“Un billete no te hace menos agresor sexual”, afirma Amelia Tiganus, autora de La revuelta de las putas y una de las nueve supervivientes de la prostitución en todo el mundo que se han dado cita en Madrid para hacer un llamamiento por su abolición en España. Las políticas acerca de esta cuestión fundamental de derechos humanos de las mujeres se encuentran en un momento clave en nuestro país. El encuentro se produce ocho días después de la admisión por el Congreso de una propuesta de ley del grupo socialista, apoyada por los populares y parte de Unidas Podemos, para ampliar la persecución al proxenetismo, sancionar a los prostituidores y dar consideración de víctimas a las prostituidas.
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Lo más bochornoso fue el desparpajo con el que varias de sus señorías, la tarde del miércoles pasado, en la Comisión de Igualdad que emitió dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, defendieron lo mismo que pide el lobby proxeneta: la impunidad del proxenetismo y de los compradores de sexo. Esto en el patriarcado capitalista implica la legalización de la industria de la explotación sexual en todas sus dimensiones económicas.
La Coalición para la Abolición de la Prostitución, que reúne a 35 asociaciones abolicionistas en 27 países, apoya con fuerza la enmienda 184 a la Ley Orgánica de garantía integral de libertad sexual actualmente en debate en el Congreso de los Diputados de España, que propone penalizar «a quien se lucre promover, favorecer o facilitar la prostitución» en el Código Penal.
