Las estadísticas oficiales muestran la violencia sexual contra menores como uno de los tipos de violencia patriarcal más claros que experimentan un aumento en el número de denuncias y condenas en los últimos años.
Conocer los tipos, localizar las fuentes estadísticas y analizar los datos de violencia sexual contra menores de edad no es sencillo en ningún país del mundo y España no es la excepción. Las estadísticas oficiales de acceso público no detallan indicadores fundamentales como la relación del victimario con la víctima, el ámbito en el que tuvo lugar la agresión o los perfiles demográficos de víctimas y agresores. Sin información detallada es difícil evaluar la situación real de la violencia sexual ejercida en España contra menores de edad, a pesar de que supervivientes y organizaciones especializadas llevan décadas trabajando para acabar con la invisibilización que la mantiene en la sombra.
Las estadísticas oficiales nos permiten, sin embargo, hacer un diagnóstico previo con las variables de las que disponemos como la edad, el sexo o el tipo de delito cometido. Por un lado, se confirma el carácter patriarcal de la violencia sexual contra menores, lo que no supone ninguna diferencia con la violencia sexual perpetrada contra personas adultas. Y cuando decimos que la violencia sexual es patriarcal, no solo nos referimos a que la inmensa mayoría de sus perpetradores son hombres y las víctimas mayoritariamente mujeres y niñas; también consideramos (como la mayoría de las feministas) que esta violencia cumple una función de control social sobre las mujeres y es un soporte sobre el que se sostiene la supremacía masculina como sistema político (y así lo demuestra la tesis de un clásico de Susan Brownmiller que no ha perdido actualidad: Against Our Will: Men, Women and Rape, publicado en 1975).
Por otro lado, las cifras oficiales muestran una clara tendencia al alza en el número de denuncias y condenas en los últimos años, en los que los delitos sexuales contra menores suponen un porcentaje cada vez mayor del total de delitos contra la libertad sexual.
Como se puede ver en el gráfico, el aumento de los delitos contra la libertad sexual es generalizado. Sin embargo, los delitos que afectan directamente a menores de edad aumentan a una velocidad que hace que cada año supongan un porcentaje mayor del total de delitos contra la libertad sexual. En 2011, de los 1.763 delitos contra la libertad sexual de los que informa la Fiscalía General del Estado, 306 fueron tipos relacionados con la violencia sexual contra menores. Esto supone el 17,4% del total de casos. Este porcentaje se dispara al 31,9% en 2018, con 926 de los 2.900 delitos contra la libertad sexual.
Casi todos los perpetradores de la violencia sexual son hombres
Según la web infanciaendatos.es, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2020, los datos de menores de 18 años víctimas de delitos contra la libertad y la indemnidad sexual también reflejan una brecha de género clara. Por un lado, las niñas son víctimas mayoritarias de este tipo de delitos. Por otro lado, la evolución histórica demuestra un repunte de los casos desde 2013, tras varios años de bajada de las cifras. Este repunte, en el caso de los varones, es mucho menor que el de las niñas, como se puede ver en el gráfico:
Como cualquier tipo de violencia sexual, el origen de la violencia es mayoritariamente masculino: el 96,3% de los condenados por delitos sexuales en 2018 eran hombres (INE, Condenados por delitos sexuales según sexo, edad y nacionalidad).
Como se puede observar en el siguiente gráfico, el porcentaje de delitos contra la libertad e indemnidad sexual perpetrados por varones es del 97% en 2018. Entre ellos, delitos como el acoso sexual son perpetrados por hombres en el 100% de los casos. Los abusos y agresiones sexuales también son perpetradas por hombres en un 99% de las ocasiones. Solo los delitos de trata tienen una participación mayor de mujeres, aun siendo minoritarias (el 53% de los autores eran hombres).
Por lo tanto, no es casualidad que la violencia sexual se asocie a la violencia patriarcal, es un patrón estadístico concreto que el movimiento feminista, sus teóricas y estudiosas han explicado durante décadas asociando la violencia sexual a una de las principales armas del patriarcado para reproducir y justificar su opresión sobre las mujeres, aquí y al otro lado del mundo y en periodos tanto de presunta paz como de conflicto armado declarado. Un circuito sin fin que normaliza y generaliza estos abusos con el aporte de una industria pornográfica que se alimenta de esta violencia sexual y acaba haciendo pedagogía de ella.
