"Hechos, no palabras" en la pancarta abolicionista.

1.1. El impulso feminista al reconocimiento de la violencia sexual en el marco de los derechos humanos

El feminismo es “la noción radical de que las mujeres son personas” (1) y por tanto reclama la aplicación efectiva de los derechos humanos en toda su extensión a mujeres y niñas, incluida la libertad, en todas sus formas y ámbitos. Esto parece una obviedad, pero requirió, como veremos, reconocimiento específico de Naciones Unidas en la Declaración y Programa de Acción de Viena adoptada por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993 (2):

“I.18. Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. La plena participación, en condiciones de igualdad, de la mujer en la vida política, civil, económica, social y cultural en los planos nacional, regional e internacional y la erradicación de todas las formas de discriminación basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la comunidad internacional. La violencia y todas las formas de acoso y explotación sexuales, en particular las derivadas de prejuicios culturales y de la trata internacional de personas son incompatibles con la dignidad y la valía de la persona humana y deben ser eliminadas. (…)”. 

“II.38. La Conferencia Mundial de Derechos Humanos subraya en especial la importancia de la labor destinada a eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada, a eliminar todas las formas de acoso sexual, la explotación y la trata de mujeres, a eliminar los prejuicios sexistas en la administración de la justicia y a erradicar cualesquiera conflictos que puedan surgir entre los derechos de la mujer y las consecuencias perjudiciales de ciertas prácticas tradicionales o costumbres, de prejuicios culturales y del extremismo religioso. La Conferencia pide a la Asamblea General que apruebe el proyecto de declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer e insta a los Estados a que combatan la violencia contra la mujer de conformidad con las disposiciones de la declaración. Las violaciones de los derechos humanos de la mujer en situaciones de conflicto armado constituyen violaciones de los principios fundamentales de los derechos humanos y el derecho humanitario internacionales. Todos los delitos de ese tipo, en particular los asesinatos, las violaciones sistemáticas, la esclavitud sexual y los embarazos forzados, requieren una respuesta especialmente eficaz”. 

Por su parte, España ha ratificado los principales tratados y convenios internacionales de derechos humanos que obligan a luchar frente a la violencia contra las mujeres, entre ellas las violencias sexuales. Cabe destacar la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas (CEDAW), el Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica del Consejo de Europa (Convenio de Estambul) y el Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos del Consejo de Europa (Convenio de Varsovia). 

Más de veinte años después de la Declaración de Viena, en 2015 se aprobaba en una nueva Cumbre de Naciones Unidas la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (3), un conjunto de 17 objetivos y 169 metas asociadas para orientar los próximos 15 años en el marco de los Derechos Humanos y el desarrollo. Su Objetivo 5, “Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas”, contiene entre otras estas metas:

“5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina”

Este reconocimiento específico, cuyo impulso principal hacia el sistema de derechos humanos parte de la praxis –como interacción de conocimiento y acción– feminista, sigue siendo imprescindible porque los derechos humanos de las mujeres y las niñas son vulnerados de manera continua. Y lo son de forma abrumadoramente mayoritaria por hombres, mediante formas específicas de violencia que han llegado hasta el presente socialmente normalizadas, toleradas o silenciadas y mal tratadas por las instituciones, las leyes y la justicia. Hablamos entre otras formas, pero especialmente, de la violencia sexual y de su silenciamiento –también en el ámbito de la pareja, en el abuso sexual infantil–, del maltrato institucional y la culpabilización de las víctimas que llegan hasta hoy. 

1.2. De la cultura de la violación y el neoliberalismo sexual al MeToo

A lo largo de las diferentes “Olas” en la historia del feminismo, las agendas políticas del movimiento han ido incorporando las reivindicaciones de la vanguardia de las mujeres, y sin duda en esta Cuarta Ola feminista global a la que estamos asistiendo la lucha contra la violencia sexual ocupa un lugar primordial. Así lo afirma por ejemplo, la profesora de sociología en la Universidade da Coruña y autora feminista, Rosa Cobo, cuando sostiene que “no va a poder entenderse la cuarta ola feminista sin el abolicionismo, porque el corazón de la cuarta ola es la violencia sexual” (4).

