Los ojos de la jueza Pilar de Lara (Cartagena, 1968) han visto desvelos y torturas escritos en miles de folios y reflejados en los rostros de cientos de víctimas a las que ni quiere ni puede olvidar. En especial las que conoció durante nueve años al frente de la Operación Carioca. De Lara se enfrentó en primera persona a los tentáculos del proxenetismo de Estado, judicial y social, por investigar y destapar la mayor causa de explotación sexual de nuestro país acontecida en varios prostíbulos de Lugo. El macroproceso judicial llevó 14 años de investigación, 89 imputados, 46 detenidos, 367 testigos, 310 tomos y 160.000 folios. En él, además del principal proxeneta, José Manuel García Adán, estaban implicados miembros de la Guardia Civil, agentes de la Policía Local o responsables de Extranjería.
Por Nuria Coronado Sopeña
Ahora, desde su destino en Ponferrada no solo sigue siendo la mujer que no se doblega ante las injusticias ni las presiones, sino que tiene claro que hasta que la actual Ley de Extranjería no cambie “el número de mujeres y niñas engañadas y utilizadas por las redes de trata y prostitución en España seguirá creciendo. La normativa de extranjería es el caldo de cultivo perfecto para las redes de trata y de explotación sexual”.
“Carne de cañón para las mafias”
De Lara sabe que las mafias van a seguir nutriéndose de la “materia prima” de las niñas y las mujeres empobrecidas que desde sus países de origen quieren venir a lo que se les vende como el paraíso. “Ellas se convierten en carne de cañón para las mafias, que aprovechándose de estas situaciones extremas de vulnerabilidad, promueven ese flujo migratorio clandestino, captando a las víctimas en los países de origen. Se valen de los agujeros de esta regulación, que mientras recibe con los brazos abiertos a los extranjeros acomodados condena a la pobreza a los que ya de por sí son pobres. Víctimas que, una vez en nuestro país, corren un riesgo muy serio de seguir siendo explotadas, sexual y laboralmente. Y no solo por las propias mafias, sino por grupos criminales más reducidos e incluso por particulares carentes de escrúpulos”.
La jueza, cuya valentía se retrata en la obra de teatro “Aquí nunca pasa nada”, resalta que “aunque haya empleadores dispuestos a contratar, la excesiva burocratización y lentitud de tramites, así como los estrictos requisitos exigidos para que las extranjeras en situación irregular en España puedan regularizar su situación e integrarse en el circuito laboral, las condena a vivir en la economía sumergida y en el caso de muchísimas mujeres a ser prostituidas como única forma de vida al no disponer de otras alternativas”.
De Lara subraya que la Ley de Extranjería, lejos de fomentar las denuncias por trata y explotación, las desincentiva. “La situación de irregularidad en la que se encuentran las víctimas y el temor a ser deportadas impide que se acerquen a una comisaría a denunciar a sus tratantes. Muchas ni siquiera se atreven a salir a la calle por miedo a que les abran un expediente de expulsión y viven en la clandestinidad más absoluta, a expensas de sus chulos para todo: compra de medicamentos, comida, ropa…”.
A dicha cautividad la magistrada suma que la efectividad de los derechos y protección de las víctimas “queda supeditada a su colaboración con las autoridades policiales, cuando se tendría que desvincular por completo, pues una mujer explotada y tratada lo es, denuncie o no, colabore o no. Y tengamos en cuenta que la autorización de residencia y trabajo que puedan conseguir por circunstancias excepcionales o por la colaboración con la justicia no es la panacea, si al mismo tiempo no se les ofrecen posibilidades reales y efectivas de formación y trabajo. Por ello, muchas terminan integrándose de nuevo en el círculo prostitucional del que salieron, porque, sencillamente, no cuentan con otra opción”.
“Una mujer explotada y tratada lo es, denuncie o no, colabore o no”
– ¿El proxenetismo encuentra cómo aprovecharse de nuestras leyes?
