El dinero de la igualdad entra en campaña. El Partido Popular propone que el Ministerio de Igualdad deje de existir como ministerio propio. Pero antes de discutir si sobra un ministerio hay una pregunta más incómoda, que interpela también al Gobierno que lo creó: ¿sabe el Estado si el dinero que presupuesta para las mujeres llega a las mujeres? Hemos revisado los presupuestos partida a partida. La respuesta corta: en las políticas pensadas para ellas, pocas veces.
Por Eva Reina Giménez*
En la primera entrega de este especial, en coproducción entre Feminicidio.net y nuestro pódcast, Casandra News, Graciela Atencio se preguntaba si sobra un Ministerio de Igualdad en un país donde una de cada cuatro mujeres ha sufrido violencia física o sexual a lo largo de su vida (Atencio, 2026). En esta segunda entrega seguimos el rastro del dinero. Porque un presupuesto no es un documento técnico: es la lista de prioridades de un Estado escrita en euros.
El 23 de octubre, en una entrevista en Hoy por Hoy, de la Cadena SER, Alberto Núñez Feijóo anunció que, si gobierna, Igualdad no seguirá siendo un ministerio propio: “Lo voy a meter dentro de otros ministerios. Yo no voy a mantener 22 ministerios” (Riveiro, 2026). Lo recoge también su programa para el 29N (Reguero Ríos, 2026). Es una propuesta que se presenta como ahorro y como eficacia. Para valorarla hace falta saber cuánto cuesta ese ministerio, en qué se gasta su dinero y qué sabemos de sus resultados. Ninguna de las tres tiene una respuesta cómoda, tampoco para quien hoy gobierna.
Un euro de cada mil
En 2023, de cada mil euros que gastó el Estado, sin contar la deuda ni los fondos europeos, al Ministerio de Igualdad le llegó un euro con veintiún céntimos. En 2021 era un euro con cinco. Según nuestros cálculos a partir de los Presupuestos Generales del Estado, el ministerio creció en esos años más deprisa que el resto del presupuesto. Pero sigue siendo poco más de un euro de cada mil.
En cifras absolutas, su presupuesto para 2023 fue de 573 millones de euros con los fondos europeos y 514 sin ellos (Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2022a). Más de la mitad, 319 millones contando los fondos europeos, se destinaba a la lucha contra la violencia machista. No es el ministerio con menos dinero del Gobierno —el de Juventud e Infancia, por ejemplo, tiene menos—, pero está entre los más pequeños. Quien pretenda ahorrar suprimiéndolo encontrará muy poco que ahorrar.
Y desde 2023 está congelado. Los presupuestos de ese año se han prorrogado tres veces: rigieron en 2024, en 2025 y siguen rigiendo en 2026. Sin fondos europeos, Igualdad tuvo 511 millones en 2024 y exactamente los mismos en 2025. Entre enero y agosto de 2026, el Gobierno ha movido 81.000 millones con modificaciones de crédito; el Ministerio de Defensa recibió más de 10.000 millones adicionales y el de Igualdad terminó con saldo negativo (Intervención General de la Administración del Estado [IGAE], 2026). La igualdad no está en la lista de lo urgente.
Tres años sin mirar
Cada vez que el Gobierno presenta unos presupuestos, la ley le obliga a acompañarlos de un informe de impacto de género que analice si cada programa de gasto ayudará a reducir las desigualdades entre mujeres y hombres. El último se hizo en 2022, para los presupuestos de 2023 (Ministerio de Hacienda y Función Pública y Ministerio de Igualdad, 2022a). Como no ha vuelto a presentarse un proyecto de presupuestos —en junio de 2026 el Gobierno renunció a presentar los de este año (“Pedro Sánchez renuncia oficialmente”, 2026)—, no ha vuelto a hacerse el informe. España lleva tres años gastando sin evaluar el impacto de género de sus cuentas.
Y aquel informe tenía límites de origen. Mide intenciones, no resultados: pregunta si un programa tendrá un efecto positivo, no si lo ha tenido. No obliga a corregir nada: cuando detecta un programa que no ayuda a la igualdad, se limita a sugerir que se revise. Es un espejo que el Gobierno se pone delante una vez y que luego guarda en un cajón.
