María Fernanda Arboleda (Guapi, Cauca, 1979) es una víctima y también una líder social. Se presenta como víctima de violencia física, sexual, psicológica y de desplazamiento forzado por parte de las FARC –la guerrilla colombiana–, de grupos paramilitares y de la fuerza pública. La guerra no sólo arranca vidas y arrasa comunidades: el conflicto ha sido además la vía directa a la explotación sexual de miles de mujeres desplazadas. Al frente de Petra Mujeres Valientes, una red en la que afirma integrar a más de 8.000 mujeres y niñas, encabeza el primer colectivo en su país y en el mundo que hace una reclamación jurídica para ser reconocidas como víctimas de la explotación sexual en la prostitución, de la trata de personas y de sus anexos. Una demanda en el marco del proceso de paz colombiano y que esperan poder presentar este año también ante la Corte Internacional de Derechos Humanos. En fecha reciente, la creación de una dirección ministerial “de servicios sexuales pagados” va en sentido contrario a estos esfuerzos, al aceptar la comercialización de los cuerpos de las mujeres y las niñas. María Fernanda Arboleda señala al Estado y a los gobiernos como responsables. “Como feminista, defensora de los derechos humanos, abolicionista, he declarado al Estado colombiano un Estado proxeneta”, afirma. Para María Fernanda, “ha sido muy duro ver que el ministerio de igualdad colombiano ha copiado el de Irene Montero en España”.
– ¿Qué es Petra Mujeres Valientes?
– Fuimos el primer colectivo en hablar ante la Comisión de la Verdad (parte de las instituciones que se crean en Colombia a raíz del proceso de paz con las FARC) de todas las violencias que vivimos, y que se siguen viviendo, en la explotación sexual en prostitución, la trata de personas y sus anexos –la situación de pobreza extrema, vivir en las calles, drogadicción, alcoholismo, pandillismo, prostitución webcam, vientres de alquiler–. Estamos en el distrito de Bogotá y en los 32 departamentos del país, y también en el ámbito internacional, porque muchas han migrado por seguridad. Somos más de 8.000 mujeres, sin contar sus núcleos familiares. El proceso de Petra en primer lugar ha servido para visibilizar todas las violencias vividas, y también que nuestros hijos e hijas son víctimas directas. No sólo es violencia física, también es psicológica, social, económica, cultural.
Petra significa piedra. En estos más de doce años de recorrido con mis compañeras, a pesar de que vivamos la violencia en nuestros cuerpos, somos como las piedras, y aunque nos golpeen o nos pulan como a las piedras preciosas no perdemos nuestras ganas de seguir adelante. Y valientes para contar en público lo que ha pasado: es duro por el rechazo de la sociedad, el señalamiento, la humillación.
– ¿Qué la impulsó a iniciar esta red de mujeres?
– Yo fui una mujer que vivió la prostitución y la situación de habitar en la calle. Había una comunidad de religiosas que iban a las calles a hablar con las mujeres. Yo iba todos los días a la casa de ellas a que me dieran un abrazo. Eso me hacía sentir valiosa, porque en las calles se desvaloriza el ser humano. Cada vez que me abrazaban, los sueños volvían a mi mente. Inicié la escuela que tenían en convenio con la Universidad Javeriana, sobre Derechos Humanos y Valores. Ahí empiezo a conocer que tengo derecho a la vida, a la integridad, a la seguridad. Y también empecé a estar en los espacios de participación. Fui la primera mujer en situación de prostitución en el Consejo Consultivo de Bogotá. Exigimos a la administración de la capital un espacio de reunión para las mujeres que se llamó Casa de Todas. Y así se empieza a construir una agenda en ese lugar.
Formé parte de la socialización de la Ley 1448 de 2011, de víctimas de la guerra en Colombia, para poder identificar a las mujeres que no habían quedado incluidas. Así se inicia la conexión con la Dirección de Víctimas del gobierno, con la Defensoría del Pueblo y otras instituciones. Porque muchas mujeres que estábamos en las calles –como yo misma– no habíamos declarado como víctimas de la guerra. Ha sido un proceso desde cero para exigir nuestra ciudadanía como humanas, como colombianas, ante quienes deben ser garantes de los derechos humanos para nosotras y nuestras hijas.
“Fui la primera mujer en situación de prostitución en el Consejo Consultivo de Bogotá”
– ¿Cómo se pasa del conflicto armado a la explotación sexual de las mujeres?
