25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Madrid, 2020.
  • La violencia contra las mujeres es causa y consecuencia de nuestra opresión como sexo, y es en la violencia sexual donde más profundamente arraiga la ideología patriarcal de sometimiento y control. Esta violencia está en el centro de la política sexual del patriarcado y contra ella se ha rebelado siempre el feminismo con una sólida teoría política que ha conseguido crear la conceptualización necesaria para el cambio social. Uno de los grandes impulsos de la última ola feminista es la lucha contra el silencio y las zonas de impunidad ante la violencia sexual.
  • Se necesitan de manera urgente políticas públicas de calado contra la pandemia de la violencia sexual. Políticas que abarquen desde la sensibilización social a la coeducación, la prevención, la formación, la protección, la atención integral y la reparación a las víctimas. Debemos acelerar los cambios para llegar a la tolerancia cero con la revictimización y la culpabilización de las mujeres y los menores víctimas de los depredadores sexuales.
  • En este país, la violencia sexual sube de forma significativa en la última serie histórica, a pesar de la excepcionalidad estadística del año de la pandemia. En España más de 2.800.000 mujeres ha sufrido violencia sexual a lo largo de su vida. El 99,6% de los agresores son varones.
  • Entre enero y septiembre de 2021, los datos del Ministerio del Interior muestran un incremento del 27% en los delitos contra la libertad sexual sobre el mismo periodo de 2020. En el caso de las violaciones, el incremento es del 30,6%, pasando de 1.226 a 1.601 en los mismos meses. Es decir: en España se registra una media de 6 violaciones al día, lo que significa una violación cada cuatro horas.
  • Hablamos de una violencia que en buena parte permanece oculta, con un porcentaje de denuncia que solo llega al 11%.
  • No hay una, sino muchas manadas. Ante la ausencia de datos oficiales, desde el movimiento feminista hemos documentado al menos 211 agresiones sexuales múltiples desde 2016. De los más de 700 agresores, uno de cada cuatro era menor de edad. La evidente relación de las violaciones en grupo perpetradas por fratrías masculinas con el bombardeo de pornografía a edades cada vez más tempranas exige acciones urgentes.
  • En cuanto a la violencia sexual contra las y los menores, la tendencia al alza de la cibercriminalidad exige también actuaciones decididas. 2020 registró un aumento significativo de la ciberdelincuencia sexual, un 12,4% más que el año anterior. En el 80% de los casos afectó a menores de edad. La mayor parte (el 66%) de las víctimas son de sexo femenino. En la serie histórica, los delitos conocidos en 2020 fueron casi el doble que en 2014.
  • La violencia sexual es en los casos más extremos la tortura previa al feminicidio, son las violaciones y otras agresiones sexuales; es el acoso –también en el trabajo, con consecuencias muy graves para las trabajadoras víctimas–. Es el matrimonio de niñas, la mutilación genital femenina, es la explotación sexual, es la violencia sexual en la infancia: es necesario conocer y estudiar en profundidad las múltiples tipologías de una quiebra sistémica de los derechos humanos, ya sea por la pareja, la familia o desconocidos, en el ámbito público o privado.
Acto del movimiento feminista de Madrid, el 25 de noviembre de 2020.
Acto del movimiento feminista de Madrid, el 25 de noviembre de 2020.
  • España se encuentra en un momento histórico clave para la articulación de las políticas públicas y el desarrollo legislativo de nuestro derecho antidiscriminatorio, como herramienta de prevención, protección y lucha contra la violencia sexual, con leyes recientemente aprobadas (Ley Orgánica de protección a la infancia frente a la violencia), otras en fase de proyecto (Ley de Orgánica de garantía integral de la libertad sexual), reformas en marcha (reforma de la Ley Orgánica de medidas de protección integral contra la violencia de género) o anuncios de una voluntad política para legislar para la abolición del sistema prostitucional. Desde las grandes movilizaciones y campañas feministas desde 2015 hasta 2021, este ciclo reformista no se entendería sin conocer el contexto sociopolítico de los últimos años y la acción del movimiento de las mujeres –en las calles, la academia, las instituciones– para la concienciación social.
  • La sociedad debe exigir el fin de los entornos de impunidad total en los que la violencia sexual está institucionalizada: la prostitución y la pornografía. Si el Parlamento Europeo ya ha votado a favor de definir como eurodelito el terrorismo contra las mujeres, equiparándolo al tráfico de personas, drogas y armas, la ciberdelincuencia y el terrorismo, nuestro ordenamiento jurídico debe definir la prostitución y la pornografía como violencias sexuales y encaminar sus políticas públicas hacia la abolición de esta esclavitud sexual.
  • Solo la definición a todos los efectos legales de prostitución, pornografía y toda explotación sexual y reproductiva de las mujeres como violencia machista blinda la atención integral a las víctimas y nos acerca al principio y objetivo de la igualdad entre los sexos. España necesita una ley orgánica abolicionista del sistema prostitucional, que impulse el marco de la Unión Europea al modelo nórdico y francés.
Proyecto asociado a:Feminicidio.net
Proyecto de:Asociación La Sur
Con la colaboración de:

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