Actualmente se va perdiendo el miedo a denunciar y a exigir responsabilidades a los victimarios en los tribunales, y el feminismo se manifiesta, exige e interpela, mediante acciones potentes y coordinadas, en contra de sentencias que consideran “abuso” lo que para quien lo sufre es violación. Desde el movimiento feminista hemos acuñado el lema: “No es no. Solo sí es sí”, que sintetiza el respeto a los límites de todo ser humano, también los de las mujeres, niñas y niños. Es un eslogan sencillo y fácil de comprender, pero mediado por la interpretación de la “cultura de la violación”, resulta inasimilable para muchos hombres. Y como veremos, la conceptualización feminista para la violencia va más allá de los eslóganes que simplifican y no abarcan la raíz de la opresión de las mujeres en una sociedad en la que subyace la ideología patriarcal.

La “cultura de la violación” es el concepto que nos ayuda a entender y describir las formas en que la sociedad culpabiliza a las víctimas y disculpa a los agresores, normalizando la violencia sexual. Las escritoras Emile Buchwald, Pamela Fletcher y Martha Roth en su libro Transforming a Rape Culture (5) , publicado por primera vez en 1993, proporcionaron una nueva comprensión de la violencia sexual y sus orígenes. Este trabajo pionero buscaba un cambio cultural fundamental con la transformación de actitudes básicas sobre el poder, los roles sexistas, la raza y la sexualidad. Las autoras explican el modo en que esta “cultura de la violación” normaliza la violencia sexual infligida contra las mujeres, niñas y niños –y también algunos hombres–; naturaliza acosos, abusos y agresiones que son “justificados”, tanto en los medios de comunicación como en la cultura popular y en el sistema de justicia.

En el contexto español, el auge de la Cuarta Ola feminista, a cuyas reivindicaciones se vienen sumando contingentes cada vez más amplios de mujeres jóvenes, como parte de las generaciones que han llegado a la madurez sexual atravesadas por un exacerbado “neoliberalismo sexual” (6) –según la expresión de Ana de Miguel, titular de Filosofía Moral y Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid–, ha canalizado con fuerza las demandas ya presentes en el movimiento MeToo global y su impugnación de la tolerancia con la violencia sexual. En todas las manifestaciones de la violencia sexual hay una respuesta del movimiento feminista que reclama el fin del silencio (7) al menos en toda el área de influencia occidental.

Concentración ante el Ministerio de Justicia en protesta por la sentencia de la manada de Sanfermines (foto: Montse Boix).
Concentración ante el Ministerio de Justicia en protesta por la sentencia de la manada de Sanfermines (foto: Montse Boix).

1.3. Contexto español: de la “manada de Sanfermines” a la Ley del “solo sí es sí” 

En nuestro país, sobre el juicio y sentencia de la llamada “manada de Sanfermines” ha recaído buena parte de la carga simbólica de estas demandas, de modo que hay un antes y un después de este juicio a cinco varones por la violación múltiple de una joven de 18 años en Pamplona en 2016, cuya sentencia del Tribunal Supremo data de junio de 2019. Este caso contiene además otro de los elementos clave para el abordaje contemporáneo de la violencia sexual: las grabaciones de los delitos por parte de los mismos agresores, que si bien pueden constituir medios de prueba contribuyen en un altísimo grado a la revictimización mediante su difusión en redes sociales.

El largo periplo judicial de este caso puso en evidencia el contexto subyacente de la cultura de la violación: de un lado, con la estrategia de la defensa, poniendo en entredicho la “reputación” de la víctima llegando incluso a contratar a un detective privado para vigilar a la joven (8). De otro, con la sentencia en primera instancia, de la Audiencia Provincial de Navarra, que condenó a los cinco acusados por abuso sexual continuado –absolviéndolos de agresión sexual–, y en la que incluso el juez Ricardo Javier González González en su voto particular no apreció comportamiento constitutivo de delito, apreciando en los vídeos probatorios “un ambiente de jolgorio y regocijo en todos ellos” (9). La reacción indignada no se hizo esperar, con miles de mujeres sumándose a la protesta en las calles de todo el país, bajo el lema “Stop a la cultura de la violación” (10). Fueron esta primera sentencia y el movimiento social los que motivaron que el Ministerio de Justicia crease una Comisión para estudiar la modificación de la tipificación de los delitos sexuales. 

La sentencia de la segunda instancia, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, ratificó la primera. Finalmente, el Tribunal Supremo elevó la condena a 15 años de prisión considerando que sí hubo agresión sexual (violación) (11) en un caso que llegó a tener repercusión internacional. Todo el ciclo de actuaciones de la administración de justicia, protestas masivas, manifiestos feministas y debate público a partir de este caso paradigmático ha canalizado en nuestro contexto cuestiones clave en torno a la conceptualización de la violencia de género y en particular de la violencia sexual como una de sus expresiones más graves y de mayor prevalencia global. En el momento actual, cinco años después de la violación múltiple de la manada de Sanfermines, el parlamento español tramita una nueva ley que pretende materializar el impulso de la reivindicación feminista por el “solo sí es sí”.