Hay un detalle más. Aunque no haya habido presupuestos nuevos, Hacienda ha seguido pidiendo cada año a los ministerios las fichas con las que se elabora ese informe: qué objetivos de igualdad tiene cada programa y si sus indicadores están desagregados por sexo. Si se han rellenado, nadie las ha publicado. La evaluación se hace, quizá, pero a puerta cerrada.
Diecinueve partidas, dieciséis a ciegas
Para responder a la pregunta de este artículo hemos tomado las quince brechas de género que medimos en el bloque de desigualdad de este especial —pobreza, vivienda, salarios, cuidados, pensiones, empleo, salud y brecha digital, entre otras— y hemos buscado, una por una, qué dinero del Estado las combate. Hemos encontrado 35 partidas estatales. Puedes consultarlas todas en la tabla del final de este artículo y, con sus fuentes, en el Excel descargable. Diecinueve están pensadas para la igualdad: las diseñó el propio Gobierno para cerrar una brecha de género o para financiar solo a mujeres. Las otras dieciséis son prestaciones generales que también reducen brechas, como las pensiones o el Ingreso Mínimo Vital.
De las diecinueve partidas pensadas para la igualdad, dieciséis no publican datos completos de cuántas mujeres y cuántos hombres reciben el dinero. Dieciséis de diecinueve. Se diseñaron para las mujeres, pero el Estado no sabe —o no dice— si les llegan.

El caso más claro es el Plan Corresponsables, que financia servicios de cuidado para familias con hijas e hijos: 190 millones al año (Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2022a). El Gobierno asegura que lo evalúa con cuatro indicadores desagregados por sexo: familias beneficiarias, colectivos priorizados, personas trabajadoras de las bolsas de cuidado y personas acreditadas (Ministerio de Hacienda y Función Pública y Ministerio de Igualdad, 2022b, pp. 470-471). No ha publicado ninguno. No es una excepción: hemos encontrado al menos siete partidas en las que el Gobierno declara indicadores por sexo que no aparecen en ninguna estadística pública.
A veces el indicador existe pero mira hacia otro lado. El Gobierno dice que las plazas públicas de cero a tres años son la pieza esencial para que las madres no abandonen el empleo. Y las mide por sexo, sí: por el sexo de los bebés que ocupan las plazas. No por el empleo de sus madres, que es lo que dice querer proteger.
Una advertencia de método, para quien quiera comprobarlo: solo hemos contado como “datos por sexo” las estadísticas oficiales publicadas. Una nota de prensa o una estimación no bastan. Y hemos asignado cada partida a una sola brecha, la principal, para no contar dos veces el mismo dinero.
Los datos están donde no se buscaba la igualdad
La paradoja aparece cuando se mira el otro grupo. Las grandes prestaciones de la Seguridad Social sí publican datos por sexo, y gracias a ellas sabemos que el 68 % de las personas titulares del Ingreso Mínimo Vital, las que lo cobran en nombre de su hogar, son mujeres (Instituto Nacional de la Seguridad Social, 2026a), que seis de cada diez personas con prestación por dependencia también lo son (Instituto de Mayores y Servicios Sociales [Imserso], 2026) y que dos de cada tres pensiones con complemento a mínimos, el complemento que sube las pensiones más bajas, las cobran mujeres (Instituto Nacional de la Seguridad Social, 2026b). Esos datos son la radiografía de una desigualdad de partida: las mujeres llegan más pobres a la vejez porque cotizaron menos, cobraron menos y cuidaron más.
Por eso, si se cuenta en dinero y no en partidas, el panorama se invierte: de los casi 28.000 millones que gastaron en 2025 las 35 partidas, el 89 % sí tiene datos por sexo. Contamos los complementos de las pensiones, no las pensiones enteras. Pero casi todo ese dinero está en seis grandes prestaciones que no se diseñaron como políticas de igualdad. Los datos por sexo existen justo donde no se buscaba la igualdad, y faltan justo donde se buscaba.