– El sistema normativo, institucional y social español es ideal para el proxenetismo. Eduardo Galeano lo explicaba a la perfección: “la violencia engendra violencia, como se sabe; pero también engendra ganancias para la industria de la violencia, que la vende como espectáculo y la convierte en objeto de consumo.” Y de esto va la cosa, del dinero manejado por los hombres para el beneficio, diversión y placer de los hombres. Cómo explicar si no el enorme poder e impunidad de los que goza el lobby proxeneta, que es capaz de permear todas las esferas aprovechándose de una normativa tibia e hipócrita y de la ausencia de voluntad para elaborar una política criminal basada en los derechos humanos. Son los proxenetas los que van marcando la agenda y no aprendemos.
Cuando en el año 1995 desaparece del Código Penal la tercería locativa, el lucrarse de la prostitución ajena, España pasa de ser un lugar de tránsito de mujeres prostituidas a ser un país de destino. En todas las rotondas y ciudades empiezan a proliferar prostíbulos, hasta terminar convirtiéndonos en el gran lupanar de Europa. Las reformas penales posteriores tampoco han añadido gran cosa, puesto que, si bien sancionaron el proxenetismo vinculado a la explotación, se ha interpretado de tal forma que resulta muy difícil conseguir condenas. Si la prostitución no está expresamente penalizada, dado que la “mano de obra” española no es suficiente para satisfacer la elevada demanda, se trae de fuera, de modo que prostitución y trata van de la mano.
Sin clientes y proxenetas se cae la estructura prostitucional. Pero eso no interesa. La información es poder, y el lobby proxeneta maneja información muy comprometedora sobre los puteros, que los hay en todas las esferas y profesiones, ya que los burdeles son esos sitios donde los hombres confraternizan, cierran contratos, celebran adjudicaciones de obras o hacen despedidas de soltero.
“El lobby proxeneta maneja información muy comprometedora sobre los puteros, que los hay en todas las esferas y profesiones”
– Si algo es el negocio de la prostitución es muy lucrativo…
– Así es y de él vive mucha gente: el sector inmobiliario, la publicidad, el turismo, las empresas de seguridad, agencias de viajes… el lobby proxeneta actúa como auténticos grupos de presión perfectamente organizados para crear líneas de opinión. Poco a poco, gracias también a la colaboración de determinados medios de comunicación, se va pervirtiendo el lenguaje, siempre en detrimento de las mujeres y se habla de “trabajadora sexual” para normalizar la prostitución como una celebración del empoderamiento de las mujeres, al tiempo que se consigue la escisión en el feminismo. El fin es claro, si legalizas la prostitución conviertes en empresario al proxeneta.
Siempre me he preguntado cómo es posible que la legislación administrativa se comporte de una forma tan laxa con este tipo de locales que se instalan no sólo en polígonos, sino delante de nuestras narices, cuando a un restaurante, peluquería o cualquier otro negocio les hacen inspecciones y se les exigen tantos tramites y licencias. Estos sitios están dados de alta como bares de especial categoría, pero tienen habitaciones, aunque no cuentan con licencia de hotel ni libro de hospedaje ni tienen dado de alta al personal. Ni siquiera cumplen unas mínimas condiciones de seguridad e higiene, pero siguen funcionando como si tal cosa. En definitiva, creo que lo que falta es valentía y voluntad política.
– ¿El Código Penal es el único que tiene que estar a la altura de la defensa de los derechos humanos de las mujeres prostituidas o ha de ir ligado a la coeducación?
– El enfoque ha de ser integral y ha de hacerse a través de la prevención, persecución y protección social. La respuesta penal es absolutamente necesaria y ha de ser contundente, sancionando a todos los que de una forma u otra intervienen en la cadena, desde el tratante, los reclutadores, el proxeneta, el chulo, el dueño del local, y por supuesto, también los puteros. Ahora bien, por sí solo, el Derecho Penal es insuficiente porque actúa cuando el daño ya está hecho y en delitos de esta naturaleza es difícilmente reparador. Por eso es un error relegar al sistema penal la solución de la prostitución, ya que lo único que haremos será poner tiritas, pero no curar la herida. Desarticularemos redes y nacerán otras, cerraremos un club y abrirá otro, o incluso el mismo con distinto nombre. Sin olvidar que la delincuencia va siempre perfeccionándose, lo que dificulta las investigaciones, como de hecho está pasando con las nuevas tecnologías y el uso de las redes sociales para la explotación sexual.