– Eso fue lo que motivó que desde Petra entregásemos en marzo de 2022 nuestro informe a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): poder identificar esos impactos de la guerra. Es una Corte de magistrados para llevar casos de víctimas y victimarios del conflicto armado. Muchas mujeres que hoy somos parte de Petra venimos de corregimientos, veredas, pueblos, ciudades pequeñas, a los que llegaron los grupos al margen de la ley para doblegar, ultrajar y maltratar a la población. Fuimos víctimas de estos grupos armados: paramilitares, guerrilleros, y también de la fuerza pública. En esos lugares apartados no hay presencia del Gobierno. Ahí se producen hechos victimizantes: en la guerra hay homicidios de nuestros familiares, tortura y secuestro, violencia sexual hacia las mujeres, reclutamiento de nuestros hijos. Esa población tiene que migrar a las grandes ciudades dejando tierras, viviendas y proyectos de vida, porque está amenazada. Y no hay en Colombia una ruta clara para atenderla. Allí en las ciudades, las mujeres y las niñas desplazadas por la guerra lo único que encontramos para sobrevivir es la prostitución.
Nosotras llegamos a la JEP como parte para declararnos mujeres víctimas de la explotación en prostitución, trata de personas y su anexos. En ese informe sustentamos dieciocho violencias con las que hemos sido revictimizadas cuando llegamos a las grandes ciudades en Colombia y el mundo buscando refugio de los grupos armados. Pudimos sustentar que la guerra tiene un nexo directo con la explotación de nuestros cuerpos, porque nos lleva a los laberintos de la prostitución y la trata para poder subsistir.
Quiero aclarar que hablamos de mujeres y también de niñas: las que fueron víctimas siendo niñas vivieron violencia sexual, tortura, secuestro, desplazamiento, amenazas, persecución, y estos hechos volvieron con la explotación de sus madres o de ellas en las ciudades. Muchas de las que forman parte de Petra eran entonces niñas, y como niñas tienen que ser judicializados esos hechos.
“Pudimos sustentar que la guerra tiene un nexo directo con la explotación de nuestros cuerpos, porque nos lleva a los laberintos de la prostitución y la trata para poder subsistir”
– ¿Usted fue una de esas miles de mujeres desplazadas por la guerra a la ciudad?
– Soy de una comunidad negra en la costa del Pacífico, un territorio muy apartado. Se llama ancestral porque lo habitaron personas negras que huyeron de ser esclavizadas, desde 1850. El mismo Estado compró los esclavos para liberarlos y ellos huyeron hacia estos rincones de Colombia, para no ser otra vez reclutados. De donde yo vengo, no hay carro (coche), se mueve uno por el río, en unas canoas que llamamos potrillos, labradas en madera. También nuestras casas son de madera. Se vive de la pesca, del cultivo de arroz, plátano, yuca, árboles frutales. No se usan productos químicos en la agricultura. La guerra acabó con todo eso porque impone cultivar la coca, la marihuana, la amapola. Y ahí el campesino tiene que ser esclavo de ellos, porque los grupos al margen de la ley están conectados con el narcotráfico.
– ¿Les ha dado acceso la jurisdicción especial a la restitución de sus derechos?
– Los magistrados de la JEP nos reconocieron como víctimas, porque pudimos dar a este informe una línea jurídica de violación de derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Estamos en el proceso de que las mujeres de Petra puedan ser reconocidas en el macrocaso 10 como víctimas de crímenes no amnistiables. Necesitamos el apoyo internacional, porque para ello sólo tenemos hasta 2025. Lo más importante que entendimos de la Jurisdicción Especial para la Paz es que nos da el derecho a las mujeres y niñas víctimas de radicar la demanda al Estado colombiano y a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Si es posible, este año lo haremos. Esta es la única forma en que los gobiernos del mundo entiendan que deben promover la no violencia hacia las mujeres y las niñas.
“La Jurisdicción Especial para la Paz nos da el derecho a las mujeres y niñas víctimas de radicar la demanda al Estado colombiano y a la Corte Internacional de Derechos Humanos”
– ¿Cuál es el papel del Estado en esta situación?
– El Estado es responsable y debe hacerse cargo. La justicia es nuestro objetivo principal como Petra. Por eso nuestro informe tuvo tanto impacto en la jurisdicción, se declaró confidencial para que únicamente tuvieron acceso los magistrados y que las mujeres pudieran tener confianza en hablar libremente. Hay un tema muy fuerte de seguridad.
– ¿Usted está amenazada?
–Vivo de un lugar a otro, nómada, por las amenazas constantes. He perdido dos veces todo, muebles, enseres. Pero yo digo que María Fernanda “se ha casado” con este proceso. Me vale como terapia psicológica, para decir “sirvo para algo”, me llena de esperanzas.
– Hay diferentes posturas políticas respecto a la prostitución: legalización, abolición. ¿Cuál es su posición?