De esta forma hemos llegado al actual proyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (12), que cambia la forma en que se juzgan los delitos sexuales, regula el consentimiento expreso y acaba con la distinción entre abuso y agresión sexual, si bien no supone un endurecimiento de las penas. También recogerá, de ser aprobado, mejoras en la asistencia y derechos de las víctimas, y en él el Gobierno ha incorporado la persecución penal de la llamada “tercería locativa”, como establecimientos para la prostitución. La exposición de motivos de dicho proyecto reconoce textualmente:

“Se consideran violencias sexuales los actos de naturaleza sexual no consentidos o que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, lo que incluye la agresión sexual, el acoso sexual y la explotación de la prostitución ajena, así como todos los demás delitos previstos en el título VIII del libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, orientados específicamente a proteger a personas menores de edad”. 

Feministas en lucha contra la pornografía.
Feministas en lucha contra la pornografía.

1.4. Hacia una definición de prostitución y pornografía como violencia sexual

De nuevo la teoría política construida desde el feminismo se sitúa un paso más allá, ya que desde este pensamiento crítico la prostitución es una de las instituciones paradigmáticas de la profunda desigualdad entre los sexos, incompatible con una sociedad igualitaria. Ya desde la Segunda Ola, cuando el feminismo radical se interroga sobre la sexualidad, sus autoras la conceptualizan como un hecho político: Kathleen Barry, Kate Millet, Catherine MacKinnon, Andrea Dworkin, Carole Pateman o Sheila Jeffreys, entre otras, cuestionan como problemático el propio concepto de “consentimiento” en las relaciones sexuales, insuficiente para anclar la libertad de las mujeres mientras se mantenga una situación estructural de desigualdad. En el feminismo radical, la propia construcción de la sexualidad entre hombres y mujeres en nuestra historia ha llevado implícita una estructura de poder que es necesario desmontar. Así, desde la masculinidad patriarcal las mujeres que se salen de la norma sufren castigos, que pueden ir desde la violencia verbal a las “violaciones correctivas”, lo que cumple con un efecto disuasorio, de poder, también sobre las demás mujeres. En definitiva, desde el conocimiento de estas autoras, la violación es una cuestión política de orden sexual.

Si a ello se unen los aportes de las ciencias sociales, de los estudios sobre el daño, del sistema de derechos humanos, de las voces de la supervivientes del sistema prostitucional y de la experiencia del modelo nórdico, hay un campo de conocimiento muy amplio para reconocer la prostitución y la pornografía como formas extremas de violencia sexual.

Esta perspectiva parte, por un lado, de la “sospecha analítica” ante una sociedad que ha perpetuado la desigualdad entre los sexos pese a sus declaraciones formales, dada la abrumadora mayoría de mujeres y niñas en contextos de trata y prostitución y la práctica totalidad de varones en la columna de la demanda. En definitiva, además del desvelamiento de las supuestas “opciones individuales”, los argumentos feministas consideran la prostitución, como práctica institucionalizada que facilita privilegios sexuales a los prostituidores, una “escuela de desigualdad humana”. Como escribe Ana de Miguel (13):

“¿Qué tipo de mundo están construyendo los hombres que con su demanda determinan la existencia de la prostitución? Un mundo más injusto en el sentido fuerte de la palabra. Un mundo en el que cada día tiene menos sentido la máxima kantiana de que las personas no son medios sino fines en sí mismas. La prostitución de mujeres es para los hombres una escuela de egolatría, prepotencia y negación de toda empatía, en la que priman sus deseos y no importa en absoluto lo que vivan y sientan las mujeres prostituidas. Es una auténtica escuela para aprender e interiorizar las relaciones de desigualdad”.

De otro lado, la investigación psicosocial presta atención a las condiciones de vulnerabilidad que pesan sobre las víctimas, coaccionadas por la necesidad económica o un historial –o continuo, según autoras como la doctora en psicología y especialista en trauma, Ingeborg Kraus– de violencia. Así, la propia Kraus ha llegado a la conclusión de que “no hay prostitución voluntaria. Una mujer que se prostituye tiene razones para hacerlo”: en primer lugar, razones psíquicas de tipo traumático (14).