“Por sí solo, el Derecho Penal es insuficiente porque actúa cuando el daño ya está hecho y en delitos de esta naturaleza es difícilmente reparador”
Se necesita una labor de concienciación y sensibilización de la sociedad para trasladar sin blanqueamiento alguno lo que es verdaderamente la prostitución, implicando a todos los actores. También a los medios de comunicación, para dar visibilidad más allá del morbo cada vez que salpica a un político o a un famoso. Se necesitan políticas de educación serias. Es realmente preocupante el índice de consumo de pornografía y prostitución entre los jóvenes y la banalización que se hace de la violencia. Por supuesto, a las víctimas hay que darles una cobertura total, no sólo ofreciéndoles una adecuada protección y asistencia sanitaria, jurídica, psicológica o habitacional, sino también desarrollando programas de formación y empleo que les ofrezcan salidas efectivas para evitar que tengan que volver a los sitios de donde salieron. Además, para la plena restitución de sus derechos, es importante que se comprenda que la prostitución es una violación de los derechos humanos y el más claro ejemplo de lo que es la violencia de género. La prostitución no es sexo a cambio de dinero. La prostitución es comprar sumisión. Es ejercitar el dominio de un hombre sobre una mujer.
– Asociaciones feministas han criticado la ley del “sólo sí es sí” ya que se centra en el consentimiento, cuando claramente las mujeres explotadas no consienten, sino que no tienen otro remedio que ser violentadas. ¿Cuál es su opinión?
– Estoy completamente de acuerdo. Y me resulta paradójico cuando la cuestión del consentimiento responde a una visión neoliberal y mercantilista de los derechos humanos. Fíjese qué contrasentido supone el que la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, se llame “de garantía integral de la libertad sexual” y en su preámbulo haga todo un alegato sobre la libertad. Yo me pregunto: ¿son libres las mujeres prostituidas para prestar su consentimiento? ¿Puede hablarse de verdadero y real consentimiento si partimos de una situación de desigualdad o vulnerabilidad? El consentimiento en no pocas ocasiones es una mera coartada para ocultar situaciones de sometimiento a las que se llega porque no se puede elegir otra cosa. Ser prostituida no es una elección, sino más bien la única opción. Y no deja de sorprenderme que se recurra tanto al consentimiento cuando tenemos otros ámbitos en los que el consentimiento de la víctima no excluye el delito, como en los quebrantamientos de órdenes de protección consentidos por las víctimas de violencia de género.
“El consentimiento en no pocas ocasiones es una mera coartada para ocultar situaciones de sometimiento a las que se llega porque no se puede elegir otra cosa”
– La prostitución incumple el derecho laboral. ¿Cómo es posible que exista la prostitución en el mismo marco legal que el acoso sexual?
–Es un ejemplo más de la doble moral con la que venimos actuando. Por una parte, condenamos enérgicamente la violencia de género y cualquier otra manifestación de desigualdad entre mujeres y hombres, y de otra, mostramos una tolerancia normalizada hacia la prostitución. Con el Convenio OIT 190 en la mano, es inviable defender la prostitución como un trabajo, porque tras reconocer el derecho de toda persona a un trabajo libre de violencia y acoso –incluidos la violencia y el acoso por razón de sexo–, proscribe los comportamientos que causen o sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. ¿Qué es la prostitución sino violación, acoso, violencia física y psicológica? Cualquier pretensión de regular la prostitución como una actividad laboral choca frontalmente con los derechos reconocidos por el Convenio y supondría legalizar el acoso y las agresiones sexuales.
Pero no solo contamos con este Convenio OIT 190. La mayoría de los textos internacionales, desde el Convenio para la represión de la trata de 1949, pasando por la Convención Americana Sobre Derechos Humanos de 1969, el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de 2005, la Directiva 2011/36/EU… con mayor o menor convencimiento, vienen a concluir que la prostitución no es algo sano sino un problema. El propio Parlamento Europeo ha reconocido que la prostitución y la explotación sexual constituyen violaciones de la dignidad humana y, por tanto, son contrarias a los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, así como que la prostitución tiene impacto en la violencia contra las mujeres en general.
