España se examina de sus políticas contra la discriminación de las mujeres. Este mes de mayo tienen lugar en Ginebra (Suiza) las sesiones que nos evalúan cada cuatro años en cuanto al cumplimiento del tratado fundamental de la ONU en la materia, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). La Secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, que encabeza la delegación española, deja claro que no apuesta por una ley abolicionista según el modelo nórdico, en el que la demanda de prostitución es una forma de violencia sexual. “En España no vamos a aprobar un modelo de persecución penal de clientes de prostitución, sino un modelo de persecución penal de clientes de explotación sexual”, respondió al Comité de la CEDAW. “España es un Estado feminista, que se ocupa de proteger a todas las mujeres”, afirmó, a pesar del reconocimiento de su delegación del problema de nuestro país con la industria proxeneta y la vulneración sistemática de los derechos de las mujeres en la prostitución.
“Un Estado feminista” para el Gobierno, “uno de los principales consumidores de prostitución”, para las ONG
En la Sesión del 16 de mayo ante el Comité de la CEDAW –el órgano de Naciones Unidas encargado del seguimiento de este tratado– se analizó el último informe presentado por España (vídeo disponible en la Web TV de Naciones Unidas). A Ginebra acudió una amplia representación española, formada por varios ministerios. La Secretaria de Estado de Igualdad destacó la aprobación de la Ley de protección a la infancia (“Ley Rhodes”), la reforma laboral y su impacto en las mujeres, la Ley para la igualdad de trato y la no discriminación, la Ley del “solo sí es sí”, la reforma de la Ley del aborto y la “Ley Trans”.
Como instrumentos de planificación se refirió a la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025 o el Plan Corresponsables, y calificó como “fundamental” el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito en 2017 (de cuya aprobación ella misma, no obstante, se abstuvo como diputada en esa fecha) y renovado en 2021. Para Rodríguez, la gestión de los últimos años de Gobierno ha elevado la lucha contra la violencia machista a cuestión de Estado, como muestra a su juicio el incremento del presupuesto de su ministerio, el de Igualdad: ha pasado de 44 millones de euros en 2015, a los 573 millones en 2023.
El “Estado feminista” descrito por Ángela Rodríguez contrasta con las posiciones críticas con la gestión del Gobierno de organizaciones de mujeres presentes en la sesión del día anterior (disponible en la Web TV de Naciones Unidas). Entre ellas destacaron las intervenciones contra la “vulneración sistemática” de derechos en los casos de incesto y la persecución y condena de madres víctimas de violencia por la pareja o expareja, una situación denunciada entre otras por María Sevilla, en representación de la asociación Alana. El reciente informe de la Relatora Especial sobre la violencia hacia las Mujeres de Naciones Unidas, Reem Alsalem, advierte de que el uso del falso “síndrome de alienación parental” (SAP) es generalizado en el mundo para encubrir la violencia machista y los abusos sexuales a menores. Ya en 2014 el Comité de la CEDAW sancionó a España por el caso de Ángela Rodríguez Carreño, una madre que presentó cincuenta denuncias para impedir las visitas del padre a su hija, a la que finalmente asesinó.
Respecto a la situación de las mujeres prostituidas, por parte de la Plataforma CEB Sombra Rosa Belen Agirregomezkorta expuso que “España es uno de los principales consumidores de prostitución, según Europol. Más del 80% de las mujeres prostitutas se ven forzadas a prostituirse, según la policía, y a pesar de ello no se ha aprobado una ley integral. A las deficiencias legislativas les sigue falta de coordinación de recursos de atención y para la detección. En vez de luchar contra ello, el Estado español promueve estereotipos sexistas con fondos públicos”, según esta portavoz.
En España “no existen medidas eficaces para desalentar la demanda de prostitución”
La Plataforma Sombra Cedaw-Estambul-Beijing (Plataforma CEB Sombra), es un espacio que comparten asociaciones feministas, de mujeres y sociales, para seguir el cumplimiento del Estado español de sus obligaciones internacionales en materia de igualdad entre mujeres y hombres. En un reciente comunicado ha denunciado la falta de transparencia del Gobierno en el proceso de elaboración, presentación y examen del informe español, que a su juicio dificulta el trabajo y la participación de las organizaciones de la sociedad civil.