Desde esta vulnerabilidad, en la que los especialistas han descubierto que la prostitución es multitraumática y han detectado como patrón frecuente la preexistencia de abuso sexual infantil – entre otros, la estadounidense Melissa Farley en 2003 (15)–, resulta factible para la industria proxeneta obtener un falso consentimiento. En ningún caso resulta del ejercicio de una libertad sexual que en realidad las víctimas, cada vez más jóvenes, nunca han llegado a conocer.

Además, en el caso de la prostitución, como señala Rosa Cobo, en la economía global contemporánea el sustrato ideológico patriarcal se alía con las lógicas extractivistas del capitalismo neoliberal, dando lugar a un desarrollo sin precedentes de las industrias criminales del proxenetismo:

“La industria del sexo se encuentra en el cruce de dos procesos: por un lado, la reorganización de la economía mundial que tuvo lugar en los años setenta y ochenta, con el resultado de un gran crecimiento económico y, por otro, la reestructuración de las sociedades patriarcales que comienza a hacerse visible en los ochenta y se confirma en los noventa. Esta reforma de los patriarcados puso en marcha una compleja variedad de mecanismos de control sobre las mujeres para preservar la hegemonía masculina. La prostitución de hoy es así el efecto de la reconfiguración del capitalismo neoliberal y de la remodelación de los patriarcados contemporáneos” (16).

Son también aquellas superviventes del sistema prostitucional que han podido revisar su experiencia traumática desde el pensamiento crítico quienes están explicando la “fabricación psicosocial” sistematizada, violenta e inducida, de la mujer prostituida. Amelia Tiganus, nacida en Rumanía, es una activista abolicionista que estuvo cinco años prostituida en España, durante los cuales pasó por más de 40 prostíbulos, según su testimonio. En la actualidad esta superviviente se ha especializado en violencia sexual y es la autora del libro La revuelta de las putas. Su discurso insiste también en la idea del prostíbulo como un campo de concentración de mujeres (17).

El psicoterapeuta Péter Szil fue uno de los iniciadores de los grupos de hombres profeministas y afirma que “la pornografía es la propaganda de la prostitución”. Este investigador establece una relación directa entre pornografía,  prostitución y otras violencias sexuales, y utiliza como fuente los informes médicos para estudiar el daño. “Cuando en la pornografía se introduce un nuevo morbo, al cabo de meses, los casos de violencia sexual tienen que ver con esas nuevas modas”. Szil pone el foco en la responsabilidad de los demandantes de prostitución. “De lo que hablamos no es un problema de las mujeres, sino de los hombres”, explica. “El putero delega en el sistema prostitucional la violencia que de otro modo tendría que ejercer él” (18). Recientemente, en nuestro país la filósofa Mónica Alario ha publicado su análisis sobre la política sexual de la pornografía, en cuyo núcleo coloca la diferenciación entre “sexo” y “violencia sexual” (19).

Movimiento feminista por la abolición de la prostitución, Madrid, 8 de marzo de 2020.
Movimiento feminista por la abolición de la prostitución, Madrid, 8 de marzo de 2020.

1.5. Las raíces de la violencia sexual. La violencia sexual es violencia de género

En nuestro contexto, en la actual legislatura el Ministerio de Igualdad ha iniciado un proceso de consultas públicas previas a la modificación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta norma con 17 años de vigencia marcó como referencia la violencia que, como manifestación de la desigualdad o relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, ejercen sobre ellas sus parejas o ex parejas varones. Se impone, en este momento, ampliar su cobertura y legislar acerca de la violencia sexual como manifestación de la violencia de género o violencia machista, y a su vez definir prostitución y pornografía como violencia sexual. El propio Convenio de Estambul ratificado por España exige la ampliación del ámbito de protección, ya que abarca todas las formas de violencia contra las mujeres. También el Pacto de Estado contra la Violencia de Género firmado en 2017 avanzó en el reconocimiento de todas las formas de violencia contra las mujeres y en la respuesta frente a las violencias sexuales. El propósito de Gobierno con esta reforma es convertir la Ley de 2004 en la ley marco sobre la materia (20).

La violencia de género, también llamada violencia machista es la violencia que ejercen los varones (directamente o a través de terceros/as) contra las mujeres y las niñas por razón de sexo. Todas estas denominaciones –de género, machista, por razón de sexo– deben considerarse sinónimas a todos los efectos políticos y legales. Esta violencia específica es causa y consecuencia de la opresión de los varones sobre las mujeres, como forma de control y sometimiento, y es una de las mayores y más persistentes violaciones de los derechos humanos, siendo obligación de todas las instituciones y un desafío para el conjunto de la sociedad su erradicación.