Tampoco todas las partidas generales se miden por sexo. Ninguna ayuda estatal a la vivienda tiene datos por sexo publicados: ni el Plan Estatal de Vivienda, con 359 millones, ni el Bono Alquiler Joven, con 200. Tampoco el bono social térmico. Y el bono social de la luz ni siquiera está en el presupuesto: por ley lo pagan las compañías eléctricas.
Igualdad sin cifra
Hay políticas de igualdad que existen en los papeles pero no tienen dinero propio. Ocho de las diecinueve partidas pensadas para la igualdad no tienen una cifra en el presupuesto: el dinero va mezclado dentro de programas más grandes y es imposible separarlo.
Le pasa a la principal medida de igualdad del sistema de pensiones, el complemento para reducir la brecha de género. El Gobierno dice que seguirá en vigor mientras la brecha de las pensiones supere el 5 %, pero no tiene partida ni indicador propios. También les pasa a las campañas de la Inspección de Trabajo contra la discriminación salarial: en 2024, la Inspección hizo 11.576 actuaciones en materia de igualdad, 1.162 de ellas por discriminación salarial, un 28 % más que el año anterior. Las infracciones en igualdad, en cambio, bajaron de 1.807 a 772 (Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 2025, pp. 60 y 87). Y el dato con el que el Gobierno dice evaluar estas campañas, cuántas personas sufrieron discriminación por razón de sexo, no se publica. Tampoco sabemos cuánto dinero se les dedica.
Los programas pequeños del Instituto de las Mujeres tienen el problema contrario: sí tienen cifra, pero se les pierde el rastro. Son a veces las únicas partidas estatales con nombre propio en su ámbito: algo más de un millón de euros para fomentar la igualdad en la universidad, que se transfiere a las comunidades autónomas, o 255.000 euros para la salud sexual y reproductiva de las mujeres, repartidos entre seis entidades. De ninguno sabemos cuánto se gastó ni a cuántas mujeres llegó, porque el Instituto es un organismo autónomo y su gasto no se detalla en la ejecución mensual del Estado.
En otras brechas, el Estado ni siquiera pone una partida. Frente a las deudas que empobrecen a las mujeres solo hay leyes. Y frente al sesgo de los algoritmos, la ley se limita a decir que las administraciones “favorecerán” mecanismos para reducir sesgos en los algoritmos que ellas mismas usan, “siempre que sea factible técnicamente”. A las empresas, que son las que deciden quién recibe un crédito o quién pasa un proceso de selección, solo les pide que promuevan una inteligencia artificial ética (Ley 15/2022, art. 23). Ni dinero ni obligación.
Presupuestado, pero no gastado
Presupuestar no es gastar. Cinco de las partidas pensadas para la igualdad no gastaron ni un euro en 2025. Treinta millones para formación digital de personas desempleadas con el objetivo expreso de reducir la brecha de género: cero. Once millones del programa Empleo Mujer: cero. Doce millones en préstamos para empresas tecnológicas lideradas por mujeres: cero. Cinco millones para formar a más mujeres especialistas en tecnología: cero. Y un millón para formación en conciliación y corresponsabilidad, que incluía la única partida estatal que hemos encontrado para trabajar ese tema con los hombres: cero.

Casi todos esos programas se financiaban con fondos europeos, que son temporales. Cuando el dinero de Bruselas se acaba, la política de igualdad se apaga y nadie la sustituye. Otras partidas sí gastan, pero poco. Fuera del grupo de igualdad, las plazas públicas de cero a tres años, que el Gobierno presenta como clave para que las madres no dejen el empleo, tenían 136 millones y en 2025 gastaron cuatro. Un 3 %.
La ayuda que no se ve
Hay una forma de gastar que no aparece en ningún programa: dejar de cobrar impuestos. La deducción por maternidad del IRPF, que pueden aplicarse las madres con hijos menores de tres años que trabajan o cobran el paro (Ley 35/2006, art. 81), cuesta al Estado 953 millones al año (Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2022c). Es casi cuatro veces lo que suman las once partidas pensadas para la igualdad que tienen cifra: 257 millones. Es una de las mayores ayudas del Estado a las madres, y no figura como gasto en ningún programa ni pasa por ningún informe de impacto de género.