Cualquier pretensión de regular la prostitución como una actividad laboral “supondría legalizar el acoso y las agresiones sexuales”
– ¿Cuál es la situación de los juzgados en la lucha contra la explotación sexual?
– Desde que instruí mi primer caso contra la explotación sexual hasta la actualidad se han realizado bastantes avances legislativos y se denota una mayor preocupación por la formación policial y judicial, hay otra percepción y otra sensibilidad. Pero si estos esfuerzos no van acompañados de los necesarios resortes económicos, todo queda en agua de borrajas. En la práctica, cualquiera que haya intervenido en un asunto de trata y explotación sexual verá cómo muchas veces vamos poniendo remiendos. Los resultados evidencian que la gestión y la estrategia para acabar con esta lacra no está siendo eficaz.
En general, la Administración de Justicia se encuentra en una situación de progresivo abandono por escasez de medios materiales y personales y por la sobrecarga de asuntos que tramitamos. Y esto se agrava cuando se trata de perseguir delitos tan graves y complejos como son los de la trata y explotación. Gran parte del peso de la investigación y de la prueba sigue recayendo en los testimonios de las víctimas. Lo menos que podemos hacer es escucharlas, conocer su historia, para entender los abusos que han sufrido y su vulnerabilidad. Informarles claramente de la realidad, que son víctimas y cómo va su paso por el proceso. Y esto requiere tiempo, que es justo lo que nos falta en los juzgados. No puedes reservar el mismo espacio temporal a una persona a la que han sustraído su teléfono móvil que a una mujer a la que han pisoteado su dignidad. Menos aún pretender que en media hora, esa mujer, que puede estar anulada, nerviosa, asustada, y que ha pasado situaciones terribles, cuente a una desconocida todo su calvario. Ese tiempo indispensable está reñido con la desproporcional carga de trabajo que soportamos.
– ¿Qué consecuencias tiene esa falta de recursos en el proceso?
– En los juzgados faltan dependencias adecuadas para atender debidamente a las víctimas. Necesitamos también profesionales especializados, psicólogos y mediadores culturales, por lo que recurrimos a instituciones y ONGS, cuya participación tendría que ser mayor en todo el proceso de identificación y detección de la trata. Además, como los procesos se dilatan en el tiempo, es necesario realizar un acompañamiento de la víctima a lo largo del mismo y no solo en el momento inicial de prestar declaración. A veces da la sensación de que una vez que hemos conseguido sus testimonios, las olvidamos.
Las instrucciones tienen que hacerse paso a paso, con mucha labor de campo policial, investigando los medios económicos, para conseguir romper esa estructura financiera que da cobertura a las redes de trata. Si nos pueden las prisas y nos quedamos solo con el testimonio de las víctimas, de entrada igual niegan haber sido coaccionadas u obligadas e incluso en los juicios se retractan de su declaración anterior. El que, por la duración de los procesos, se acaben instruyendo los delitos aisladamente, desdibuja el verdadero trasfondo. Tampoco contamos con instrumentos eficaces de protección de las víctimas, limitados básicamente a suprimir sus datos personales de las actuaciones.
La estructura del proceso penal tampoco ayuda, porque termina obligando a las víctimas a prestar sucesivas declaraciones, primero ante la policía, luego ante el Juez de Instrucción y finalmente, ante el órgano de enjuiciamiento, lo que supone su revictimización con el consiguiente coste emocional. Igualmente, hay que mejorar la coordinación y el trabajo en red durante todas las fases procedimentales y finalmente, articular los procedimientos de asistencia e inserción social y laboral.
– Pobreza, indefensión, falta confianza en la justicia. ¿Qué pesa más para que no denuncien las víctimas?
– No creo que exista un solo factor sino una confluencia de causas. En mi experiencia como jueza instructora, he encontrado un número elevado de mujeres que ni siquiera se autopercibían como víctimas y no entendían que las considerásemos como tales. En muchísimas ocasiones vienen de situaciones peores, proceden de países donde la pobreza es extrema, donde han sufrido violaciones, palizas, salen de matrimonios forzados, abusos sexuales en la propia familia o igual ya eran explotadas sexual o laboralmente. Cuando llegan a España a través de las redes mafiosas para explotarlas en la prostitución, engañadas, con deuda o aprovechándose de su vulnerabilidad, les ponen multas, les cobran hasta por respirar, no las dejan salir de los clubes, apenas les dejan descansar… pues a pesar de todo eso, muchas te dicen que están mejor aquí que en sus países.
