contra la violencia machista. Madrid, 2018.

Todavía hoy es muy difícil decidirse a denunciar la violencia sexual y cuando se denuncia no se escucha a las víctimas, y solo se sancionan los casos donde existen evidencias previas al proceso –en forma de lesiones físicas importantes o de embarazo infantil–, o por la existencia de múltiples víctimas del mismo abusador/violador. 

4.1. Los victimarios 

El delincuente sexual, cuando comete el delito, entra en una lotería donde lo más probable es quede impune, o puede suceder que sea denunciado y lo más factible entonces es que la denuncia sea archivada, o que resulte absuelto. De otro lado, debido a que en un elevado número de casos el victimario es persona cercana o familiar de la víctima –pareja, hermano, padre, tío, abuelo, padrastro–, la denuncia puede convertirse en el detonante de nuevas violencias. 

Ante esta situación la respuesta podría ser la de aumentar las penas, pero esto no soluciona el fenómeno de la violencia sexual. No hay una solución unidireccional, y en todo caso pasa por poner en marcha políticas públicas de prevención de la violencia sexual, de atención y protección integral a las víctimas, una buena coordinación, formación y sensibilización de todas las instancias implicadas –atención social, servicios de salud, educativos, judiciales– y que la justicia juzgue con penas proporcionales a la gravedad de los delitos. 

En este sentido, tal como recoge el proyecto –en trámite parlamentario– de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, se debe reformar urgentemente el Código Penal para eliminar la contradicción en los términos del abuso sexual “sin violencia o intimidación y sin consentimiento”. Realizar actos de carácter sexual a otra persona sin su consentimiento es violento e intimidatorio por sí mismo. La víctima sufre, tiene miedo, y con frecuencia se juega la vida si el victimario, que ejerce poder sobre ella –sea meramente físico o además derivado de una posición de autoridad que puede provenir de variadas circunstancias–, viera peligrar su privilegio para “usarla” impunemente. No hace falta ninguna otra violencia añadida: no habiendo consentimiento el acto de carácter sexual debería ser considerado violación o agresión sexual, según si hubo o no penetración vaginal, anal o bucal o introducción de miembros corporales u objetos por las dos primeras vías. 

Madrid, 23 de octubre de 2021.
Madrid, 23 de octubre de 2021.

4.2. Escuchar a las víctimas: contra la revictimización, el falso SAP, la culpabilización 

Los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual son delitos personalísimos que pueden causar una muy honda afectación a las víctimas, especialmente cuando son cometidos por personas cercanas o incluso responsables de la protección, seguridad y cuidado de las mismas y cuando son reiterados, o muy intensos, como sucede en los casos de varios agresores, o cuando el victimario usa violencia o intimidación grave. 

No todos los casos son iguales, y se debería sancionar cada conducta según su gravedad, en lugar de archivar sistemáticamente todo lo que a priori no parece escandalosamente grave porque el daño a la víctima no es visible.
Eso técnicamente es posible, dando al bien jurídico protegido, la libertad sexual, la importancia que tiene, y sancionando cada una de las acciones y daños que causa el perpetrador o los distintos partícipes, mediante concurso de delitos: el delito o los delitos contra la libertad sexual de que se trate, con su o sus penas básicas. Y además todo lo que concurra: amenazas, delito contra la salud pública que perpetra quien suministra droga a otra persona sin su consentimiento, lesiones físicas y/o psíquicas –considerando también como tales el embarazo forzoso y las enfermedades de transmisión sexual contagiadas–, revelación de secretos, omisión del deber de socorro, homicidio, asesinato (feminicidio), profanación de cadáver, u otros. 

Una de las peores situaciones imaginables es la de victimización sexual continuada: cuando el victimario es figura teóricamente responsable de la protección de la víctima, como por ejemplo el padre, donde además de generar una tremenda confusión y daño a la o el menor, los sistemas de justicia han dado entrada a mecanismos de reacción patriarcal que niegan a las víctimas, las silencian y las dejan completamente desprotegidas en manos de sus abusadores. Las denuncias penales, especialmente si las formulan las madres, se archivan sistemáticamente –salvo embarazo o lesiones graves o muerte de la criatura, en cuyo caso la madre será investigada y procesada también como cómplice–.