La propia memoria de Hacienda cuenta cómo funciona: en 2021, más de 427.000 madres pidieron cobrar esa deducción por adelantado, cien euros al mes. Es una ayuda que llega a las mujeres por definición, pero también una ayuda que solo reciben ellas por cuidar, y que ningún análisis oficial mira desde el reparto de los cuidados: el informe de impacto de género de 2023 ni siquiera la menciona (Ministerio de Hacienda y Función Pública y Ministerio de Igualdad, 2022a).
Y hay dinero que parece del Estado y no lo es. En dependencia —cuidado que hacen, sobre todo, mujeres— el Estado pone algo más de uno de cada cuatro euros, el 27 %; las comunidades autónomas, el resto (Imserso, s. f.). La igualdad, en buena parte, se paga en otro sitio.
Cuarenta y cuatro euros para Defensa por cada euro contra la violencia machista
Un presupuesto es una lista de prioridades, y la forma más clara de leerla es comparar. En los presupuestos de 2023, el Ministerio de Defensa tenía 14.058 millones de euros (Ministerio de Hacienda y Función Pública, 2022b); el Ministerio de Igualdad dedicaba a la violencia machista 319 millones. Por cada euro contra la violencia machista, 44 para Defensa.
Con la prórroga, la distancia ha crecido. Para verlo hay que mirar la parte del Estado, la única cuya ejecución se publica en detalle: en 2023 eran 49 euros para Defensa por cada euro del programa contra la violencia machista. En 2025, Defensa gastó un 44 % más de lo previsto; ese programa, un 13 % más (IGAE, 2025). Con lo gastado, la proporción es de 63 a uno. Y con la cifra de gasto militar que España comunicó a la OTAN para 2023, que incluye partidas de otros ministerios, es de 55 a uno (North Atlantic Treaty Organization, 2025).

Hay que decirlo para ser justas: buena parte de la atención a las víctimas la pagan las comunidades autónomas, y ese dinero no está en estas cuentas. Pero el gasto estatal es el que decide el Gobierno de turno, y el que se decide en las urnas el 29 de noviembre.
Lo que no se mide no existe
Ninguno de estos datos es secreto. Están en los presupuestos, en la ejecución que publica Hacienda y en las estadísticas de la Seguridad Social. Lo que no está es lo que debería estar: cuántas mujeres reciben el dinero que se presupuesta en su nombre.
El resultado es un Estado que dedica a la igualdad algo más de un euro de cada mil, lleva tres años sin evaluar su impacto de género, presupuesta políticas para mujeres que luego no gasta y declara indicadores por sexo que no publica. Diecinueve partidas pensadas para la igualdad: dieciséis que no dicen a cuántas mujeres llegan, ocho sin dinero propio y cinco que no gastaron nada en 2025. Juntas, las que tienen cifra no gastaron ni el 1 % de esos 28.000 millones.
Quien proponga suprimir el Ministerio de Igualdad tendrá que explicar qué hará con ese euro de cada mil y quién se encargará de que llegue a las mujeres. Y quien defienda el ministerio tendrá que explicar por qué, después de tres años con las mismas cuentas, el Estado todavía no sabe si llega.
Las 35 partidas revisadas


Escucha en Casandra News la segunda entrega de este reportaje de investigación de Eva Reina Giménez.
* Eva Reina Giménez es Diplomada en Trabajo Social, Licenciada en Sociología, Licenciada en Antropología Social y Cultural, y Doctora en Ciencias Sociales. Es profesora asociada en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia desde 2010. Cuenta con diversas publicaciones científicas sobre violencia de género en la adolescencia, incluyendo el libro Jóvenes infractoras.
