“Nuestra idea es abolir la prostitución”. Tras el primer Consejo de Ministros del año, el Gobierno ha puesto en el reloj de la legislatura su intención ante una cuestión de derechos humanos y una larga reclamación feminista. La concreción de esta “idea”, como un objetivo a incluir en una ley de trata –definida en el Protocolo de Palermo y en nuestro Código Penal– lleva a las entidades abolicionistas al escepticismo, cuando menos. “Queremos la ley abolicionista, no maquillajes”, advertía la integrante del Front Abolicionista País Valencià, Puri Liétor, secretaria general de Feministas al Congreso. A la espera de un borrador, desde geoviolenciasexual.com hemos recogido las posiciones de diferentes grupos políticos en la Comisión de Igualdad del Congreso. A la vista de las respuestas obtenidas hasta el momento, la distancia para un acuerdo es larga. En una segunda parte analizamos varios documentos publicados por el Gobierno de coalición.
Por Ana de Blas
1) ¿Considera que la anunciada ley contra la trata de seres humanos debe ser también una ley encaminada a la abolición de la prostitución, como han anunciado algunos miembros del Gobierno de coalición?
Laura Berja, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Igualdad del Congreso, responde: “La Ley contra la trata en España tiene que tener como objetivo principal la erradicación de la explotación sexual de mujeres y niñas. Según datos de la UE, casi el 75% del total de las víctimas de trata son mujeres y niñas. A su vez, en Europa, la forma de trata más común es la explotación sexual (60%) y el 92% de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas”.
La diputada socialista continúa: “El PSOE es abolicionista de la prostitución, así lo hemos ratificado en el 40 Congreso del partido y no es la primera vez, en el 39 Congreso también lo hicimos. En este último congreso aprobamos la necesidad de impulsar un marco legislativo abolicionista de la prostitución. Para las socialistas existe una realidad que debemos afrontar, no vamos a mirar para otro lado. Sin prostitución no hay trata. Tenemos claro que para ello la abolición de la prostitución es el camino”.
La diputada por Barcelona Mar García Puig es la vicepresidenta primera de la Comisión de Igualdad. “Desde En Comú Podem” –contesta– “pensamos que lo que es necesario no es una ley abolicionista, sino una ley que proteja a las víctimas, que no recaiga en ellas el peso de la declaración, que incorpore la necesaria modificación de la Ley de Extranjería para que las mujeres no teman una orden de expulsión. Una ley con una perspectiva de derechos que incorpore todos los tipos de trata, tal y como reclaman organismos internacionales como GRETA (Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings). Y una ley que no confunda prostitución no forzada con trata de seres humanos”.
La representante de En Comú Podem añade que “para que una ley contra la trata de seres humanos sea realmente efectiva no puede confundir trata con prostitución no forzosa, porque debemos ser capaces de dar respuestas diferentes a las diferentes situaciones de las personas que ejercen la prostitución”.
Para Joseba Agirretxea, portavoz del Grupo Vasco EAJ-PNV en esta Comisión, “a nuestro entender, la futura Ley de Trata debe contemplar y abordar la problemática de la trata de seres humanos, independientemente de los fines para los que se ejercite. Por su parte, consideramos que es necesario celebrar un gran debate en torno a la prostitución, en su globalidad e integridad, partiendo de un análisis real de la situación, con datos, que hasta ahora no se ha hecho, para poder dar una respuesta a una situación real existente. Y realizamos esta diferenciación porque no podemos afirmar que la prostitución provenga siempre de la trata de seres humanos, aunque en infinidad de ocasiones esté íntimamente relacionada”.
Fuentes del Grupo Parlamentario Popular sostienen que “la erradicación de la violencia de género y la explotación sexual es un eje prioritario” para su partido, y en su opinión, “por el contrario, el Gobierno anuncia que va a abolir la prostitución pero no ha sido capaz de aprobar un Plan Integral de Lucha contra la Trata de Mujeres y niñas con fines de explotación sexual”. Señalan que el último fue aprobado por el gobierno del PP para el periodo 2015-2018. “Tampoco ha cumplido en tres años con la medida 257 del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de aprobar una Ley Integral y Multidisciplinar contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual”, añaden.