De forma vinculante, la redacción del Convenio de Estambul (21) define la “violencia contra las mujeres” como actos “basados en el género” y aclara a continuación qué ha de entenderse por género. Así:

Artículo 3 – Definiciones

A los efectos del presente Convenio:

a por “violencia contra las mujeres” se deberá entender una violación de los derechos humanos y una forma de discriminación contra las mujeres, y designará todos los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada;

b por “violencia doméstica” se entenderán todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales, independientemente de que el autor del delito comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima;

c por “género” se entenderán los papeles, comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres;

d por “violencia contra las mujeres por razones de género” se entenderá toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecte a las mujeres de manera desproporcionada;

e por “víctima” se entenderá toda persona física que esté sometida a los comportamientos especificados en los apartados a y b;

f el término “mujer” incluye a las niñas menores de 18 años. 

En la teoría política feminista y en el derecho antidiscriminatorio, el término género designa un sistema de reglas y roles que determina las relaciones entre los sexos y que, además, confiere un estatus o jerarquía social a cada uno de ellos. Constituye un sistema de normas y creencias socioculturales que asignan a cada sexo guiones o modos de actuar que se traducen en relaciones en las cuales al varón le es conferido un lugar de dominación y a la mujer una posición de subordinación. 

Sin embargo, en los últimos años la fuerte irrupción en la esfera social y política de los intereses que promueven la llamada “identidad de género” ha derivado en una situación compleja y confusa para la sociedad y el propio poder legislativo en varios países. Resulta un encaje complicado, en un mismo ordenamiento jurídico, del concepto de género como categoría a erradicar –por ser una construcción social con atribuciones desiguales para mujeres y hombres, incompatible con el principio igualitario– y de la idea de género como atributo protegido, parte de la “identidad” de las personas. Esta situación está llevando a buena parte de las autoras y militantes feministas a reivindicar la nomenclatura de violencia contra las mujeres o violencia machista para evitar ambigüedades, máxime en este momento, cuando se abre la reforma de la ley marco española.

La jurista especializada en derechos humanos Alba Ubieto Oliván apuntaba ya en 2018, a partir de la polémica por la primera sentencia del caso de “la manada de Sanfermines”, la necesidad de reformas legales en lo relativo a violencia sexual y de adoptar una perspectiva que tenga en cuenta el carácter sistémico y el desequilibrio de las relaciones de poder entre varones y mujeres que están en el subtexto de esta violencia (22):

“De acuerdo con los desarrollos del Feminismo Legal, es precisamente en los casos de violencia sexual contra las mujeres donde más interfieren los estereotipos de género, que no sólo influyen en las mentalidades y respuestas de las instituciones, sino que se encuentran enraizados en las propias leyes y normas jurídicas

(…)

debería considerarse la violencia sexual como una forma de violencia de género, teniendo en cuenta que ésta afecta a las mujeres de forma desproporcionada. Dicha asimilación permitiría brindar mayor protección a las supervivientes y garantizar que sus casos sean tratados con perspectiva de género, es decir, apreciando el contexto de violencia sistémica y desequilibro en las relaciones de poder entre géneros en los que se enmarcan. De lo contrario, se seguirá obstruyendo el derecho de las mujeres a acceder a la justicia”. 

Enmarcada en la violencia de género o violencia contra las mujeres por razón de sexo, una de las definiciones más recurrentes de la violencia sexual es la que proporciona la Organización Mundial de la Salud (OMS) (23):

“Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo”

La misma organización aclara que abarca desde el acoso verbal a la violación y las dificultades para el estudio de su prevalencia real –ver epígrafe 3–, dada la proporción pequeña de notificación de los casos en informes policiales, clínicos o de ONGs. Por tanto para la OMS, “Los datos de mejor calidad sobre la prevalencia de la violencia sexual provienen de encuestas basadas en la población”. Sistemas de apoyo inadecuados, vergüenza, temor o riesgo de represalias, de ser culpadas, de no ser creídas, de ser mal tratadas o socialmente marginadas, son algunas de las razones que la OMS apunta para ese silencio de las víctimas.