Aumento de las denuncias y tipos de violencia sexual contra menores
En términos generales, la violencia sexual contra menores de edad en España experimenta un repunte en los últimos años, especialmente notable en tres delitos: agresión sexual de menores de 16 años con acceso carnal (violación), abuso sexual a menores de 16 años y agresión sexual de menores de 16 años (Fiscalía General del Estado).
Según datos de la Fiscalía General del Estado, en 2018 se emitieron 519 sentencias por abuso sexual a menores de 16 años. No solo supone una cifra récord, sino que aumentó un 33% con respecto al año anterior. Este aumento fue aún mayor en el número de condenas por agresión sexual a menores de 16 años, que aumentó un 59,5% en 2018, con 67 sentencias conocidas.
Si la comparativa de estos mismos datos se hace con el año 2011 los porcentajes de aumento se disparan en los tres delitos mencionados anteriormente:
- Agresión sexual de menores de 16 años con acceso carnal (violación). Las estadísticas de la Fiscalía registran un solo caso en 2011, mientras que en 2018 se conocieron 13 casos: un 1.200% más.
- Abuso sexual a menores de 16 años. En 2011 se conocieron 114 casos y en 2018 ya son 519 los abusos registrados: un 355% más.
- Agresión sexual de menores de 16 años. Con 18 casos en 2011 el registro de 67 agresiones en 2018 supone un aumento del 272%.
Aunque las cifras oficiales en España no permiten valorar el número de delitos desagregados por la relación del victimario con la víctima, el Consejo de Europa asegura que uno de cada cinco menores de edad en Europa ha sido víctima de algún tipo de violencia sexual. “Esto incluye los tocamientos, la violación, el acoso sexual, el estupro, el exhibicionismo, la explotación en la prostitución y la pornografía, la violencia sexual en línea y el chantaje sexual”, aseguran en su web, donde también hacen pública la siguiente estadística: “entre el 70 y el 85% de los niños conocen a sus agresores”.
Diferencias territoriales
Por provincias, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la tasa de condenados, en base a la población habitante, dibuja amplias diferencias territoriales. En relación al número de habitantes de la provincia, la tasa de condenas por delitos sexuales contra menores es menor en León, Ourense, Segovia, Lugo y Pontevedra, con una tasa por debajo de las 23 condenas por cada millón de habitantes.
Por el contrario, las tasas son más altas en Ceuta, Melilla, Álava, Soria, Alicante y Las Palmas de Gran Canaria, todas por encima de las 84 condenas por millón de habitantes (INE, Condenados por delitos sexuales según lugar de condena). La media, a nivel nacional, se sitúa en 52 condenas por cada millón de habitantes en 2018.
Como con el aumento en el número de denuncias, esta diferencia territorial en la tasa de condenas puede reflejar diferentes situaciones: por un lado, que la prevalencia de este tipo de delitos sea mayor en los territorios con una tasa mayor de condenas o, por el contrario, que las bajas tasas de condenas reflejen una falta de sensibilización y apoyo a la denuncia de casos existentes pero desconocidos.
Menores agresores
Entre los condenados referidos en las estadísticas del INE, también se encuentran los menores de edad. En 2018, 323 menores fueron condenados por delitos sexuales (317 varones, el 98,1%). Además, los datos reflejan que este tipo de delitos comienzan a perpetrarse desde una edad muy temprana. Los autores de 14 años suponen el 15,1% de los casos y otro 16,3% los perpetraron los de 15 años.
Y hablamos de nuevo en masculino porque el patrón de origen patriarcal en la violencia sexual perpetrada por menores se repite: el 98,1% de los condenados en 2018 era varón.
Además, uno de cada tres menores condenados recibió la orden de al menos tres medidas adoptadas con respecto a su caso (el 31,6%), a pesar de que casi la mitad son condenados con una sola medida adoptada (el 48%).
