Por Mª Cruz Tornay
Desde hace semanas se están celebrando negociaciones entre el Gobierno de Colombia y los representantes de las FARC-EP. El último punto de la agenda, “Víctimas y verdad”, prevé la creación de una comisión de la verdad para el resarcimiento de las víctimas del conflicto. El punto de reparación se torna aún más difícil, especialmente si se trata de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, una situación que en Colombia ha quedado marcada por la impunidad de los agresores
Colombia, Bogotá – La Habana acoge desde hace semanas la última ronda de negociaciones entre el Gobierno de Colombia y los representantes de las FARC-EP con el objetivo de poner fin a cincuenta años de conflicto armado. La mesa de diálogo se apoya en cinco puntos clave que constituyen los grandes ejes sobre los que deberá construirse la paz.
El último punto de la agenda, que se ha dado a llamar “Víctimas y verdad”, prevé la creación de una comisión de la verdad con la que se pretende lograr el resarcimiento de las víctimas del conflicto. Aunque la agenda completa es de gran complejidad, el punto de reparación se torna aún más difícil, especialmente si se trata de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, una situación que en Colombia ha quedado marcada por la impunidad de los agresores.
Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Colombia existen cerca de cuatro millones de desplazados internos, lo que lo convierte en uno de los países del mundo con mayor población desplazada. Organizaciones como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) elevan esta cifra a cinco millones de desplazados desde los años 80 como consecuencia del conflicto.
En lo que sí coinciden las cifras es en que la mayor parte de la población que abandona su territorio pertenece a zonas rurales en las que predominan las comunidades afrodescendientes e indígenas, que en sí mismas son identificadas como los grupos más vulnerables a la violencia, pero cuya situación se agrava si se tiene en cuenta que el 80 por ciento de las personas desplazadas son mujeres, niñas y niños.
La defensora delegada para los derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer de Colombia, Pilar Rueda, explica cómo el desplazamiento forzado genera condiciones de vulnerabilidad muy graves para estas mujeres, ya que se convierte en “puerta de entrada” a las demás violencias.
A pesar de las amenazas que agravan la situación de desplazamiento, desde la Defensoría del Pueblo se alerta de que ésta no es la única circunstancia en la que las mujeres son víctimas de violencia o de abuso sexual. Las niñas y adolescentes víctimas no son necesariamente desplazadas, sino que muchas de ellas son indígenas y afrodescendientes víctimas de trata y violencia sexual “en zonas altamente militarizadas” por cualquiera de los agentes que participa en el conflicto. Según la delegada defensora, el conflicto armado genera “una mayor sofisticación” de las prácticas de violencia que ya enfrentan mujeres, niñas y jóvenes en cualquier contexto.
Según los datos del Instituto de Medicina Legal, las principales víctimas de violencia sexual en Colombia son niñas de entre 7 y 14 años, si bien las circunstancias que caracterizan a la violencia en el país impiden determinar con exactitud el número de agresiones. Sólo en 2011 hubo 23.000 dictámenes sexológicos en todo el país de los que se desconoce cuántos se habían cometido en el marco del conflicto armado. “Si eso es en el país, qué ocurre en las zonas armadas donde la arbitrariedad y el abuso por los agentes armados es frecuente”, apunta la delegada defensora.
En áreas militarizadas existen zonas con “sobre población masculina” donde hombres “solos y armados” conviven con población tradicionalmente discriminada, como la indígena o afrodescendiente. En estos contextos se combinan factores de riesgo para las mujeres y niñas: comunidades alejadas de difícil acceso, racismo y una población indígena de mujeres y niñas mínima frente a la población masculina.
AUSENCIA DE DENUNCIAS E IMPUNIDAD
Las características que determinan la violencia sexual en Colombia son claves para entender la dimensión y gravedad que alcanza este problema en el país y para el que no existen cifras ni caracterización. Precisamente, la falta de información, la ausencia de denuncias y el subregistro son algunas de las situaciones habituales que rodean a la violencia sexual y que impiden conocer en profundidad y de forma detallada una lacra que afecta a miles de mujeres y niñas.