Entre sus formas, la OMS incluye pero no se limita a lo siguiente: violación en el matrimonio o en citas amorosas; violación por desconocidos o conocidos; insinuaciones sexuales no deseadas o acoso sexual (en la escuela, el lugar de trabajo, etc.); violación sistemática, esclavitud sexual y otras formas de violencia particularmente comunes en situaciones de conflicto armado (por ejemplo fecundación forzada); abuso sexual de personas física o mentalmente discapacitadas; violación y abuso sexual de niños; y formas “tradicionales” de violencia sexual, como matrimonio o cohabitación forzados y “herencia de viuda”. La información de la OMS no cita expresamente el feminicidio en su conceptualización, si bien sí recoge como ejemplos de sus consecuencias los resultados mortales, como suicidio, aborto inseguro, asesinato durante la violación o asesinatos “de honor”. La perspectiva de la OMS sobre la violencia sexual, ampliamente citada, no profundiza en las raíces estructurales de género ni exhorta a los cambios necesarios en las relaciones de poder y la socialización masculina para evitar la perpetuación de esta violencia.

1.6. Reforzar la protección de los menores

Respecto a las violencia sexual contra menores, la propia exposición de motivos del proyecto de Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual recuerda los compromisos concretos de nuestro país, en virtud de la ratificación del Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote) (24) y de la aprobación de la Directiva 2011/93/UE (25) del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. A su vez, esta última se remite al el artículo 34 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989 (26), por el que los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales. El propio Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas ha recomendado a España que investigue activamente los casos de explotación y de abusos sexuales de niños y niñas.

Desde junio de 2021, nuestro país dispone de una nueva herramienta legal en la protección de los menores, la “Ley Rhodes” –llamada así por el músico británico nacionalizado español James Rhodes, víctima de abuso sexual en la infancia y activista–, que es la Ley Orgánica 8/2021 de Protección Integral a la Infancia y a la Adolescencia frente a la Violencia (27). Una de sus principales novedades es la ampliación a 35 años de edad de la víctima para el comienzo del plazo de prescripción de estos delitos. No obstante, las asociaciones de víctimas lo consideran insuficiente y reclaman que el plazo empiece a contar cuando la víctima cumpla 50 años o que no prescriba. Además, para evitar la revictimización –narrando reiteradamente los hechos traumáticos–, la nueva ley obliga a los jueces de instrucción a usar la prueba preconstituida en el caso de los niños y niñas menores de 14 años.

Manifestación feminista, 23 de octubre de 2021.
Manifestación feminista, 23 de octubre de 2021.

1.7. Un momento clave

En conclusión, España se encuentra en un momento histórico clave para la articulación de las políticas públicas y el desarrollo legislativo de nuestro derecho antidiscriminatorio, como herramienta de prevención, protección y lucha contra la violencia sexual:

De un lado, en el marco sociopolítico, la presencia activa de un movimiento feminista organizado, su influencia en la sociedad y la inclusión en los programas políticos de algunas de sus demandas está consiguiendo consolidar un consenso amplio sobre la necesidad de luchar contra las violencias estructurales que sufren las mujeres y también las que afectan a niñas y niños. De tal modo que al menos una parte de esa herencia de pensamiento político feminista en conjunción con las movilizaciones de la Cuarta Ola se pone al servicio efectivo del pacto social de convivencia. De ahí que hablemos de praxis, pensamiento en acción, del feminismo para perfeccionar la democracia.

Es en este contexto en el que en septiembre de 2021 el Parlamento Europeo votó a favor de la definición de la violencia de género como eurodelito, es decir, como un nuevo ámbito delictivo en virtud del Artículo 83(1) del Tratado de la UE, junto a otros delitos que hay que combatir con criterios comunes, como el tráfico de personas, drogas y armas, la ciberdelincuencia y el terrorismo.

En España, en este momento hablamos de las reformas legales en marcha –reforma de la Ley Integral contra la Violencia de Género, aprobación del proyecto de Ley de Garantía de la Libertad Sexual, consolidación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo– y de la aplicación de las recientemente aprobadas, como la Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia de 2021–. También, del desarrollo de los planes de políticas públicas, en los tres niveles de la administración, en el ámbito de las políticas de igualdad entre los sexos. Y por último, del compromiso por parte del presidente de Gobierno para impulsar en esta legislatura la abolición de la prostitución, lo que pasa necesariamente por su conceptualización como forma extrema de violencia sexual.

