Entrevistamos a Alejandra Vera, directora de la Corporación Feminista – Mujer, denuncia y muévete. Esta activista abolicionista denuncia en España las agresiones y las amenazas que está sufriendo (ya van tres) y que además de provenir de las mafias proxenetas, se unen ahora a la del lobby transgenerista que: “me quieren callada por defender los derechos de las mujeres en base a su sexo”.
Por Nuria Coronado Sopeña
La vida de la abogada colombiana Alejandra Vera ha sido la supervivencia al dolor sin paliativos. Una carga que, aunque no tiene palabras para describir, combate como abolicionista, luchando por los derechos de las niñas y mujeres prostituidas y agredidas sexualmente. Se deja la piel en especial por las migrantes que huyen de Venezuela, pasan por la frontera de Colombia y allí son captadas por las redes de trata y prostitución.
Su biografía es sinónimo de dolor, maltrato y violencia sexual. Pero también de la rabia reconstruida con resiliencia y sororidad. Secuestrada con tan solo cuatro años por una persona cercana, fue vendida a una familia venezolana. Su padre la humilló y maltrató de forma brutal. Ella y su familia son víctimas de desplazamiento forzado en el marco del conflicto armado colombiano. “También fui abusada por un funcionario estatal. Todo esto me llevó al activismo, a ser la primera feminista que se atrevió a pararse frente al Palacio de Justicia para exigir por las mujeres y las niñas y quien movilizo las calles de Cúcuta -ciudad colombiana en la frontera con Venezuela- con manifestaciones feministas”, explica en la entrevista online.
Sentenciada por ser feminista
Un hostigamiento que ha ido in crescendo. “Mi organización ha sido de las pocas que ha puesto en la agenda de Colombia la trata y la explotación sexual y reproductiva y todas las aberraciones que traen estas formas de violencia en los cuerpos de las mujeres. He denunciado la brutal realidad de las niñas desplazadas de zonas rurales. Cómo eran asesinadas por sus padres, de las que sus familias permitían que fuesen violadas por grupos ilegales o por sus propios familiares”.
Y por poner voz a las que no la tienen se enfrenta a agresiones físicas, amenazas contra su vida y al arrinconamiento y señalamiento social como tránsfoba. “No puedes imaginar el dolor que significa ver cómo todas las compañeras que se unieron a esta denuncia se han acabado retirando por miedo, así como por el estigma hacía nuestra organización. Nos dicen transfóbicas. Empezamos a reconocernos como abolicionistas en 2018 y desde entonces ha sido todo muy cruel porque decir abolicionista en Colombia es como un delito. Voy a cualquier espacio como invitada especial y la institucionalidad y las organizaciones literalmente se burlan de mí, hacen ruido hace un comentario, se salen del espacio. Es agotador, desalentador”.
Describir el infierno
Y es que esta feminista no hace otra cosa que destapar las mafias que existen en el Norte de Santander, departamento fronterizo de Colombia con Venezuela, donde grupos armados y bandas criminales llevan engañadas a las niñas y las mujeres que huyen de su país, para después ser traficadas y explotadas sexualmente en Colombia. “En este territorio de riesgo ha habido momentos en los que llegaban cada día hasta 60 niñas menores no acompañadas, de entre 9 y 10 años que eran llevadas a lugares donde las encierran y pederastas y puteros de toda clase -militares, funcionarios públicos, empresarios…- las violan. Desde ese punto de Colombia las trafican después a Chile, Perú, Ecuador, España, República Dominicana o México”.
“Ha habido momentos en los que llegaban cada día hasta 60 niñas menores no acompañadas, de entre 9 y 10 años que eran llevadas a lugares donde las encierran y pederastas y puteros de toda clase -militares, funcionarios públicos, empresarios…- las violan”.
Y ante esto Alejandra Vera se siente impotente. “Solo hemos lograda salvar a unas pocas. Hemos rescatado más de 30 niñas en el 2022 y buscado la manera de que vuelvan a los lugares donde están sus redes familiares o encuentren espacios seguros para refugiarse. No sabes cómo duele entregar cuerpos de mujeres y niñas desmembrados a sus familias”, dice muy triste.
Por si esto fuera poco, la abogada expresa su preocupación por la cantidad de niñas y mujeres a las que tras ser traficadas y violadas las dejan embarazadas y son contagiadas con enfermedades de transmisión sexual “porque los puteros no usan preservativos”. Se le saltan las lágrimas al recordar el caso “de una chica de 24 años con tres hijos que fue contagiada con el virus del papiloma y posteriormente se enfermó de cáncer. Ella no tenía otra opción que ser explotada sexualmente. La tenían en un lugar donde la prostituían. Tratamos de poner el caso en conocimiento de las autoridades. Yo digo siempre a las entidades y gobiernos que hay que darle cumplimiento a la recomendación número 38 de la CEDAW pero parece que al gobierno no le interesa proteger a las mujeres migrantes ni a las mujeres desplazadas”.