El subregistro de la violencia en Colombia llega a tal punto que la Defensoría de la Mujer estima que sólo son denunciados 20 de cada 100 delitos cometidos en el país. La ausencia de denuncias y las malas prácticas en los centros de recepción son algunas de las causas que originan la falta de información y la impunidad de los agresores, lo que, a su vez, desanima a las víctimas a denunciar. La corrupción y las relaciones entre la institución y grupos armados permiten que, en ocasiones, la denuncia llegue hasta el propio agresor y comience la revictimización de la mujer agredida.
La “profunda subvaloración” de este tipo de delitos, como así lo califica la defensora delegada, se esconde detrás de la impunidad de la que gozan los victimarios y que estos crímenes se sigan cometiendo mientras no se realice un trabajo por superar la impunidad. En este sentido, prácticamente no existen sentencias para víctimas de violencia sexual en conflicto armado en Colombia. Según apuntan desde la Defensoría, sólo se ha dado el caso de un teniente condenando por violar y asesinar a una niña y a sus hermanos menores. El caso se tramitó por justicia ordinaria y pudo llevarse a cabo la investigación y persecución porque se encontraron los cuerpos de los menores. Diez días antes de que se cometieran los asesinatos, una niña había denunciado a este mismo teniente por violación.
La subvaloración histórica de los delitos contra las mujeres penetra en las mismas instituciones que deben velar por poner fin a la impunidad. En el caso del sector judicial, los atentados contra la libertad sexual todavía no son tenidos en cuenta como delitos graves.
A pesar de que el país cuenta con una normativa dirigida a erradicar la violencia machista, la última reforma del sistema penal estableció la rebaja de la pena por confesión del delito, principio que no se aplica en los casos de violencia sexual. Estos casos requieren la apertura de un proceso de investigación que en ocasiones no se logra iniciar por la ausencia de prueba pericial que verifique la presencia de restos biológicos. Hay casos es los que los abusos cometidos son tan graves que no es posible hallar sustancias que determinen la carga de la prueba física. En contra de lo previsto en el Estatuto de Roma sobre abusos en conflicto armado, los operadores judiciales en Colombia no suelen tener en cuenta ni dan credibilidad al testimonio de las víctimas, lo que suele implicar el cierre de la investigación.
Con todo, antes de que los delitos lleguen a los tribunales existen una serie de obstáculos que impiden que muchos de los actos de violencia sexual puedan resolverse judicialmente y se logre acabar con la impunidad. En el caso de violencia sexual en el marco del conflicto armado, se han identificado dificultades para las mujeres en el acceso a los servicios de salud, como el hecho de que la violencia sexual no sea tenida en cuenta como una urgencia. Igualmente, las mujeres sufren de forma habitual la revictimización en hospitales, donde no siempre es fácil aplicar la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de ser un derecho.
En los sectores judicial y de salud se identifican los obstáculos más graves para las mujeres en el proceso de denuncia y asistencia, hasta tal punto, que, en ocasiones, el primer filtro que tiene que superar la víctima es el que realiza el conserje del propio centro. En la Defensoría constan casos de mujeres agredidas a las que se les ha mandado que fueran a su casa a asearse antes de pasar consulta.
VIOLENCIA DE LIDERESAS
La contextualización de la violencia sexual en zonas de conflicto implica la crueldad y el ensañamiento como un ejercicio de poder característico en este tipo de delitos que en Colombia se tipifica como violencia intrafamiliar, lo que resta gravedad a la importancia de los hechos.
En el caso de agresiones a mujeres que gozan de reconocimiento, se observa de forma particular el ensañamiento y la humillación como medio para debilitar su liderazgo. Aunque todavía no se han identificado a los culpables por la lentitud de las investigaciones, del testimonio de las víctimas se evidencia que es su influencia y credibilidad en el ámbito en el que se desarrollan lo que las convierte en enemigas para los agresores.