En la documentación de agresiones sexuales múltiples que comenzamos en 2016 en Geoviolenciasexual.com también hemos identificado un porcentaje relevante de autores menores de edad. “En las 187 agresiones sexuales múltiples conocidas se han registrado al menos 621 agresores sexuales, aunque en algunos casos se desconoce el número exacto de atacantes. Al menos 145 eran menores de edad cuando perpetraron las agresiones (el 23,4%): uno de cada cuatro. Por su parte, de las 196 víctimas registradas, una de cada tres eran menores de edad (70 de ellas, el 35,7%)”.
Penas a los condenados por violencia sexual contra menores
Las penas “privativas de otros derechos” son las más comunes entre los condenados por delitos sexuales contra menores, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. En 2018, el 70,5% de los condenados por abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años recibieron esta pena. De entre las diferentes modalidades que recoge la formulación, la más común es la “inhabilitación especial para empleo”, que se aplicó al 30% de los autores, seguida de la “prohibición de aproximarse a la víctima”, que solo afectó al 19,5% de los condenados. En 2018 solo el 27,9% de los condenados recibió penas privativas de libertad en la modalidad de “prisión”.
Estas estadísticas, también desagregadas por el tiempo de duración de la pena, reflejan otra característica: dos de cada tres penas no superan los dos años de duración. Solo un 17,1% fueron penas de dos a cinco años de duración, mientras que las de más de cinco años se limitan al 15% restante. Entre estas últimas, el mayor número de casos se da en las agresiones o abusos sexuales. Las penas medias, de dos a cinco años, son más comunes en delitos de abuso sexuales, prostitución y corrupción de menores. Las penas más bajas, de hasta dos años, son mayoritariamente por delitos de prostitución y corrupción de menores, abusos sexuales, agresiones sexuales y exhibicionismo, y provocación sexual.
Conclusiones
La violencia sexual contra menores es una forma de violencia patriarcal, con un origen claro en la violencia masculina, que también tiende a victimizar más a niñas que a niños. Según el INE, el porcentaje de delitos contra la libertad e indemnidad sexual perpetrados por varones fue del 97% en 2018. Este patrón se reproduce incluso en la violencia sexual perpetrada por menores, cuyo porcentaje de condena es del 98,1% para los varones.
Podemos afirmar que se registra en los últimos años un aumento de los casos conocidos, de las denuncias y de las condenas. La interpretación de esta tendencia no está clara. “Con estos delitos pasa como con la violencia de género en general que, como hay una gran cifra negra, cuando aumenta el número de casos no sabemos cuánto puede ser que hayan aumentado realmente los casos y cuánto es afloración de esa cifra negra”, asegura María Daza, jurista y victimóloga colaboradora de nuestro staff de Feminicidio.net. La experta también identifica otro factor importante, producto de la sensibilización y educación sexo-afectiva en los últimos años: “antes de estas cosas no se hablaba. Antes pasaba y punto”, asegura. Y cita un ejemplo, el de la teoría freudiana de la histeria. Estudiando la histeria a finales del siglo XIX, Freud descubrió el gran número de casos de abuso sexual infantil que había entre su muestra de estudio. La explicación que le daba, sin embargo, se alejaba de la explicación de la violencia sexual como una violencia patriarcal: según los pediatras a los que consultó, eran las cuidadoras las que abusaban de los menores. “Y eso no sucedió hace tanto tiempo”, recuerda Daza.
La gran mayoría de penas por delitos sexuales, según datos del INE, no llegan a dos años. A pesar de la aparente contundencia de la legislación en casos paradigmáticos en los que los delitos sexuales concurren con otros delitos como el asesinato, las penas por violencia sexual contra menores son cortas en España. Pocas superan los cinco años de condena y en muchas ocasiones delitos tan graves como las agresiones sexuales o las violaciones se saldan con penas de dos a cinco años, incomparables con el daño irreparable para la víctima que llevará consigo de por vida. Y en este punto hay que recordar que las penas no son solo de prisión, lo cual agrava la realidad de que la retirada de la patria potestad, la inhabilitación para ciertos trabajos o la prohibición de comunicación de la víctima se limiten a períodos tan cortos de tiempo tras la condena. Además, en España las estadísticas oficiales tampoco reflejan los resultados de políticas de reinserción social y del seguimiento terapéutico que se da a delincuentes sexuales, incluidos entre estos a los menores de edad.
