Pacto contra la violencia y ley abolicionista: ¿hacia dónde vamos?

Concentración en la Puerta del Sol de Madrid contra la violencia machista. 11 de junio de 2021.
Feminicidios, violencia física, sexual, psicológica o económica; explotación, agresiones, acoso sexual o por razón de sexo, ciberacoso. Son múltiples las formas que adopta la violencia masculina contra las mujeres e incluso se renueva en sus manifestaciones, partiendo de una misma raíz de control y sometimiento. Desde Geoviolenciasexual.com hemos consultado a expertas por las claves de la agenda feminista contra la violencia machista y hemos seguido las jornadas parlamentarias alrededor del cuarto año del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Las demandas del abolicionismo de la prostitución están hoy muy presentes, junto a la preocupación por el repunte de feminicidios tras el confinamiento, por el negacionismo de la ultraderecha y por los indicadores del aumento de la violencia sexual entre los jóvenes.

 

Mónica Marcos Piñeiro, de 52 años, fue asesinada a cuchilladas el 15 septiembre en su casa de A Coruña. Dos días después la policía detenía en Madrid a su pareja como presunto autor del crimen. Con ella se alcanzan en la base de datos de Feminicidio.net 62 feminicidios y asesinatos de mujeres cometidos por hombres en lo que va de año en España, mientras la estadística oficial de violencia de género, que contabiliza los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, registra 35 víctimas mortales en 2021. Este es solo el vértice más cruento de una violencia de los varones sobre las mujeres contra la que el movimiento feminista lleva décadas clamando y frente a la que nuestro país se dotó, hace ahora cuatro años, de una herramienta legal para reforzar las existentes. Así, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género tomó la forma de un gran acuerdo político, sin ningún voto en contra – 278 votos a favor en el Congreso y 65 abstenciones de Unidos Podemos, hoy Unidas, y alguna del Grupo Mixto–, que en la Cámara actual sería difícil repetir.

Según la última macroencuesta oficial de violencia contra la mujer (2019), en España una de cada dos mujeres (57,3%) ha sufrido violencia machista en mayor o menor grado, una de cada cinco (21,5%) violencia física a lo largo de su vida, un 13,7% violencia sexual. En los últimos datos del Observatorio del Consejo General del Poder Judicial, las denuncias por violencia de género –a manos de la pareja o ex pareja– en el segundo trimestre de 2021 (40.721) aumentaron un 17,8% con respecto a 2020, y el número de víctimas ascendió un 20,4%, lo que sitúa la incidencia a los niveles previos a la pandemia. Durante el segundo trimestre de 2021 se solicitaron 11.098 órdenes de protección, un 9,6% más que el año anterior. 

A falta de informes de seguimiento –a pesar de estar previstos en el propio acuerdo–, del Pacto de Estado contra la Violencia de Género cabe analizar sus fortalezas o debilidades, su aplicación y las claves para su futuro, en forma de renovación o las demandas para su ampliación. En el largo proceso hasta su firma, finalmente en 2017 no se alcanzó el consenso suficiente para la inclusión de la prostitución como una forma de violencia machista, lo que dotaría a las víctimas de un estatus de protección y reforzaría el camino hacia una legislación específica abolicionista de la prostitución en España.

 

Carmen Calvo, en la jornada parlamentaria sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, celebrada el 27 de septiembre de 2021.
Carmen Calvo, en la jornada parlamentaria sobre el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, celebrada el 27 de septiembre de 2021.

Carmen Calvo, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso: “Tenemos una ventana de oportunidad para una ley contra la trata y la prostitución”

Las imágenes de los siete “padres” de la Constitución del 78 presiden desde los retratos en la pared mientras, ante los micrófonos de la Sala Constitucional del Congreso, las mujeres han ido tomando la palabra. Lo chocante de este contraste es evidente para las feministas, dentro y fuera de las instituciones políticas. Llega el turno de la clausura de las jornadas parlamentarias organizadas por el grupo socialista y las cámaras se arremolinan para captar la foto del día. Carmen Calvo articula un discurso contra la violencia machista con lo que llama un combate en “dos carriles”: la lucha contra la violencia de género y la abolición de la prostitución. La exvicepresidenta primera del Gobierno es la nueva presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso.

