Francia es desde hoy el cuarto país europeo en adoptar el llamado modelo sueco, ya que a partir de ahora va a sancionar a los clientes de prostitución. Con la aprobación de la nueva ley, Francia establece que la prostitución es una forma de violencia y un obstáculo para la igualdad. El proyecto de ley se inspira en la ley sueca y ve a la demanda como el factor clave de la explotación sexual. Suecia fue el primer país en 1999 en penalizar al cliente. Noruega, en 2008, e Islandia, en 2009, siguieron el ejemplo sueco, y actualmente se está discutiendo, entre otros, en Canadá, Reino Unido e Irlanda.
España, Madrid – La propuesta de ley socialista que refuerza la lucha contra la prostitución ha sido adoptada hoy, 6 de abril, por la Asamblea Nacional, tras dos años y medio de idas y venidas parlamentarias entre la Asamblea Nacional y el Senado. El Senado, que es conservador, había vetado desde el primer examen de la propuesta de ley del Partido Socialista. En la primera lectura el Senado retiró la penalización de los clientes de la propuesta de ley socialista. En la segunda lectura volvió a oponerse a la penalización de los clientes de las prostitutas. Finalmente, en marzo de este año, el Senado aprobó la propuesta de ley socialista, si bien volvió a rechazar la penalización de los clientes, en contra de lo que aconsejaba el Gobierno. Hoy ha tenido lugar la cuarta y última lectura del texto ante la Asamblea Nacional desde la primera lectura de la propuesta en diciembre de 2013[1], a falta de acuerdo con el Senado. El desacuerdo entre las dos cámaras se centró en la penalización de los clientes: las/los diputadas/os y senadoras/es no han logrado ponerse de acuerdo sobre la prohibición de la compra de actos sexuales. Pero, en última instancia, son las/os miembros de la Asamblea Nacional quienes tienen la última palabra y han logrado imponer esta medida.
Las diputadas socialistas que impulsaron la propuesta[2] buscaban que las mujeres prostituidas empezasen a ser vistas como víctimas de violencia y no como delincuentes, y que se penalizase a los clientes, que son quienes alimentan el sistema prostitucional.
Por su parte, el Senado defendía la visión de algunas asociaciones que temían que la ley empeorase las condiciones de vida de las mujeres prostituidas. Los detractores de esta medida estimaban que la penalización del cliente dejaría a las mujeres en una situación a una mayor clandestinidad e inseguridad.
Para Yaël Mellul, presidenta de la asociación Femme&Libre, y Lise Bouvet, miembro del colectivo Ressources Prostitution, al aprobar esta ley, Francia no sólo ratifica sus compromisos internacionales, sino que, y sobre todo, ratifica la ley de 1981 que penaliza el delito de violación, que se define como “un acto de penetración sexual, sea cual sea su naturaleza, cometido en la persona de otro, por la violencia, la coacción, amenaza o sorpresa”. La Asamblea Nacional reconoce ahora que la penetración sexual a cambio de dinero supone una coacción; la prostitución es en consecuencia una violencia, y por ello es lógico que el autor de esta relación sexual impuesta el sexo -el cliente – sea penalizado[3].
La semana pasada en el Congreso Internacional sobre prostitución y trata organizado por el Observatorio de Igualdad de Género que tuvo lugar en la Universidad Rey Juan Carlos, el experto en prostitución y trata GrégoireThéry, que ha sido uno de los mayores impulsores de la ley francesa, habló de los dos grandes principios que han supuesto el punto de partida de la norma. Por un lado, la prostitución es una violencia, que comienza antes de que la mujer se prostituya (violaciones, incesto, maltrato físico y psíquico); sigue durante el periodo en el que se prostituye (amenazas, golpes, represión policial, violaciones, acoso, robo, posibilidad de ser detenida, repatriada, etc.); y continúa cuando ha salido de ello (traumatismos, estigmatización, rechazo). Por otro lado, la prostitución supone un obstáculo enorme para la igualdad (igualdad entre hombres y mujeres, entre pobres y ricos, entre los países del Norte y del Sur).
¿Qué contiene la ley francesa?[4]
-Penalización de clientes de la prostitución:
Hasta ahora las prostitutas podían ser detenidas por solicitación y al cliente no le pasaba nada, pero a partir de ahora va a ser al revés. La compra de sexo será castigada con una multa de 1500 euros si pillan al comprador en flagrante delito. En caso de reincidencia, la cantidad ascenderá a 3.750 euros y el comprador pasará a tener antecedentes penales. La ley crea también una penalidad adicional, que consistirá en un curso de sensibilización.
-Eliminación del delito de solicitación pasiva:
Este delito fue establecido en 2003 por Nicolas Sarkozy, entonces ministro del Interior, se eliminará el delito de prostitución pasiva. El delito establecía dos meses de prisión y 3.750 euros de multa para las prostitutas.
-Medidas de prevención y de apoyo:
La ley establece un recorrido de salida de la prostitución y de inserción social y profesional. también es proporcionada por la ley. Se creará un fondo para el apoyo y la prevención de la prostitución, que será financiado por el Estado por una suma de 4,8 millones de euros al año año.
Este recorrido prevé un acompañamiento social, alojamiento, una ayuda de unos 400 euros al mes y un permiso de residencia para las extranjeras.
-Permiso de residencia de seis meses:
Las personas prostituidas de nacionalidad extranjera recibirán permisos de residencia durante al menos seis meses. El permiso sólo se emitirá para aquellas personas que sigan el recorrido de salida de la prostitución y de inserción social y profesional. Dicho permiso podrá renovarse durante toda la duración del recorrido.
[1] La propuesta de ley fue presentada en la Asamblea Nacional el 10 de octubre de 2013 y aprobada en primera lectura por la Asamblea Nacional el 4 de diciembre de 2013 y en la primera lectura, con modificaciones, por el Senado el 30 de marzo de 2015. Fue aprobada en segunda lectura en la Asamblea Nacional, con modificaciones el 12 de junio de 2015, y por el Senado, con modificaciones, el 14 de octubre de 2015. Fue adoptado en una nueva lectura por la Asamblea Nacional el 3 de febrero de 2016 y por el Senado, con enmiendas, el 10 de marzo de 2016.
[2] La diputada socialista Maud Olivier escribió el texto de la ley