2) ¿Hay que sancionar a los demandantes de prostitución?
Según la representante socialista Laura Berja, “para acabar con la explotación sexual de mujeres y niñas es necesario impulsar un amplio marco normativo que tenga distintos objetivos: apoyar a las mujeres prostituidas para que puedan salir de la prostitución con alternativas vitales y desplegar recursos de la administración pública para ser atendidas, perseguir todas las formas de proxenetismo para acabar con la impunidad que existe sobre el lucro de la prostitución de mujeres y niñas, promocionar una educación sexo afectiva igualitaria y feminista y, por supuesto, dirigirnos con sanciones a los que también son responsables de la explotación sexual, los prostituidores o llamados puteros. Sin demanda de prostitución no habría explotación sexual de mujeres y niñas, por lo tanto las políticas abolicionistas deben incorporar sanciones a estos varones”.
Distinta es la posición de Mar García Puig, de En Comú Podem: “No somos partidarias de medidas que aboquen a las mujeres que ejercen la prostitución a más clandestinidad, ni a más precariedad y vulnerabilidad como se ha demostrado que sucede con medidas de este tipo. El punitivismo no resolverá una cuestión que debe abordarse desde una perspectiva de derechos”.
Desde el PNV, Joseba Agirretxea, sostiene que “el fenómeno de la prostitución y la respuesta que debemos darle van más allá de la sanción punitiva a quien la consuma; lo contrario sería empezar la casa por el tejado”.
Para el PP, “se debe luchar contra este delito a través de la colaboración, coordinación y la suma de todos los actores implicados –Administraciones Públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Entidades especializadas, sociedad civil– así como mediante la visibilización de esta realidad y sus responsables”. Los populares hablan de “adoptar un enfoque integral en la lucha contra la trata de seres humanos”. Añaden que “todas las actuaciones tienen que velar por el cumplimiento del interés superior del menor, con la finalidad de protegerles de la forma más adecuada. Mención especial merecen los menores más vulnerables”.
En cuanto al ámbito procesal y penal, los populares consideran imprescindible “abordar las modificaciones legales necesarias, incluida introducir una agravante cuando la víctima de trata sea menor de edad, y nuevos tipos penales como el proxenetismo lucrativo”.
3) ¿Qué es posible hacer desde el Legislativo para ayudar a las víctimas?
Laura Berja (PSOE) considera que “las mujeres y niñas prostituidas son víctimas que deben ser atendidas desde muchas instancias de la administración y debemos considerarlas prioritarias todas las instituciones públicas. Las socialistas apostamos por la abolición de la prostitución con una perspectiva integral de recuperación de las mujeres y niñas explotadas sexualmente, teniendo en cuenta la necesidad de impulsar todos los recursos posibles para que puedan vivir en mejores condiciones”.
Mar García Puig (En Comú Podem) señala varias actuaciones: “En primer lugar, necesitamos con urgencia una ley orgánica que incluya todos los tipos de trata y que, entre otras cosas, garantice que todo el peso de la prueba no recaiga en la declaración de la víctima en el proceso judicial”. “Debe modificarse también la Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección de testigos y peritos en causas criminales, para resolver los graves problemas de aplicación y protección de las víctimas con las que nos encontramos actualmente en los procesos judiciales”.
“Y, por supuesto, debe ponerse en el punto de mira una ley de extranjería, que, en muchos casos, conlleva la expulsión de la víctima, ya que condiciona la protección a la cooperación con la investigación del delito. Debemos también aspirar a un cambio en las políticas de fronteras, que impiden que estas mujeres puedan emprender proyectos migratorios autónomos y las empujan a las mafias y redes de explotación”.
“Y, por último, hay que huir de legislaciones prohibicionistas y criminalizadoras que obstaculizan las posibilidades de las mujeres para desvincularse de la violencia machista que sufren, generando más aislamiento social y dificultando la demanda de apoyo”.