Ante “una violencia estructural, endémica”, explicó, la derecha y sobre todo la ultraderecha “ha puesto su objetivo político en contestar al feminismo y negar esta violencia”.“El Pacto no puede flaquear, tiene que seguir desarrollándose”, señaló. “Tenemos una ventana de oportunidad que se ha abierto para una ley contra la trata y la prostitución”, afirmó también. Para Calvo, “las causas que provocan la prostitución son las más terribles en la violación de nuestros derechos humanos”. Acto seguido habló de empezar “estrategias distintas” para “una ley complicada” que abarca aspectos de derecho internacional.

Durante los años de mayoría socialista en el gobierno no se llevó a las Cortes un proyecto de ley abolicionista de la prostitución. El expresidente Rodríguez Zapatero, que afirma ahora lamentar no haberlo hecho durante su mandato, ha anunciado que defenderá el abolicionismo en el próximo congreso federal socialista que se celebrará entre el 15 y el 17 de octubre. En el acuerdo de legislatura firmado por el PSOE y Unidas Podemos, donde textualmente se reconoce el serio problema de derechos humanos que tiene el Estado español en esta realidad –“nuestro país es uno de los países de tránsito y destino de muchas de estas mujeres y niñas que son obligadas a ejercer la prostitución”, se lee–, sin embargo el compromiso se limita a aprobar “una Ley Integral contra la Trata de mujeres con fines de explotación sexual”. No hay ninguna mención a la sanción a la demanda ni un enfoque abolicionista del sistema prostitucional en ese documento.

 

Marisa Soleto (primera por la derecha) interviene en la jornada.
Marisa Soleto (primera por la derecha) interviene en la jornada.

Marisa Soleto, directora de la Fundación Mujeres: “Las organizaciones aportamos un baño de realidad indiscutible”

El Pacto de Estado contra la violencia de género fue el resultado de un largo recorrido, desde la presión del movimiento feminista al legislativo. Durante cerca de nueve meses comparecieron más de sesenta expertas y expertos y tras ello las negociaciones políticas dieron como resultado un documento con 214 medidas. Como dotación presupuestaria se aprobaron 1.000 millones de euros en total, 200 por cada uno de los cinco años de vigencia, a ejecutar desde la administración central, la autonómica y los ayuntamientos. Además, una comisión de seguimiento parlamentaria tiene como misión evaluar el cumplimiento del Pacto y el destino de esos fondos. En la misma jornada parlamentaria del pasado 27 de septiembre, intervenía la jurista Marisa Soleto y explicaba cómo esta herramienta venía a reforzar la legislación anterior en la materia, representada en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. “Las organizaciones aportamos un baño de realidad indiscutible”, afirmó, “al combinar los aspectos legislativos con la gestión de servicio público”. “El sistema de reparación del daño no está completo”, en opinión de Soleto, que alude a olvidos del legislador o plazos demasiado largos y para quien “los márgenes de mejora son muy amplios”. La intervención en materia de violencia de género es muy compleja, implica varias instancias y niveles administrativos, y para esta experta el ámbito adecuado del seguimiento de su coordinación es el Parlamento.

 

Núria Parlon (a la izquierda) durante su intervención en el Senado, junto a la diputada Lídia Guinart, que moderó la mesa.
Núria Parlon (a la izquierda) durante su intervención en el Senado, junto a la diputada Lídia Guinart, que moderó la mesa.

Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet: “Los espacios se nos quedaban cortos cuando acudían las mujeres”

Una semana antes de la jornada en el Congreso, en el Antiguo Salón de Sesiones del Senado tuvo lugar otra ronda de intervenciones alrededor del compromiso con la renovación del Pacto en la que, desde ámbitos municipales y autonómicos, se expusieron experiencias concretas de proximidad. La alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Núria Parlon (PSC), trasladaba las observaciones de La Ciba –espacio de recursos para las mujeres, innovación y economía feminista– en cuanto a las necesidades de las mujeres que sufren violencia machista: no revictimizar, atender la salud mental, proteger, abordar la violencia sexual, conseguir autonomía económica para las mujeres. La Ciba es un equipamiento con más de 2.000 metros cuadrados dedicado a políticas de igualdad, con un modelo integral e innovador. “Los espacios se nos quedaban cortos cuando acudían las mujeres, en ocasiones con sus hijos e hijas. Muchas veces las mujeres vienen con sus pertenencias en bolsas de basura, pasan una situación incómoda. Pensábamos que era importante disponer de espacios dignos destinados a esta atención”, explicó la alcaldesa.

 

Charo Carracedo atiende a los medios con motivo del recurso presentado por la PAP contra la legalización de un sindicato que avale el proxenetismo.
Charo Carracedo atiende a los medios con motivo del recurso presentado por la PAP contra la legalización de un sindicato que avale el proxenetismo.

Charo Carracedo, portavoz de la PAP: “Las políticas públicas solo en relación a la trata son insuficientes, porque actúan sobre los efectos perniciosos de la explotación sexual de las mujeres, pero no sobre la causalidad”

¿Sería una buena medida ampliar el Pacto contra la violencia a las mujeres víctimas de la prostitución? “Por supuesto, sí”, contesta a Geoviolenciasexual.com la abogada Charo Carracedo, portavoz de la PAP, la plataforma estatal de organizaciones de mujeres constituida en 2002 para promover el modelo abolicionista de la prostitución en nuestro país. “De hecho, en nuestra ley abolicionista uno de los contenidos es revisar el concepto de violencia e incluir expresamente la prostitución. Eso coayudaría en una interpretación general, porque toca muchas leyes, así que sería positivo”, explica.

El proyecto al que se refiere es la llamada Ley Orgánica para la Abolición del Sistema Prostitucional (LOASP), una propuesta legislativa feminista presentada públicamente en noviembre de 2020 y objeto de una reunión con la Ministra Igualdad, Irene Montero, en diciembre de ese año. “Habíamos pedido que fuera el presidente del Gobierno, porque es una cuestión transversal que afecta a varios ministerios y un problema de Estado. Dijeron que nos llamarían para continuar, y nada. En cuanto a otros contactos institucionales, estamos pendientes de respuestas a distintas iniciativas”, aclara Carracedo.

“Nosotras no somos para los partidos políticos un tema estructural”, señala. “Creo que se van a limitar al tema de la trata. Abordar estas políticas públicas solo en relación a la trata es insuficiente, porque actúa sobre los efectos perniciosos de la explotación sexual de las mujeres, pero no sobre la causalidad”. “La causa es el sistema prostitucional” –añade– “que legitima a los hombres el acceso sexual a las mujeres por precio, y una actividad económica que explota sexualmente a las mujeres. O se atacan esos dos pilares, o no hay forma de concluir con esto”.

La propuesta de la PAP desarrolla un modelo de intervención transversal para las mujeres en situación de prostitución, sin distinguir, en el acceso a las prestaciones sociales – servicios, apoyo, inserción sociolaboral– si están en trata o no. Además, “no están condicionadas a su apoyo al sistema de justicia penal, es decir, se accede con independencia de la denuncia”.

 

Susana Gisbert, fiscal: “Se ha diluido el mensaje de tolerancia cero contra la violencia de género para convertirla en una opción ideológica”

Con la fiscal experta en violencia de género Susana Gisbert hablamos de violencia económica. “El impago de pensiones es el único caso que está reconocido como delito expresamente. Además me preocupan otras coacciones hacia la mujer por medio del dinero: los que presionan para que firmen el convenio en un determinado sentido; los que antes de separarse vacían la cuenta conjunta, descapitalizan todo; los que se quedan a propósito en situación de insolvencia para no pagar pensión. Luego están los retrasos a la hora de pagarlas, que hacen que la mujer se vea obligada a suplicar para los hijos, que no pueda cortar el hilo. Otra de las cosas que utilizan es meter a la mujer en todo tipo de pleitos… todas estas situaciones es muy difícil meterlas en un tipo penal concreto y ocurren con mucha frecuencia”.