– Con todo el bagaje de Petra y con mis compañeras entendemos que tenemos derecho a la integridad, a que nuestro cuerpo no sea violentado. Tengo derecho a escoger con qué persona quiero tener una relación sexual. A no doblegarme a cualquiera que me diga, “María Fernanda, aquí tengo veinte, treinta o cincuenta mil pesos”, porque tengo hambre, o llevo tres noches sentada en un parque y no he podido dormir. A cambio, ¿qué hace él? Violar mi cuerpo. Porque él no está a favor de mi sexualidad, de mis deseos. Desde lo que yo misma he vivido, la explotación sexual en las grandes ciudades por ser una mujer víctima de la guerra, puedo posicionarme y decir: soy mujer abolicionista radical. Con el conocimiento de ello elaboramos los informes y llevamos nuestra voz para hacer réplica, y eso se comparte con mis compañeras del colectivo Petra. Decimos y nos posicionamos: somos abolicionistas.
Las leyes internacionales son abolicionistas. Tenemos los tratados de la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, por los que los seres humanos no pueden ser comercializados de ninguna forma, porque eso es esclavitud. Y la prostitución lo es, y es violencia sexual. Y es tortura, secuestro: esos son hechos victimizantes que se viven en la explotación sexual. Los convenios como el Estatuto de Roma de 1998, que reconoce la violencia sexual en las guerras, lo vuelven a ratificar. La propia Amnistía Internacional reconoce que el hecho de que una persona esté en un lugar, bajo los efectos de cualquier droga, más tiempo de una hora y contra su voluntad, se llama secuestro. ¡Y esto en prostitución se vive! Un putero te lleva a un hotel y no puedes salir hasta que él dé la orden de que te puedes ir. Y también es tortura, porque las mujeres en prostitución cumplen aberraciones de los hombres, que las doblegan, ultrajan, maltratan.
“Desde lo que yo misma he vivido, la explotación sexual en las grandes ciudades por ser una mujer víctima de la guerra, puedo posicionarme y decir: soy mujer abolicionista radical”
– ¿Cómo ve la política del actual Gobierno colombiano sobre prostitución?
– Ha sido muy duro ver que el ministerio de igualdad colombiano ha copiado el de Irene Montero en España. Nosotras exigimos una política pública que fuera garante de derechos para las mujeres y las niñas en prostitución. Y primero el Distrito de Bogotá la declara política de “servicios sexuales pagados”. Por eso como feminista, defensora de los derechos humanos, abolicionista, he declarado al Estado colombiano un Estado proxeneta. Nosotras luchamos para que hubiera esa política pública, pero nunca nos llamaron a construirla, y la manipulación de los proxenetas le dio ese direccionamiento. Es una imposición del patriarcado nombrar a un hombre como director de la Casa de Todas y de la política pública sobre prostitución en Bogotá. Aceptan la palabra “clientes”, es decir, que los puteros consuman lo que se les ofrece comercialmente. Con esa palabra, el Estado colombiano acepta y permite la comercialización de los cuerpos de las mujeres y las niñas.
– ¿Cómo es la situación con el turismo de explotación sexual en ciudades como Medellín?
– Recuerdo un caso de una mujer prostituida y su hija. El mismo guerrillero acusado decía: “yo pagué a la prostituta para que me hiciera unos servicios”. Para él, le estaban condenando por algo que es normal en Colombia. Violó a la mujer prostituida y violó a su niña de dos años, y justificaba estas aberraciones ¡porque él pagó! Entonces, ¿qué ha hecho esta política? El Gobierno le da como hombre el derecho a pagar. Los hombres piensan que ellos pueden acceder a los cuerpos de las mujeres y de las niñas como les dé la gana por unos cuantos pesos. Ahora, si vamos a lo que está pasando en Medellín, a raíz de esa política pública, para la sociedad colombiana y para el Gobierno el turismo de explotación sexual es normal. Vienen estadounidenses, españoles, italianos, de todas partes del mundo. La misma política de Bogotá promovió que podían venir a Colombia a violar a las mujeres, porque ¿qué piensa un extranjero ante una política de “servicios sexuales pagados”? Que él puede pagar por ello.
“Ha sido muy duro ver que el ministerio de igualdad colombiano ha copiado el de Irene Montero en España”
– Este modelo de Bogotá, ¿se sigue en todo el país?