De otro, las dificultades que amenazan los buenos resultados reales de todo este esfuerzo legislativo y político son enormes, como está mostrando la tendencia al alza de la incidencia –al menos, de la conocida– de los delitos sexuales, evidenciando que cuando se descuidan las políticas de igualdad, se retrocede y se cosechan violencia y desigualdades. En primer lugar, por la propia complejidad, el arraigo ideológico patriarcal profundo y la ocultación de la violencia sexual, que exigen un gran esfuerzo transversal y un cambio de paradigma social. En segundo lugar, por los intereses en contra de este cambio que exige la pérdida de privilegios ilegítimos a los varones y un reparto equitativo del poder, en el ámbito público y privado, entre los sexos. Singularmente, hay sectores políticos en la ultraderecha rentabilizando y auspiciando estas resistencias. En tercer lugar, por la acción de otros grupos de interés y cierta dosis de confusión en conceptos básicos sobre teoría política, el sistema sexo-género y un encaje legal contradictorio y regresivo para las mujeres, toda vez que invisibiliza la raíz de la opresión de las mujeres, una opresión por razón de sexo.


NOTAS:

(1) SHEAR, Marie (1986). “Media Watch: Celebrating Women’s Words”, New Directions for Women. Vol. 15, Nº 3 (Mayo/junio 1986), p. 6. La definición de Marie Shear (1940-2017) para “feminismo” está recogida en su artículo publicado en 1986 como reseña de “Un diccionario feminista” (A Feminist Dictionary, 1985), que compilaron Cheris Kramarae, Paula A. Treichler y Ann Russo.
Disponible online en:
https://www.jstor.org/stable/pdf/community.28041159.pdf?ab_segments=0%2Fbasic_search_gsv2%2Fcontrol&refreqid=fastly-default%3Ae0ad78457df4b93b40efb3b7780c88b8

(2) NACIONES UNIDAS (1993). Declaración y Programa de Acción de Viena, aprobados por la Conferencia Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993. Disponible online en: https://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_Spanish.pdf

(3) NACIONES UNIDAS (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 18 de septiembre de 2015. Disponible online en: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=S

(4) DE BLAS, Ana (2019). “Rosa Cobo: en la cuarta ola se ha impuesto definitivamente el abolicionismo”, Tribuna Feminista (14-9-2019): https://tribunafeminista.elplural.com/2019/09/rosa-cobo-en-la-cuarta-ola-se-ha-impuesto-definitivamente-el-abolicionismo/

(5) BUCHWALD, Emilie; FLETCHER, Pamela y ROTH, Martha (2005). Transforming a Rape Culture (Minneapolis, Minnesota, Milkweed Ed.) (primera edición 1993). 

(6) DE MIGUEL, Ana (2019). Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección (Madrid, Cátedra) (primera edición 2015).  En este libro, la autora sostiene cómo la conversión de los cuerpos de las mujeres en mercancía es el medio más eficaz para difundir y reforzar la ideología neoliberal. 

(7) Sobre el movimiento MeToo y sus manifestaciones en España, léase: DE BLAS, Ana (2017). “El año en el que las artistas abrieron los cerrojos del acoso sexual”, Tribuna Feminista (18-12-2017): https://tribunafeminista.elplural.com/2017/12/el-ano-en-el-que-las-artistas-abrieron-los-cerrojos-del-acoso-sexual/

(8) DIGES, Jesús (2017). “Rabia colectiva por un informe sobre la víctima de la violación de San Fermín”, El Periódico de Catalunya (15-11-2017, actualizado 24-4-2018): https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20171115/indignacion-en-las-redes-por-un-informe-sobre-la-violacion-de-san-fermin-que-asegura-que-la-joven-no-quedo-traumatizada-6425197

(9) SENTENCIA Nº 000038/2018 Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra. Disponible en: https://e00-elmundo.uecdn.es/documentos/2018/04/26/sentencia_juicio_la_manada.pdf

(10) EL PAÍS (2018). “Así te hemos contado las reacciones a la sentencia de La Manada”, El País (5-5-2018, actualizado el 10-5-2018): https://elpais.com/politica/2018/05/04/actualidad/1525453795_750797.html

(11) SENTENCIA Nº 344/2019 Tribunal Supremo. Sala de lo Penal. Disponible en: https://ep00.epimg.net/descargables/2019/07/05/6c492a5ff38b11ed77a1a8166acec175.pdf

(12) GOBIERNO DE ESPAÑA (2021). Tramitación del Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual: https://transparencia.gob.es/servicios-buscador/contenido/normaelaboracion.htm?id=NormaEV03L0-20200902&lang=es&fcAct=2021-06-30T12:23:27.739Z Disponible también en: https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-62-1.PDF

(13) DE MIGUEL, Ana. Op. cit., p. 178.