¿Podrían implementarse más medidas legales para evitarlo? Para la fiscal, “el derecho penal solo pone tiritas, nuca cura las heridas ni mucho menos las previene. Hay medidas civiles en el ámbito económico –que cuando se dicta la orden de protección se pueda bloquear una cuenta, por ejemplo–, que son interesantes”. “Hace falta mucha ingeniería jurídica para evitar esas conductas que están perpetuando la violencia de género”, añade.

Datos del Barómetro Juventud y Género (Fad, 2021).
Datos del Barómetro Juventud y Género (Fad, 2021).

Con Susana Gisbert valoramos también la coincidencia del cuarto aniversario del Pacto con la publicación del Barómetro Juventud y Género 2021 (Fad), que destaca cómo 1 de cada 5 adolescentes y jóvenes varones cree que la violencia de género no existe, justo el doble ahora que hace cuatro años. “La encuesta en su conjunto tiene otros indicadores buenos –aumentan los hombres y sobre todo las mujeres que se consideran feministas–, aunque sí es cierto que este dato es espantoso. Esos cuatro años coinciden con el advenimiento a las instituciones de partidos que niegan la violencia de género. Si los jóvenes ven esto como una opción ideológica, y por otra parte no se responde con contundencia, se ha diluido el mensaje de tolerancia cero para convertirla en una opción ideológica”. Si a eso unimos “que los recortes han hecho que la educación en igualdad sea más una quimera que una realidad, tenemos una tormenta perfecta”, reflexiona la jurista.

Gisbert se define como abolicionista y en cuanto a la arquitectura jurídica necesaria, entre la ampliación del Pacto y la necesidad de una nueva ley, Gisbert considera que “sí que se pueden conferir a las víctimas de prostitución y de trata –que están indisolublemente unidas– las posibilidades que tienen las de violencia de género; ahora, en tanto que tienen una problemática distinta, la especificidad requiere una ley propia. Son precisas medidas como las que se han adoptado en otros países para la sanción de la demanda”. Acerca de qué tipo de sanción, Gisbert explica que “sería conveniente una sanción administrativa, porque con una sanción penal de menos de dos años y sin antecedentes podría devenir en nada. No podemos permitirlo como sociedad. Sí podría plantearse sanción penal en casos de multirreincidencia o colaboración de algún tipo”, matiza.

 

La Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género guarda un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista, febrero de 2017. Ángeles Álvarez es la tercera por la izquierda.
La Subcomisión para un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género guarda un minuto de silencio por las víctimas de violencia machista, febrero de 2017. Ángeles Álvarez es la tercera por la izquierda.

Ángeles Álvarez, ex diputada socialista: “La fortaleza del Pacto contra la violencia de género es el acuerdo conceptual al que se llegó”

Ángeles Álvarez tiene escrito en su biografía en redes sociales “orgullosa del #PactoContraLaViolencia”. Para la ex diputada socialista, “la fortaleza del Pacto es el acuerdo conceptual al que se llegó, con la frustración de que durante las negociaciones fue imposible incluir la prostitución como una forma de violencia, a lo que se opusieron Podemos y Ciudadanos”. Ese acuerdo conceptual “de calado”, explica, en realidad lo ganaron las feministas a lo largo de los años, haciendo pedagogía social.