La Plataforma presentó en diciembre de 2022 su último Informe CEDAW Sombra, es decir, el documento de seguimiento de estas ONG respecto al cumplimiento de nuestro país del tratado de la CEDAW. Entre sus observaciones hay cuestiones sobre educación, derechos laborales, salud, violencia contra la pareja o expareja y violencia vicaria, entre otras áreas. En cuanto a la violencia sexual, observa el acusado incremento de las denuncias por violencia sexual (un 70% entre 2013 y 2019, datos del Ministerio del Interior), y la alta impunidad de los delitos sexuales, con solo un 29% de los detenidos condenados (2018, datos del INE). Preocupan los discursos negacionistas y el incremento de la violencia sexual entre jóvenes.
Respecto a la trata y la explotación de la prostitución, el documento de la Plataforma observa “el alto riesgo para las mujeres de la despenalización de actividades vinculadas con el proxenetismo”, cuestión no resuelta en nuestro país, así como una respuesta incompleta en la atención de las víctimas de trata sexual. Señala que no existen medidas eficaces para desalentar la demanda de prostitución, en un país con un elevado consumo, y preocupa también la captación y explotación sexual de menores tuteladas en algunas Comunidades Autónomas.
La atención a las víctimas, pendiente
La Secretaria de Estado de Igualdad Ángela Rodríguez anunció al Comité CEDAW que esperaba “la aprobación este mismo año” de la Ley contra la trata –en fase de Anteproyecto de Ley, pendiente de los informes consultivos–. Habló de la oferta de dos políticas públicas para las víctimas: el Plan Estratégico Nacional contra la trata (PENTRA 2021-2023), y el Plan Camino, que “incluye un plan de inserción social y laboral inédito en España”. Un Plan que sin embargo ha sido calificado como “humo” por Sarah Berlori, una de las portavoces de las supervivientes de la prostitución en España, que este mismo mes de mayo han convocado movilizaciones. Rodríguez habló de “80.000 posibles beneficiarias”, una cifra que por sí sola es un reconocimiento de la gravedad del problema de derechos humanos que tiene España con la prostitución. El Plan Camino tiene previsto un presupuesto de 204 millones de euros en cuatro años.
Tras la exposición de la delegación española, llegó el turno de las preguntas del Comité, entre las que no faltó la mención a las consecuencias de la “Ley del solo sí es sí” en cuanto a la rebaja de condenas, a la que respondió Victoria Rosell, que habló de “noticias alarmistas” y defendió el modelo de consentimiento afirmativo.
En la prostitución “se vulneran de forma sistemática los derechos de las mujeres”
Las preguntas clave sobre prostitución son las relativas al artículo 6 de la Convención CEDAW, que establece que “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”. La experta del Comité Dalia Leinarte formuló varias preguntas sobre ello y se interesó por la vulnerabilidad de las niñas y mujeres migrantes a ser captadas para la explotación sexual. Para la experta, “la ley sobre la abolición de la prostitución y la tipificación como delito de la búsqueda de servicios de prostitución, si se adopta, será una herramienta muy eficaz para reducir la trata de mujeres y niñas con fines de prostitución, porque existe un vínculo directo entre la prostitución y la trata con fines de explotación sexual”. Pidió, por tanto, información sobre el estado en que se encuentra la Proposición de Ley contra el proxenetismo y la demanda, en trámite desde hace meses en el Congreso de los Diputados.
La asesora de Igualdad Bárbara Tardón reconoció “la deuda incalculable de nuestro país con las víctimas de trata y las mujeres en situación de prostitución” y destacó el modelo de “acreditación civil” para las víctimas –esto es, acreditación sin denuncia previa–. En esos espacios de prostitución “se vulneran de forma sistemática los derechos de las mujeres”, reconoció la asesora de Irene Montero. La propia Secretaria de Estado de Igualdad reconocía también el problema de España con la “industria proxeneta”.
¿Qué hay del “modelo nórdico”?
La experta de Naciones Unidas Dalia Leinarte repreguntó sobre la sanción a los prostituidores, refiriéndose a la Proposición de Ley parada en el Congreso como “basada en el modelo nórdico”, un texto del que la delegación española no hace mención directa. La experta insistía en saber si España va a tipificar penalmente todo lo relativo a la demanda según este modelo nórdico, “es decir, las mujeres en prostitución nunca serán penalizadas de ninguna manera, pero los clientes que traten de comprar los servicios sexuales de las víctimas de trata, o de mujeres que no sean víctimas de trata, sí serían castigados”. “Estamos hablando del mismo mercado, el mismo sector”, explicó.
¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno español ante esta pregunta precisa sobre el modelo nórdico o modelo abolicionista? Ángela Rodriguez reiteró su distinción en tres ámbitos, trata sexual, proxenetismo y “la prostitución” –con lo que no parece abordarlos como parte de un mismo sistema–. La protección de las víctimas ya la consideró aprobada, y reconoció pendiente el refuerzo de la persecución penal del proxenetismo. Y añadió: “Con claridad: en España no vamos a aprobar un modelo de persecución penal de clientes de prostitución, sino un modelo de persecución penal de clientes de explotación sexual”.
Acto seguido, la Secretaria de Estado del Gobierno español ante el Comité de la CEDAW pasó a criticar al propio Estado del que es representante: Ángela Rodríguez destacó que “en España existen a día de hoy, en la Ley de Seguridad ciudadana, sanciones administrativas para los clientes de prostitución y para las propias mujeres que ejercen la prostitución, y que lamentablemente estas sanciones han ido aumentando de manera desigual. Cada vez son más sancionadas las mujeres en vez de los clientes”, afirmaba. “Quiero dejar claro que no estamos apostando por un modelo de persecución de los clientes de prostitución, sino de la explotación de la prostitución, en los términos en los que habla el artículo 6 de esta Convención”, recalcaba Ángela Rodríguez. Un planteamiento distinto, por tanto, del “modelo nórdico” al que hacía referencia la experta del Comité.
¿Qué es la CEDAW y por qué se examina ahora a España?
Esta es una breve guía para entender el marco de estas comparecencias:
- La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), adoptada y abierta a la firma de los Estados partes en 1979, es uno de los 18 tratados fundamentales en materia de derechos humanos de la ONU y su principal herramienta contra la discriminación de la mujer. Fue ratificada por nuestro país en 1984. La aceptación del procedimiento de comunicaciones individuales y de consulta por España data de 2001.
- El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer es el órgano que supervisa la aplicación de la Convención CEDAW (en la foto principal, una imagen del grupo en 2023). El Comité está formado por 23 personas independientes, expertas en derechos de la mujer de todo el mundo. La Convención dispone en su Artº 18 que los Estados partes deberán someter al examen del Comité un informe sobre las medidas y los progresos realizados para hacer efectivas las disposiciones de este tratado. Los informes deberán presentarse por lo menos cada cuatro años.
- Desde enero de 2023 y hasta diciembre de 2026, la presidenta del Comité CEDAW es la española Ana Peláez Narváez, si bien al igual que todos los miembros actúa como experta a título personal, no como representante de su país.
- La Convención CEDAW dispone también desde el año 2000 de un Protocolo Facultativo, de acuerdo con el cual el Comité también tiene el mandato de recibir comunicaciones individuales o de grupos que denuncien violaciones de los derechos protegidos por la CEDAW. El Comité también está facultado para investigar de oficio violaciones graves o sistemáticas de la Convención.
- Entre el 8 y el 26 de mayo de 2023 tiene lugar en Ginebra (Suiza) el 85 periodo de Sesiones del Comité, y en él es el turno de examen de los informes de varios países, entre ellos España. Las delegaciones de los Estados podrán asistir a las sesiones del Comité en las que se vayan a examinar sus informes, para participar en las deliberaciones y responder a las preguntas. Posteriormente, basándose en el examen y los datos transmitidos, El Comité podrá hacer sugerencias y recomendaciones a los Estados partes.
- La documentación general sobre este 85 periodo de Sesiones está disponible en: https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/SessionDetails1.aspx?SessionID=2648&Lang=en
- Los principales documentos relativos a España en el periodo de sesiones actual son:
- El Noveno informe periódico de España: (CEDAW/C/ESP/9): https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FESP%2F9&Lang=en
- La Lista de cuestiones y preguntas a España: (CEDAW/C/ESP/QPR/9): https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW%2FC%2FESP%2FQPR%2F9&Lang=en
- Vídeos de las sesiones en la Web TV de Naciones Unidas:
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- 1980.ª reunión, 85.º período de sesiones, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
- 1981.ª reunión, 85.º período de sesiones, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
- 1982.ª reunión, 85.º período de sesiones, Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).