Por Bárbara Tardón.
A raíz del feminicidio cometido la semana pasada en Vitoria, de una niña de 17 meses que fue agredida sexualmente antes de ser arrojada por la ventana, la autora de este artículo se pregunta: “¿Qué está sucediendo en nuestro país para que aún, a día de hoy, 40 años después desde del fin de la dictadura franquista, ningún gobierno haya sido capaz de elaborar una sola política pública integral dirigida a luchar contra la violencia sexual en todas sus manifestaciones?”
España, Madrid – En 1973 Susan Brownmiller[1]escribía uno de los ensayos sobre violencia sexual más importantes en la historia teórica del feminismo, un amplio tratado que enfrentaba la realidad de lo que Brownmiller no dudó en calificar “la forma más brutal de agresión a la mujer”, la violación.
Con todos los matices que podríamos añadir a su escrito 43 años después desde la teoría y práctica desarrollada por los movimientos feministas en todos los lugares de nuestro planeta, hay algo que sin embargo, es tan actual como lo que Brownmiller se atrevió a denunciar, un tabú que en nuestro país sigue escondido en la remota oscuridad del infierno patriarcal: la violencia sexual.
La sensación de que la semántica que gira en torno a la expresión “violencia de género” ha permitido fagocitar la especificidad de las violencias patriarcales, ha supuesto que la violencia sexual haya pasado a un segundo plano en las demandas que las organizaciones y el movimiento feminista tiene la obligación de reclamar en primera línea. Por eso, el 7N ha dado un paso trascendental. ¡Ojo! Nos matan, nos agreden y también nos violan.
A pesar de todo, la oportunidad sigue siendo perfecta para que los Estados evadan su responsabilidad en la lucha contra la violencia sexual y focalicen sus acciones casi en exclusividad: España es un ejemplo, con un presupuesto del 0,001% del total de los PGE[2], en la intervención con víctimas y supervivientes de la violencia machista en el entorno íntimo. Incluso, ahí, la violencia sexual sigue siendo un “innombrable”.
Hemos conseguido, al menos teóricamente (aún falta mucho por hacer en el ámbito jurídico), que se identifique la violencia psicológica, pero parece como si aún tuviéramos miedo a entender que en la relación cotidiana diaria, se viola. Que padres, hermanos, amigos y compañeros violan, agreden y abusan sexualmente de las niñas, de los niños y de las mujeres.
La noticia del abusador sexual, violador y asesino de la pequeña Alicia, nos han llenado de rabia e indignación, quizá porque nos traslada al “mal” extremo, a aquello que la filósofa feminista Claudia Card denomina como “el paradigma del mal” [3] y que perfectamente podemos imaginar como todas aquellas violencias sexuales que nos acompañan a las mujeres desde nuestra nacimiento.
Ante este escenario, conscientes de que la violencia sexual es seguramente uno de los “males” más temidos al que nos enfrentamos como mujeres, ¿qué está sucediendo en nuestro país para que aún, a día de hoy, 40 años después desde del fin de la dictadura franquista, ningún gobierno haya sido capaz de elaborar una sola política pública integral dirigida a luchar contra la violencia sexual en todas sus manifestaciones?
La pequeña Alicia, asesinada brutalmente la semana pasada en Vitoria, es uno de los escasísimos casos que conocemos, de los pocos sucesos que trascienden desde lo privado a público, aún con titulares tan corrompidos como aquellos que siguen sin nombrar la magnitud de lo que el abusador estaba haciendo con la niña cuando fue sorprendida por su madre, obviando información que el periodismo tiene el deber de transmitir y que no tiene que ver, precisamente, con que exista o no penetración. Otro de los grandes mitos a desmontar sobre la violencia sexual que acompañan a la historia del patriarcado: sólo hay violencia sexual si hay penetración.
Alicia podría ser uno de los cientos de miles de casos que las profesionales de la intervención social (educadoras, psicólogas, trabajadoras sociales, pedagogas, abogadas, etc.) ven cada día en los recursos ahogados por los recortes económicos de los últimos años, bueno, de los 40 últimos años. Compañeras, que también salvan vidas, maltratadas por un Estado y una administración que las mantiene en la indecencia de empleabilidad, con sueldos tan indignos como aquellos responsables que propician sus condiciones labores. Expertas que salvan las vidas de aquellas mujeres, niñas y niños que conviven de por vida con la duda, la culpa y el daño de no entender por qué un padre, una hermano, un novio, tu jefe, compañero o “un rollo” de una noche, ha abusado sexualmente de ti.
El laberinto que encaran todas las víctimas de violencia sexual, se alimenta de la irresponsabilidad de un Estado, el español, que lejos de implementar los tratados internacionales en materia de lucha contra la violencia sexual, ignora sistemáticamente las resoluciones internacionales o los estándares[4] que establecen irrebatibles obviedades que el Estado y sus gobiernos tienen la obligación de cumplir y que sin embargo, a día de hoy, siguen pasando por alto, como el Convenio de Estambul (2011) o la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (1982).
Educación sexual obligatoria en las escuelas, centros de atención públicos especializados para víctimas y supervivientes de violencia sexual que operen las 24 horas del día los siete días de la semana, informes e investigaciones oficiales sobre la prevalencia de las violencias sexuales, campañas de sensibilización públicas dirigidas a prevenir la violencia sexual, modificación de leyes “regresivas” contrarias al derecho internacional de los derechos humanos[5], que hacen que una mujer migrante no pueda acudir a denunciar a la policía una agresión sexual por miedo a que contra ella se abra un expediente de expulsión[6], y todo un largo listado de “obviedades” que dejan de serlo, desde el momento en el que ninguna de estas medidas a día de hoy, existen.
Porque la descarnada realidad en este país, es que si te violan, si te agreden o si abusan sexualmente de ti, Cerbero te abrirá las puertas del infierno y te acompañará intentando que nunca salgas de él.
Hasta que nuestros gobiernos y Estados no entiendan que la violencia estructural es la aliada que alimenta la violencia sexual, se seguirá dejando en la impunidad a los que la comenten y la sustentan.
[1] Brownmiller, S. Contra nuestra voluntad. Un estudio sobre la forma más brutal de agresión a la mujer: la violación. Barcelona, 1975.
[2] Plataforma Impacto de Género Ya!. Presupuesto del Estado para 2015: a las elecciones con tacones y maquillaje, 2015.
[3] Clad, C. The Atrocity Paradigm. A theory of evil. New York, 2005.
[4] Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 44º periodo de sesiones (20 de julio a 7 de agosto de 2009). Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. España. Doc. de la ONU: CEDAW/C/ESP/CO/e, de 7 de agosto de 2007.
-Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, 61º período de sesiones (24 de julio de 2015): Concluding Observations on the combined seventh and eighth period reports of Spain. CEDAW/C/ESP/CO77-8, de 24 de Julio de 2015.
[5] Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones (RDL); Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita; Ley Orgánica 11/2015, de 21 de septiembre, para reforzar la protección de las menores y mujeres con capacidad modificada judicialmente en la interrupción voluntaria del embarazo.
[6] Amnistía Internacional. España. Informe al Comité sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas. 61º periodo de sesiones, 6-24 Julio, 2015.