De ahí que para Ángeles Álvarez, en el momento actual “el Partido Popular no se va salir de ese acuerdo conceptual. Vox va a tratar de tirar para que lo haga, pero no lo va a hacer”. Aprobado el Pacto en 2017 sin ningún voto en contra, “a Podemos le dije desde la tribuna que uno no se podía abstener frente a medidas que son útiles para las mujeres, aunque creas que puedes poner más encima de la mesa. Su abstención de entonces fue un error, son conscientes de ello”.

Para la ex diputada socialista, un acuerdo así “primero se cumple y luego se renueva, ese es el orden”, e incide en que “la Comisión de seguimiento está absolutamente infrautilizada. Lo que no puede ser es que se estén convocando reuniones internas del Ministerio de Igualdad alarmadas por el número de asesinatos, y no escuchen a expertos y organizaciones de mujeres en el espacio que se creó, que está ahí”, y añade: “ahora lo que le toca es presentar un informe anual, que no se ha presentado ninguno en cuatro años”. Tampoco han contestado a las cuestiones referidas a las fichas de seguimiento para fiscalizar las cuentas.

Tras el final del estado de alarma decretado por la pandemia, en mayo de 2021, el Gobierno de coalición aprobó el pasado 27 de julio un “Catálogo de medidas urgentes”, en lo que calificaba como un contexto de “repunte de los asesinatos de mujeres en el ámbito de la violencia machista en pareja o expareja”. El paquete, un acuerdo interministerial con 15 medidas, contiene medidas como mejorar la detección temprana e implantar una ventanilla única –lo que resulta paradójico cuando en varios territorios las citas en Salud y otros servicios se retrasan o solo se atiende telefónicamente– o difundir el llamado “Protocolo Cero”, herramienta de protección no condicionada a una denuncia previa.

“En materia de violencia contra las mujeres, no creo en las medidas urgentes”, sostiene Ángeles Álvarez. “No desprecio esas medidas, todas sean bienvenidas, pero creo que lo que hay que hacer es un trabajo sostenido. En este país, a finales de los años 90, morían 5 mujeres por cada 1.000 denuncias de malos tratos, ahora el ratio es de 0,4. Eso pone de manifiesto que el Estado tiene cada vez más capacidad de proteger. El problema fundamental lo tenemos con las mujeres que no denuncian y eso pasa por hacer algunas de las cosas que el Pacto pone encima de la mesa que ni se han tocado: todo lo que tiene que ver con los tamizados en consulta, en los Centros de Salud, o con el acompañamiento previo a la denuncia”, aclara.

 

Mayca Romero interviene en el pleno del ayuntamiento de Cádiz.
Mayca Romero interviene en el pleno del ayuntamiento de Cádiz.

Mayca Romero, Cádiz Abolicionista y Plataforma Abolicionista de Mujeres Andaluzas: “Tenemos que ir arañándole al sistema para que las mujeres tengan herramientas para salir de la prostitución”

El vídeo con la intervención de Mayca Romero en el pleno del Ayuntamiento de Cádiz del 24 de septiembre contiene en seis minutos un alegato abolicionista que muestra la temperatura de la indignación feminista ante la inacción de representantes y partidos, cuando no su apoyo a los sectores regulacionistas de la prostitución. En este caso, el foco estaba en el alcalde José María González, Kichi, ante la iniciativa de Cádiz Abolicionista, con la colaboración de Enclave Feminista Cádiz, de presentar una moción –que no prosperó– para incluir a la ciudad en la Red de Municipios libres de Trata. La concejala de Feminismos ha firmado un manifiesto abogando precisamente por lo contrario de lo que reivindican las abolicionistas.

