El lunes pasado nos despertábamos con la abolición de la prostitución en portadas de periódicos y tertulias de informativos matutinos. El presidente Pedro Sánchez había anunciado en el 40 Congreso del PSOE que el partido de gobierno impulsará una ley abolicionista del sistema prostitucional. El mismo lunes salía a la luz que el Gobierno de coalición había postulado a la catedrática de Derecho Penal Patricia Faraldo Cabana para formar parte del Grupo de Expertos en la lucha contra la violencia hacia la mujer y la violencia doméstica (GREVIO) del Consejo de Europa, encargado de vigilar la aplicación del Convenio de Estambul. La noticia cayó como una bomba en organizaciones y asociaciones del movimiento feminista. ¿La razón? La experta escogida es una defensora de la legalización de la prostitución y por ende, negacionista de esta forma extrema de violencia machista.
Patricia Faraldo Cabana tiene un currículum impecable, con numerosos artículos, libros e investigaciones realizados. En su día se convirtió en la catedrática más joven de Derecho, doctorada por la Universidade da Coruña, donde continúa trabajando actualmente y centro académico que estuvo en medio de la polémica por la organización de unas “Jornadas sobre trabajo sexual” en septiembre de 2019, que provocaron la reacción de un sector académico de la misma universidad. Aquellas Jornadas se lograron suspender gracias a la denuncia y presión de activistas, académicas y la opinión pública que despertaron un fuerte rechazo a la realización de dichas Jornadas. Lo cierto es que solo se pudieron frenar en ese claustro, ya que el lobby pro-prostitución académico organizó luego 20 jornadas en universidades de toda España. Fuentes consultadas me confirmaron que Faraldo fue una de la impulsoras y organizadoras de las jornadas en la Universidade da Coruña.
Pero Patricia Faraldo es más conocida por haber sido una de las redactoras del Proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual que por estos días llegará al Congreso de los Diputados. En marzo de este año concedió una entrevista a La Voz de Galicia en la que hizo referencia al debate sobre la prostitución: “Yo soy regulacionista total. Hay que legalizar la prostitución para proteger a quienes la practican”. ¿A qué se referirá cuando se reconoce como “regulacionista total”? ¿A legalizar todas las formas de proxenetismo? ¿Qué criterios han tenido la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, la Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores y Globales y la Secretaría de Estado de Justicia a la hora de nominar a esta doctora en Derecho? ¿Por qué el gobierno ha escogido a esta catedrática sin incluir a las organizaciones feministas en la selección de candidatas que deben defender en ámbitos internacionales los derechos de las mujeres?
Una postulación de estas características debe ir en sintonía con los instrumentos internacionales firmados y ratificados por España. Legitimar la explotación sexual de mujeres y niñas contraviene el artículo 6 de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW): “Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer”. También menoscaba la definición que el propio Convenio de Estambul expresa en su artículo 3 sobre violencia contra las mujeres y otros instrumentos europeos.
Por poner en contexto, la doctora Faraldo es catedrática de una universidad prestigiosa situada en Galicia, una comunidad autónoma que tiene una deuda pendiente con cientos de víctimas de trata y explotación sexual de la “trama Carioca”, paradigma de impunidad y violencia institucional, con una causa encallada en la Justicia desde hace más de una década, en la que estaban presuntamente implicados miembros de fuerzas de seguridad, políticos, empresarios… Dio origen a la plataforma ciudadana Impunidade Carioca, integrada por más de 60 colectivos que a día de hoy sigue reclamando justicia para las víctimas sin obtener respuesta.
España ocupa el primer lugar de Europa en consumo de prostitución y el tercero en el mundo. Suspende en la lucha contra la trata y la explotación sexual. Esta postulación del gobierno la aleja de la abolición de la prostitución. El movimiento abolicionista de la prostitución lleva años pidiendo al Estado español: “Hechos, no palabras”. Y con razón.