Referencias
- Atencio, G. (2026, 13 de noviembre). Especial Elecciones Generales 29N: ¿Sobra un Ministerio de Igualdad? Geoviolencia Sexual, Feminicidio.net. https://geoviolenciasexual.com/especial-elecciones-generales-29n-sobra-un-ministerio-de-igualdad/
- Instituto de Mayores y Servicios Sociales. (s. f.). Evolución de la financiación de la dependencia 2024-2025. Consultado el 14 de noviembre de 2026. https://imserso.es/documents/d/global/inf_evol_2024_2025
- Instituto de Mayores y Servicios Sociales. (2026). Información estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia: Situación a 30 de septiembre de 2026. Consultado el 30 de octubre de 2026. https://imserso.es/
- Instituto Nacional de la Seguridad Social. (2026a). Datos de la nómina de diciembre 2025, según comunidad autónoma y provincia [Conjunto de datos]. Seguridad Social. Consultado el 30 de octubre de 2026. https://www.seg-social.es/
- Instituto Nacional de la Seguridad Social. (2026b). Pensiones contributivas del Sistema de la Seguridad Social en vigor a 1 de septiembre de 2026: Pensiones con complemento a mínimos [Conjunto de datos]. Seguridad Social. Consultado el 30 de octubre de 2026. https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/EstadisticasPresupuestosEstudios/Estadisticas/EST23/EST24
- Intervención General de la Administración del Estado. (2025). Estadísticas de ejecución del presupuesto: Diciembre 2025 (provisional). Ministerio de Hacienda. https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Contabilidad/ContabilidadPublica/CPE/EjecucionPresupuestaria/Documents/MENSUAL%2012-25.pdf
- Intervención General de la Administración del Estado. (2026). Estadísticas de ejecución del presupuesto: Agosto 2026. Ministerio de Hacienda. https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es-ES/Contabilidad/ContabilidadPublica/CPE/EjecucionPresupuestaria/Documents/MENSUAL%2008-26.pdf
- Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Boletín Oficial del Estado, 167, de 13 de julio de 2022. https://www.boe.es/eli/es/l/2022/07/12/15
- Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. Boletín Oficial del Estado, 285, de 29 de noviembre de 2006. https://www.boe.es/eli/es/l/2006/11/28/35/con
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- Ministerio de Hacienda y Función Pública. (2022b). Presupuestos Generales del Estado 2023: Presupuesto por programas y memoria de objetivos. Tomo IV (Sección 14). https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2023Ley/MaestroTomos/PGE-ROM/doc/L_23_E_G4.PDF
- Ministerio de Hacienda y Función Pública. (2022c). Memoria de beneficios fiscales: Proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2023. https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2023Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-ROM/doc/3/2/8/N_23_A_A_1B_C12_1.PDF
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- North Atlantic Treaty Organization. (2025). Defence expenditure of NATO countries (2014-2025). https://nato.int/content/dam/nato/webready/documents/finance/def-exp-2025-en.pdf
- Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. (2025). Informe anual 2024. https://oeitss.gob.es/content/dam/oeitss/documentos/2-0-sobre-la-itss/2-3-b-nuestra-actividad/Informe%20Anual%202024.pdf
- Pedro Sánchez renuncia oficialmente a los Presupuestos de 2026 e inicia la preparación de las Cuentas de 2027. (2026, 3 de junio). El Español. https://www.elespanol.com/invertia/economia/macroeconomia/20260603/pedro-sanchez-renuncia-oficialmente-presupuestos-anuncia-preparacion-cuentas/1003744272208_0.html
- Reguero Ríos, P. (2026, 23 de octubre). Cerrar el Ministerio de Igualdad y paso atrás en el derecho al aborto, el programa de Feijóo para el 29N. El Salto. https://elsaltodiario.com/elecciones/cerrar-ministerio-igualdad-paso-atras-derecho-al-aborto-programa-feijoo-29n
- Riveiro, A. (2026, 23 de octubre). Feijóo reabre el debate sobre el aborto, eliminará el Ministerio de Igualdad y estudiará “la viabilidad” de las pensiones. es. https://www.eldiario.es/politica/feijoo-reabre-debate-aborto-eliminara-ministerio-igualdad-estudiara-viabilidad-pensiones_1_13608554.html