“El problema que tenemos en Cádiz es que no hay ningún recurso de vivienda para las mujeres en prostitución, tenemos que ir arañándole al sistema en el nivel municipal para que tengan herramientas para salir de esa situación”, explica la educadora social Mayca Romero. “Queremos que se persiga la tercería locativa”, afirma. Esta figura, verdadero refugio del proxenetismo, despenalizada en nuestro país desde 1995 –bajo gobierno socialista y con la única abstención del PP–, podría quedar de nuevo perseguida con la aprobación de la ley de violencia sexual que se tramita actualmente. ¿Se movilizará el feminismo por una ley abolicionista en lo que queda de legislatura? “Aquí han dinamitado el feminismo que había”, lamenta Romero sobre la situación en su ciudad, gobernada desde la izquierda, y en Andalucía con el pacto con la ultraderecha, una coyuntura que coloca en una especie de “pinza” al activismo feminista. “Nos preocupa que hay una parte de la sociedad que no ve la relación entre la violencia que sufren las mujeres a través de la prostitución o las imágenes de la pornografía con la idea de violencia de género que nos trasladan los medios de comunicación, que solo se centran en los malos tratos físicos” a la pareja o expareja. “No lo trabajan de manera global”, explica. “Socialmente se ve el cuerpo de la mujer como un objeto de consumo, algo que el hombre tiene derecho a utilizar”.

 

"Tirar del hilo" es una investigación de Red Latinas sobre los testimonios de 19 mujeres migrantes supervivientes de violencia machista.
“Tirar del hilo” es una investigación de Red Latinas sobre los testimonios de 19 mujeres migrantes supervivientes de violencia machista.

Tatiana Retamozo, integrante de la Red Latinas: “Cuando las mujeres migrantes van a la policía a denunciar, la sospecha es que están acudiendo por papeles”

“Acá al estar sola él quería manipularme y hacer lo que a él le de la gana”. “Tiene que haber sangre, tiene que haber muerte para que me puedan tomar atención”. Son algunas de las palabras de las supervivientes de Tirar del hilo, un trabajo de la Red Latinas (Mujeres Latinoamericanas y del Caribe) con historias de mujeres migradas que han sufrido violencia machista. Tatiana Retamozo se refiere a estos testimonios y a los informes cuantitativos de la Red, basados en los datos oficiales, para dar una fotografía en violencia de género sobre las migrantes caracterizada por su mayor victimización, menor protección y menos recursos. Si estas cifras arrojan un ratio de 5 feminicidios por millón de habitantes para las nacionales (2003-2019), para las extranjeras es de 29 por millón. ¿Qué está fallando?

“Lo principal que nos atraviesa es la ley de extranjería, sobre todo para las que están en situación irregular”, explica, al denunciar que el enfoque policial esté primando sobre el enfoque de derechos de las mujeres. “En este marco de violencia entrecruzada, la violencia institucional es algo grave. Cuando las mujeres migrantes van a la policía denunciar, la sospecha es que están acudiendo por papeles”. Un segundo elemento es que “si la mujer está reagrupada por su maltratador, es decir, tiene los papeles por él, es complicado que denuncie. No obstante, denunciamos más de lo que en principio se pensaría”, añade. Otros problemas tienen que ver con los abogados de oficio, la dependencia económica y la presión social –una realidad compartida con las mujeres nacionales–. Las principales demandas de la Red Latinas en esta materia están recogidas en el documento político “Para no dejar a nadie atrás”.

“En el tema de las custodias hay casos desgarradores”, relata Tatiana Retamozo, acerca de una de las supervivientes de Tirar del hilo, paraguaya, trabajadora interna que tuvo que entregar a su hija en acogida y después enviarla a su país de origen. La falta de redes es muy dura mientras muchas mujeres viven con el miedo de perder a sus hijos. “El  trabajo de interna es violencia. Ese sistema, sin autonomía de tiempo de lunes a sábado por la mañana. Habrá que dignificar este trabajo y exigir al Estado, conjuntamente con mujeres españolas, que cumpla con su labor de protección al cuidado. El régimen especial de trabajadoras domésticas, sin derecho a paro, es otra violencia”. En cuanto al Pacto de Estado –en cuya valoración están trabajando en este momento–, “en los territorios vemos que los recursos no llegan a las asociaciones de mujeres migrantes”.

 

Acción en la Puerta del Sol de Madrid contra la violencia machista, 11 de junio de 2021.
Acción en la Puerta del Sol de Madrid contra la violencia machista, 11 de junio de 2021.