Para el portavoz de EAJ-PNV, Joseba Agirretxea, “primero tendremos que definir quiénes son las víctimas: ¿nos estamos refiriendo a las víctimas de trata? ¿a las que ejercen la prostitución? Pueden ser las mismas personas o no. En el caso de las primeras, sin lugar a dudas son víctimas, independientemente de que ejerzan la prostitución o no; hay que darles todo el apoyo, buscar una reinserción social y laboral y, por otro lado, perseguir, con todo el peso de la ley, a quienes tratan con personas”.
En el grupo Popular señalan de nuevo al Ejecutivo: “Este Gobierno lleva tres años de retraso. Desde el PP venimos reclamando al Gobierno la aprobación de una Ley Orgánica de lucha integral y multidisciplinar contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, que establezca mecanismos adecuados para la prevención, refuerce la persecución de oficio del delito, promueva la eliminación de publicidad de contenido sexual y ponga en marcha servicios y programas de protección social y recuperación integral de las víctimas”.
“Según las recomendaciones del Convenio del Consejo de Europa” –añaden–, hay que “definir y formalizar el papel de asistencia, apoyo y acompañamiento de las entidades especializadas durante el procedimiento penal, siempre que se cuente con el consentimiento de la víctima”. “Se debe evitar la revictimización de la mujer, contando para ello con los informes de entidades especializadas sobre la situación en la que se encuentra la víctima, sus secuelas físicas y psicológicas. Se les debe dar mayor protagonismo a las referidas entidades, dado que su presencia y participación resultan esenciales”.
4) ¿Debe considerarse la prostitución como una forma de violencia machista?
Laura Berja (PSOE), responde afirmativamente: “la prostitución legitima el acceso reglado de los varones a los cuerpos de un grupo de mujeres. A través de esta forma de explotación sexual se producen múltiples violaciones de los derechos humanos. Sí, la prostitución es una forma de violencia contra las mujeres”.
Para Mar García Puig (En Comú Podem), “los riesgos de entender la prostitución como violencia machista radican en el impacto que pueda tener respecto a la negación de las violencias que se dan en su ejercicio y la desprotección de las mujeres. Si toda prostitución es violencia machista… ¿cómo una mujer podrá denunciar violencia sexual en el ejercicio del trabajo sexual?”
La diputada catalana continúa: “En nuestro permanente diálogo con trabajadoras sexuales, hemos constatado que hay mujeres que ejercen la prostitución de manera no forzada, como manera de obtener ingresos. La criminalización, la victimización o el paternalismo profundizan en la discriminación e implican restringir el ejercicio efectivo de sus derechos. Pensamos que cuando el ejercicio de la prostitución no es forzada, el fin de las políticas públicas debe ser garantizar a estas mujeres los mismos derechos que al resto de la ciudadanía: el derecho a la salud, a la información, a los servicios públicos, a mayores oportunidades formativas y laborales, a la residencia, a la participación y autoorganización, a las prestaciones sociales, etc. Y hacerlo poniendo en el centro sus demandas y de acuerdo con su propio proyecto de vida”.
Joseba Agirretxea, de EAJ-PNV, responde a esta cuestión: “Es innegable que en el ejercicio de la prostitución muchas mujeres en muchas ocasiones padecen violencia machista, y además a veces muy intensa. Ahora bien, ¿podemos afirmar que la prostitución es, siempre y sin ningún matiz, violencia machista? A nuestro juicio, no deberíamos establecer criterios ético-morales personales para asociar, automáticamente, la prostitución con violencia machista en cualquier situación. Debemos, antes, estudiar en profundidad todas las situaciones. En todo caso, en los muchos casos en los que se ejerce la violencia en la prostitución hay que denunciarlo, perseguirlo y castigarlo”.
Por último, desde el Partido Popular piden “compromiso presupuestario, institucional, de cooperación y colaboración para poder ejecutar todas las medidas”. “El PP apuesta claramente por erradicar la prostitución”, afirman.