– El Gobierno colombiano es culpable de lo que está pasando con la prostitución de mujeres y niñas, porque ahora el ministerio de igualdad ha hecho lo mismo y nombra la dirección de “servicios sexuales pagados” en Colombia. Con esta dirección de la política pública, el Gobierno dilata el reconocimiento de las mujeres y niñas como víctimas, porque saben que vamos a entrar a audiencias, y que tenemos que tener un proceso en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR). Esto es, reparación integral –salud, trabajo, educación, vivienda– y simbólica, que realmente se reconozca la normatividad y que cometieron un error en aceptar la explotación sexual en Colombia; que las sentencias sean claras para que estas violencias no se promuevan más. Que seamos nosotras mismas quienes contemos la verdad, que no sean otros desde sus escritorios y universidades. Y el compromiso de la sociedad colombiana y del mundo por el derecho a la no repetición. Las víctimas de la guerra y de explotación sexual no pueden vivir una revictimización que ha causado daños irreparables físicos y psicológicos. Yo misma vivo el estrés postraumático, la depresión, ideaciones suicidas, rechazo a mi cuerpo. Cada día me pregunto ¿por qué mi cuerpo fue violentado, secuestrado, torturado? Es una pregunta que necesita respuesta para poder ir sanando. El proceso de Petra me mantiene viva.
“Con esta dirección de la política pública, el Gobierno dilata el reconocimiento de las mujeres y niñas como víctimas”
NO ES UN CASO AISLADO:
TODOS LOS DÍAS HAY MILES DE “TIMOTHYS”
La impunidad de Timothy Alan Livingston, un caso que ha saltado a primera plana en Colombia, deja ver en el sistema prostitucional elementos policiales, hoteles, restauración y por supuesto los demandantes como este estadounidense, acusado como explotador sexual de menores y huido a su país. Su cronología es un hilo ilustrativo de la exclusión socioeconómica cronificada de las víctimas, unida a un modelo de desarrollo en el que el turismo de explotación sexual campa a la vista. Así ocurre en algunas zonas de Medellín, calificada como “un burdel al aire libre” por la escritora colombiana Carolina Sanín. Mientras esto ocurre todos los días con miles de puteros nacionales y turistas, el Estado colombiano no sólo no se hace garante del derecho de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia sexual y un trabajo que asegure su indemnidad y su dignidad humana, sino que da pasos hacia la legitimación de la prostitución.
El 28 de marzo de 2024 el varón estadounidense de 36 años Timothy Alan Livingston es detenido bajo acusación de delitos sexuales contra dos niñas de 12 y 13 años, con las que fue descubierto en el jacuzzi del hotel Gotham de Medellín. El individuo fue puesto en libertad y huyó a su país, por lo que la Procuraduría abrió una investigación contra algunos agentes. La repercusión del caso llevó al propio presidente, Gustavo Petro, a anunciar que pediría su extradición desde Estados Unidos. La gestión del hotel, cuyas reservas se hacen a través de la plataforma Airbnb, asegura que el acusado burló sus protocolos contra la explotación sexual infantil. Las dos niñas habían escapado de centros de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
El Observatorio de la ONG Valientes recoge 2.497 víctimas reportadas de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en 2023 en Colombia, según la base de datos del sistema penal. El 79,6% son de sexo femenino. Como señala en sus redes sociales la Red Feminista Abolicionista de Medellín, esto no es un caso aislado: “la normalización de la explotación sexual y la inoperancia estatal han convertido a Medellín en el lugar ideal para que, extranjeros y locales, exploten sexualmente a niñas y mujeres”. Las feministas denuncian la complicidad del sector privado turístico y de modo recurrente de la policía. “Sin demanda, no hay prostitución”, explica a la televisión pública Señal Colombia una de sus líderes, Sara Jaramillo Gómez.
El 1 de abril, tras los hechos, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, anunció “medidas extraordinarias” contra la explotación sexual de menores en la ciudad. Así, firma dos decretos, uno para prohibir la demanda de “servicios sexuales” en un área de Medellín –zonas como El Poblado, Parque Lleras y Provenza– por seis meses y otro para limitar por un mes el horario de los establecimientos que venden alcohol. Para las asociaciones feministas, estas medidas son claramente insuficientes y una burla a las víctimas. El 7 de abril el Hotel Gotham, situado en El Poblado, anuncia su cierre definitivo, el mismo día que los colectivos abolicionistas organizaron protestas en la zona contra la impunidad de la explotación sexual.
Mientras tanto hay oleaje en los despachos, tras la renuncia a los pocos meses de ocupar el cargo de la viceministra de las mujeres, Diana Marcela Gómez, dependiente de la vicepresidenta y ministra de igualdad del país, Francia Márquez. No hay una versión oficial de los motivos para esa dimisión. El 10 de abril toma posesión Charlotte Schneider Callejas para la dirección de Mujeres en Actividades Sexuales Pagas, en el mismo ministerio. Schneider proviene del activismo transgénero en la asociación ILGA en América Latina. Las abolicionistas colombianas recuerdan que institucionalizar la prostitución como “trabajo” vulnera el artículo 6 de la convención del la CEDAW y es contrario a su Recomendación número 38.