En el procedimiento civil de custodia, si la madre intenta proteger a su hija/o, con demasiada frecuencia se aplica, aún sin nombrarlo, el famoso falso Síndrome de Alienación Parental o cualquiera de sus derivados en los que subyace la idea de la alienación parental o la madre manipuladora (SAP/AP, en inglés PAS/PA). Este es un constructo perverso, paradigma de “ciencia basura”, que inventó Richard Gardner (1), defensor de la pederastia, para proteger a padres abusadores y maltratadores. Siendo científicamente denostado, las diversas reformulaciones de esa receta originaria de los Estados Unidos de América son importadas en todo el mundo occidental, con efectos nefastos para las víctimas (2).

Esta falsedad, enseñada en facultades, másteres profesionalizantes y cursos de toda índole, se basa en un enfoque familista que conduce a proteger el vínculo biológico filioparental por encima de toda las cosas. Atribuye la causa del rechazo de un niño o niña a su padre a la supuesta alienación, interferencia o preocupación mórbida de la madre, atribuyendo a ésta la condición de enferma o malvada. Esta presunción sobre la madres en la práctica funciona como si fuese iuris et de iure (3) cuando quie dice lo que hay que hacer con la o el menor es la autoridad judicial, que “diagnostica” alienación, interferencia o como dé en llamarle, y decide no escuchar a la criatura ni, por supuesto, a su madre. La autoridad judicial, sin perspectiva de género y falta de formación especializada en abuso infantil, en lugar de escuchar el testimonio de la presunta víctima en condiciones en que ella pueda emitirlo y valorarlo junto al resto de pruebas, haciendo dejación de su función jurisdiccional cree en el informe pseudocientífico que le han dado, y deja al niño o niña desprotegido en manos de su abusador. 

Para la protección de las víctimas habría que prevenir y sancionar todos los delitos contra la libertad sexual y reeducar a todos los victimarios. Eso requiere, de modo imprescindible, articular y usar de modo sistemático los medios para escuchar a las víctimas en un proceso penal que no se eternice ni las revictimice, en el que se recoja en todos los casos su testimonio con todas las garantías para el investigado, pero también garantías de respeto a los derechos de la víctima.

Debe recogerse su testimonio con premura y como prueba anticipada porque la victimización secundaria, el daño que el sistema provoca a las víctimas tras la denuncia y hasta que finalmente hay sentencia firme en los procesos por delitos contra la libertad sexual, es terrible. Esta prueba preconstituida ya es obligatoria para menores de 14 años o personas con discapacidad necesitadas de especial protección, tal como contempla la reciente Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia (Disposición final primera, que modifica la LECrim, art. 449 ter). En ningún otro tipo de delito es tan fuerte la culpabilización de las víctimas y tienen tanto peso las presiones para que desista y los prejuicios para exculpar al victimario; en ninguno se denigra tanto a la víctima, se minimiza tanto o invisibiliza por completo el daño, y la curación no es posible hasta que acaba el proceso y la víctima se siente segura. 

La víctima debería poder sanar y poder pasar página cuanto antes y el perpetrador tendría que reaprender que el ser a quien violentó es tan ser humano como él y merece respeto. Los menos de los delincuentes sexuales son psicópatas no reeducables, los más son “hijos sanos del patriarcado” que hasta ahora utilizan un poder que saben que la sociedad les otorga (y tantas veces justifica o disculpa). Hay que quitarles ese poder abusador y ellos deben asumir su responsabilidad, reconociendo el daño que causan y aprendiendo otros modelos de comportamiento basados en el respeto y la igualdad.


NOTAS:

(1) CREUS URETA, Mónica Laura (2007). Un perverso y su estafa (Buenos Aires, Abuso Sexual Infantil No, Campaña A.S.I. NO). Disponible online en: https://www.xing.com/communities/posts/un-perverso-y-su-estafa-richard-gardner-y-el-sap-1002433176

(2) Véanse las publicaciones recogidas en la Guía de recursos online: Referencias sobre Maltrato, Abuso Sexual Infantil y SAP/AP, en https://docs.google.com/document/d/1kAy7j0cwkLrdH-riOkkn3Z70Egt5uloIai4YatzegM8/edit

(3) La presunción “iuris et de iure” puede definirse como aquella operación lógica por la que se tiene por acreditado un hecho desconocido a partir de otro sobre cuya existencia no existe duda, por su reconocimiento o prueba, que no admite prueba en contrario.

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