Por eso no tienen el discurso de víctimas o el que tenemos en nuestros propios imaginarios. Muchas sufren el Síndrome de Estocolmo, tienen una absoluta relación de lealtad al tratante al que ven como su salvador porque las ha sacado de la situación de miseria de la que procedían y eso, con nuestra mirada occidental y desde nuestra zona de confort, nos cuesta entenderlo. En otras ocasiones no llegan a considerar la denuncia porque sencillamente están anuladas. Tampoco tienen las herramientas, ni la información, ni las fuerzas necesarias para denunciar. No conocen el idioma, no conocen sus derechos y menos aún la legislación española. Algunas viven recluidas en pisos o en clubes sin poder salir, sometidas a férreos controles, donde para trasladarse tienen que hacerlo en los taxis de los proxenetas. A otras las mueven constantemente de club en club, de piso en piso, para que no entablen vínculos de amistad entre ellas. Por supuesto, también tienen mucho miedo a las represalias personales y familiares por parte de la organización criminal. Tienen desconfianza hacia la policía por su situación irregular, por si las expulsan. Otras pueden haber sido obligadas a cometer delitos, como vender droga a los clientes, o cometen falsedad documental.
A lo anterior se une que en su mayoría proceden de países donde la corrupción política y policial campa a sus anchas y cuando los traficantes presumen de sus amistades policiales se lo creen, y ello sin desconocer el intolerable compadreo, connivencia o permisión hacia la prostitución que en ocasiones se da en este sector. Esta es la razón por la que, en contadísimas ocasiones, las investigaciones por trata y explotación sexual se inician por denuncias de las víctimas y por eso mismo es absolutamente imprescindible que la policía sea proactiva y que exista una total coordinación con las ONGS que tienen más acceso a las víctimas. Esta circunstancia determina la necesidad de fortalecer el proceso penal para que la investigación no dependa ni de la interposición de denuncias ni de los testimonios de las víctimas y que por supuesto, no sea necesaria una denuncia para que se activen los mecanismos de apoyo, protección y recuperación.
Hay una necesidad “de fortalecer el proceso penal para que la investigación no dependa ni de la interposición de denuncias ni de los testimonios de las víctimas”
– La frase de que “los negocios ilegales se hacen en los prostíbulos legales” ¿es una realidad?
– Tal cual. La violencia sexual contra las mujeres resulta impune en el ámbito de la prostitución. La prostitución es explotación, coacciones, acoso, abuso y agresión sexual, maltrato psicológico, agresiones físicas… es un atentado contra los derechos más elementales de todo ser humano, a la libertad, a la dignidad y a la igualdad que debe presidir las relaciones humanas. Todas estas conductas que contempladas en sí mismas darían lugar a la persecución de delitos, al mediar un precio, se convierten en una especie de contrato legal. Y, además, enmascara toda una diversidad de fenómenos delictivos, no solo la trata o la explotación sexual, también el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales. Porque la prostitución genera muchísimo dinero que a través de los mecanismos de ingeniería financiera del que se valen las redes se escapa del control legal.
“La violencia sexual contra las mujeres resulta impune en el ámbito de la prostitución”
– Si tuviera como jueza un sueño ¿cuál sería?
– Lo que me gustaría, por utópico que resulte, es que no haya prostitución y que nadie se encuentre en una situación de vulnerabilidad ni necesidad tan acuciante que tenga que recurrir a la prostitución para sobrevivir. Esto no pasa por normalizar la prostitución ni porque tengamos que acostumbrarnos a ello. Lo que hay que hacer es luchar para que la igualdad hombre-mujer no sea sólo una soflama propagandística y por erradicar las barreras que provocan la feminización de la pobreza. Esto exige voluntad y pensar fórmulas alternativas a la economía neoliberal que asume la mercantilización de cualquier bien, incluido nuestros cuerpos y nuestros vientres.