La fiscal Hussnia Bakhtiyari y Anisa Hassani, especialista en salud de las mujeres, refugiadas afganas en España, reclaman apoyo para las mujeres y niñas de su país. Califican de “arresto domiciliario” la realidad de las mujeres en Afganistán, mientras el régimen talibán endurece aún más las leyes del apartheid contra las mujeres, abandonadas por los gobiernos occidentales.
“¿Cuáles son mis derechos? ¿Dónde están los derechos de las mujeres afganas?”, interpela la fiscal Hussnia Bakhtiyari (a la izquierda en la foto), refugiada afgana en España. Con un gran esfuerzo por expresarse en nuestro idioma, como defensora de las mujeres esboza la situación bajo el régimen talibán. “La escuela está cerrada para las mujeres y las niñas. Todas las puertas universitarias están cerradas para ellas. No pueden salir de la ciudad sin un padre, hermano, esposo o hijo. No pueden salir del país sin un hombre. No pueden escapar del matrimonio siendo menores de edad. Es difícil vivir en estas situaciones. Cometen violaciones en grupo contra niñas, jóvenes o mujeres y luego las matan. Ahora las leyes son más crueles todavía”, explica.
La fiscal reclama apoyo para las mujeres y niñas de Afganistán en un encuentro con un pequeño grupo de mujeres feministas en Madrid. La acompaña Anisa Hassani (junto a ella en la imagen), matrona de formación y también refugiada en nuestro país. Hassani se ocupaba de los problemas psicológicos de las mujeres, que se han disparado tras la vuelta al poder de los integristas. “Hoy, las mujeres en Afganistán están condenadas a un arresto domiciliario”. “Esto trae problemas mentales añadidos a las cuestiones sociales y económicas, incluyendo depresiones severas. Se incrementan las autolesiones y los suicidios de forma drástica”, explica. “Otro problema son las violaciones de mujeres y niñas, que ocurren a diario. Las violaciones son actos repugnantes en todo el mundo y en cambio se espera que estas víctimas vuelvan a la normalidad sin más. Violaciones que a veces son perpetradas en grupo”. La sanitaria explica que atendía diariamente a víctimas de violación en su hospital.
Las violaciones ocurren a diario, se incrementan las autolesiones y los suicidios de forma drástica
Del “Black Day” a la ley del silencio
Las refugiadas describen el antes y el después del “Black Day”, el 15 de agosto de 2021, cuando los Estados Unidos de América y sus aliados internacionales –entre ellos, España– abandonaron a las mujeres al retirarse del país y posibilitar un segundo mandato talibán, tal como acordaron en Doha, Qatar, un año antes. La milicia integrista ya había gobernado Afganistán entre 1996 y 2001, aplicando la sharía –o ley islámica– en su forma más violenta. Las escenas de los primeros días, con las mujeres manifestándose con valentía a voz en grito contra lo que las esperaba, han dado paso al endurecimiento legislativo del régimen contra ellas. Tras aquellas semanas de agosto, asociaciones y partidos feministas en España han expresado reiteradamente su protesta, si bien con escasa repercusión.
“Hoy, las mujeres en Afganistán están condenadas a un arresto domiciliario”
Desde entonces, los talibanes han ido escalando en sus prohibiciones a las mujeres, incluyendo: el acceso a la educación, la exclusión casi completa del trabajo fuera del hogar, un estricto código de vestimenta que las cubre de pies a cabeza, salir de casa sin un pariente varón acompañante, asomarse a las ventanas y balcones de sus viviendas, aparecer en fotografías y vídeos, ir a la peluquería o practicar deporte. Hoy, las voces de las mujeres están literalmente vetadas por la ley en el espacio público afgano.
Crimen contra la humanidad
En el último Informe del Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, fechado en mayo de este año, el alto representante analiza lo que califica como “un sistema institucionalizado que discrimina a las mujeres y las niñas, las segrega, atenta contra su dignidad humana y las excluye”. Para el Relator, la subyugación de las mujeres y niñas afganas es un “apartheid de género”, y la situación no hace sino empeorar. Según el documento de Naciones Unidas, los edictos, decretos, declaraciones y órdenes del sistema talibán contra las mujeres constituyen en sí mismos graves denegaciones de los derechos humanos y violaciones del derecho internacional. Los talibanes han prohibido a Richard Bennett la entrada en Afganistán.
Desde España, un grupo de mujeres de la plataforma +Democracia, impulsado por la politóloga Cristina Monge, ha iniciado una petición al Gobierno español: que acuda al Tribunal Penal Internacional para declarar crimen contra la humanidad la vulneración de derechos de las mujeres afganas. “Los responsables de las más de 100 normas y edictos que oprimen a las mujeres y niñas afganas deben ser juzgados y rendir cuentas por sus acciones”, reclaman en una carta pública que ha superado las 11.000 firmas. Desde el Ministerio de Igualdad se han anunciado reuniones para tratar el asunto.
Para el Relator Especial de la ONU, la subyugación de las mujeres y niñas afganas es un “apartheid de género”
El exilio forzado
María López de la Usada, vicepresidenta de la asociación Netwomening, especializada en la ayuda a las mujeres afganas bajo protección internacional en España, explica cómo hay quienes llevan tres años esperando para lograr una cita en las embajadas de países limítrofes, como Pakistán e Irán. Si consiguen permiso para viajar a España, solicitan en nuestro país el asilo.
Según esta ONG, en algunos casos está habiendo denegaciones de traslado a mujeres afganas. Una vez aquí, la situación de las refugiadas tampoco está exenta de dificultades: desde la barrera idiomática, el trauma del exilio forzado, la convalidación de estudios, alquilar una vivienda o conseguir un trabajo. Anisa Hassani finaliza con un anhelo: “Espero que alguna vez las chicas en Afganistán sean libres y puedan perseguir sus sueños”.