Laura Muñoz, Secretaria de Mujer, Igualdad y Movimientos Ciudadanos de UGT-Madrid: “Con el teletrabajo están empezando a darse casos de acoso a través de las TIC”

La responsable del área de Igualdad de UGT-Madrid recalca cómo esta organización a nivel federal incluyó, en 2006, una resolución abolicionista de la prostitución, posición que mantiene. Por tanto, “para nosotros no es un trabajo”. En 2018, UGT se mostró contraria a la legalización de cualquier forma de prostitución, tras el famoso “gol por la escuadra” a la entonces ministra, la socialista Magdalena Valerio. Un asunto que aún hoy permanece vivo en los tribunales, según informa la asociación L’Escola, que ha demandado al Ministerio de Trabajo “por haber inscrito y facilitado la existencia del sindicato de la prostitución “Otras”.

Más allá de las resoluciones, ¿tienen la formación adecuada los delegados sindicales en materia de violencia de género? “Queremos crear la figura del delegado de igualdad, similar a la actual del delegado de prevención”, afirma Laura Muñoz. “estamos formándoles en igualdad, desde los conceptos básicos a los planes de igualdad, que serán obligatorios el año próximo para las empresas de más de 50 trabajadores. En esos planes es necesario incluir un protocolo de acoso sexual y por razón de sexo en el trabajo”. Han ampliado la formación en acoso a través de las TIC, ya que “con el teletrabajo están empezando a darse casos de acoso a través de ellas”. “Cualquier empresa, aunque sea de un trabajador, tiene obligación de tener unas medidas preventivas del acoso”, aclara la sindicalista. “¿Lo tienen todas? Pues no”.

A pesar de estos avances y otros como el registro retributivo y la auditoría salarial, para Laura Muñoz “un problema grave que tenemos es que por ley es obligatorio negociar planes de igualdad, pero no hay prevista una dotación económica para eso. Sin medios es imposible llevarlo a la práctica”.

 

Imágenes de la campaña #Hartas, de la Plataforma 7N contra las violencias machistas.
Imágenes de la campaña #Hartas, de la Plataforma 7N contra las violencias machistas.

Lidia Fernández Montes, Secretaria de Mujeres de CCOO-Madrid: “El acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral es una forma de violencia contra las mujeres”

“Las organizaciones sindicales tienen un papel muy importante en la lucha contra la violencia, tanto en la sociedad –haciendo incidencia y sensibilización– como en los propios centros de trabajo”, explica Fernández Montes. En este sentido, añade, “no podemos olvidar que el acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito laboral es una forma de violencia contra las mujeres”.

“Desde que CCOO fue legalizada, ha contado con una secretaría de mujeres que lucha, entre otras cuestiones, por erradicar la violencia contra las mujeres en todos los órdenes”, explica. Acerca de la formación de representantes sindicales en violencia de género, considera que “es una seña de identidad en nuestra organización y, específicamente, en esta secretaría. La coordinación para la acción también”.

En cuanto a la posición de CCOO sobre la idea de “la prostitución regulada como trabajo” que promueve en nuestro país el lobby proxeneta, Lidia Fernández Montes recuerda que CCOO-Madrid aprobó en la ponencia de su último Congreso, celebrado en junio, plantear que CCOO “se defina como sindicato abolicionista de la prostitución”. “Por supuesto, la prostitución es violencia contra las mujeres, no hay otra forma de entender la explotación sexual”, dice esta sindicalista de larga trayectoria en el movimiento feminista. Ella es también una de las impulsoras de la Plataforma 7N contra las violencias machistas, que encabezó en 2015 una de las primeras grandes movilizaciones feministas de los últimos años en nuestro país y que en la actualidad ha lanzado la campaña “#Hartas”, visibilizando las cifras del terrorismo machista hacia el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

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Proyecto asociado a:Feminicidio.net
Proyecto de:Asociación La Sur
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