Y de esta terrible realidad emerge otra aún peor. La de la venta de los bebés. “Llevamos denunciando esto especialmente desde 2021 pero no nos quieren prestar atención por los intereses políticos y económicos que hay detrás. La corrupción de los funcionarios acá y sus vínculos directos con estas mafias para lucrarse con ello hace que las mujeres no tengan garantía alguna y tengan que vender o incluso entregar a sus bebés a estas mafias”, relata.
Bebés robados a la carta de las mafias
Alejandra Vera denuncia que trabaja el norte de Santander, “con mujeres migrantes pobres y desplazadas, en condiciones de discapacidad, que no tienen nada”, las mafias les arrancan y roban literalmente a sus bebés. “Hemos tenido casos de mujeres que por la deuda que tienen de estar viviendo de alquiler entregan a sus bebés. Otras que por 5.000 mil pesos colombianos (200 dólares), los tienen que entregar. Les roban a sus hijos e hijas para revenderlos que es lo más trágico y ellas no pueden hacer absolutamente nada porque si denuncian esta situación, quién va a quedar vinculada a un delito son las mujeres denunciante”, explica.
Una situación que sobrelleva como puede. “Atendemos todos los días las 24 horas. Tenemos un proyecto que se llama “maternidad digna” para las mujeres migrantes. Asistimos a más de cuatro mil mujeres por proyectos que pueden durar para ellas entre seis y nueve meses pues en la mayoría de los casos se trata de niñas de 14 años e incluso más pequeñas. Son niñas que quedaron embarazadas, producto de la explotación sexual”, describe.
Víctimas de mayor o menor edad que tienen en común el mismo argumento: “Los miles de casos que hemos atendido de mujeres explotadas en la prostitución comparten dos palabras: me engañaron. Todas confiesan que fueron engañadas, captadas, encerradas, que les quitaron los documentos de identidad y después sufrieron violaciones a los derechos humanos, una tragedia en sus vidas”.
“Los miles de casos que hemos atendido de mujeres explotadas en la prostitución comparten dos palabras: me engañaron”
“Las feministas que denunciamos todo esto estamos siendo acosadas. Denunciamos que los gobiernos están legislando en favor de la industria de la explotación sexual en entornos digitales, y que están impulsando la idea de que esta violencia sexual se normalice como una forma de supervivencia y de trabajo para las mujeres. Los gobiernos también tienen un interés especial de que la pornografía y prostitución a través de las webcams se conviertan en un trabajo para las mujeres pobres o con vulnerabilidad económica. Alzo mi voz por toda esta situación. Rompo el silencio ante los ataques recibidos porque quieren no solo que las mujeres seamos explotada sexualmente sino también a través de los vientres de alquiler. Ahora, con la complicidad de la ideología trans que está metida en el Ministerio de Justicia, de la mano de varios congresistas van viento en popa la promoción de los vientres de alquiler. La situación de las mujeres en Colombia es muy grave, lejos de una vida libre de violencias machistas”, finaliza.
Un hostigamiento que ha ido in crescendo. “Mi organización ha sido de las pocas que ha puesto en la agenda de Colombia la trata y la explotación sexual y reproductiva y todas las aberraciones que traen estas formas de violencia en los cuerpos de las mujeres. He denunciado la brutal realidad de las niñas desplazadas de zonas rurales. Cómo eran asesinadas por sus padres, de las que sus familias permitían que fuesen violadas por grupos ilegales o por sus propios familiares”.
“Mi organización ha sido de las pocas que ha puesto en la agenda de Colombia la trata y la explotación sexual y reproductiva y todas las aberraciones que traen estas formas de violencia en los cuerpos de las mujeres”.
Y por poner voz a las que no la tienen se enfrenta a agresiones físicas, amenazas contra su vida y al arrinconamiento y señalamiento social como tránsfoba. “No puedes imaginar el dolor que significa ver cómo todas las compañeras que se unieron a esta denuncia se han acabado retirando por miedo, así como por el estigma hacía nuestra organización. Nos dicen transfóbicas. Empezamos a reconocernos como abolicionistas en 2018 y desde entonces ha sido todo muy cruel porque decir abolicionista en Colombia es como un delito. Voy a cualquier espacio como invitada especial y la institucionalidad y las organizaciones literalmente se burlan de mí, hacen ruido hace un comentario, se salen del espacio. Es agotador, desalentador”.