(14) KRAUS, Ingeborg: la doctora Ingeborg Kraus es una psicoterapeuta alemana, especialista en trauma. Ha trabajado con víctimas de violaciones de guerra y con víctimas de prostitución y trata. Esta especialista constata cuatro negaciones: una negación de las violencias contra las mujeres antes de su entrada en la prostitución; negación de las consecuencias físicas y psíquicas que genera; negación de las violencias contra las mujeres en situación de prostitución; y negación del impacto de la prostitución en la sociedad, en las relaciones entre hombres y mujeres y en la familia. Léase: https://geoviolenciasexual.com/alemania-fabrica-europea-de-la-explotacion-sexual-de-mujeres/, https://tribunafeminista.elplural.com/2020/09/no-se-puede-regular-la-prostitucion-porque-es-imposible-regular-la-violencia-i-kraus/

(15) FARLEY, Melissa: la psicóloga clínica Melissa Farley es fundadora y directora de la organización Prostitution Research and Education en San Francisco, Estados Unidos (https://prostitutionresearch.com/pub_author/melissa-farley/). Farley ha investigado la prostitución durante más de 15 años analizando centenares de casos. Junto a un equipo de investigadores, es la autora del estudio de referencia Prostitución y trata en 9 países. Una actualización sobre violencia y trastorno de estrés postraumático (http://www.prostitutionresearch.com/pdf/Prostitutionin9Countries.pdf). Los investigadores entrevistaron a 854 personas en 9 países (Canadá, Colombia, Alemania, México, Sudáfrica, Tailandia, Turquía, Estados Unidos y Zambia), indagando sobre la violencia sexual y física. Descubrieron que “la prostitución era multitraumática: el 71% fueron agredidos físicamente en la prostitución, pero no tenían otras opciones para sobrevivir. El 75% del total había estado sin hogar en algún momento de su vida; El 68% cumplió los criterios para el Sindrome de Estrés Postraumático” (TEPT, en inglés). Estos hallazgos contradicen mitos comunes sobre la prostitución, según Farley, como los que afirman que la mayoría de las personas que ejercen la prostitución consienten libremente, o que legalizarla o despenalizarla disminuiría su daño.

(16) COBO, Rosa (2019). La prostitución en el corazón del capitalismo (Madrid, Catarata) (primera edición, 2017), pp. 102-103.

(17) TIGANUS, Amelia (2021). La revuelta de las putas. De víctima a activista (Barcelona, Ediciones B). Amelia Tiganus es una referente en su activismo y se ha convertido en una voz del movimiento feminista en España, así como entre quienes construyen una teoría abolicionista de la prostitución. Léase también: https://geoviolenciasexual.com/la-revuelta-de-las-putas/

(18) SZIL, Péter: psicoterapeuta nacido en Hungría, vivió en Suecia y ha desarrollado gran parte de sus actividades en España. Léase: http://andra.eus/los-hombres-tienen-que-hacerse-disidentes-del-patriarcado/

(19) ALARIO, Mónica (2021). Política sexual de la pornografía. Sexo, desigualdad, violencia (Madrid, Cátedra).

(20) MINISTERIO DE IGUALDAD (2021). Consulta pública previa (25-10-2021 a 9-11-2021): https://www.igualdad.gob.es/servicios/participacion/consultapublica/Documents/consulta%20p%C3%BAblica%20reformaLO1_04.pdf

(21) CONSEJO DE EUROPA (2011). Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul): https://rm.coe.int/1680462543

(22) UBIETO, Alba (2018). “La violencia sexual como violencia de género: una perspectiva desde el derecho internacional de los derechos humanos”, Femeris, Vol. 3, Nº 2, Universidad Carlos III, Madrid, pp. 165-170. Disponible online en: https://e-revistas.uc3m.es/index.php/FEMERIS/article/view/4324/2845

(23) ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2013). Comprender y abordar la violencia contra las mujeres. Violencia sexual. Edición en español: Organización Panamericana de la Salud: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/98821/WHO_RHR_12.37_spa.pdf;sequence=1

(24) CONSEJO DE EUROPA (2007). Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote). Disponible online en: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-17392

(25) PARLAMENTO EUROPEO Y CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA (2011). Directiva 2011/93/UE relativa a la lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. Disponible online en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A32011L0093

(26) NACIONES UNIDAS (1989). Convención sobre los Derechos del Niño. Disponible online en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx

(27) BOLETÍN OFICIAL DE ESTADO (2021): Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-9347

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