Observar cuantitativamente la violencia sexual es difícil, porque es más frecuente que suceda en contextos privados y suele esconderse tanto por el perpetrador como a menudo por la víctima o por los testigos, de haberlos. Para describirla es frecuente utilizar la metáfora de un iceberg, dado que la parte sumergida o “cifra negra” es mucho mayor que la visible. Para la estimación de los casos reales de violencia sexual los expertos señalan la importancia de complementar los datos registrados con las encuestas de victimización.
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Finalizado: Os invitamos a este Seminario internacional online a cargo de la socióloga especialista en derechos de las mujeres y violencia machista, Silvia Chejter, el próximo 22 de noviembre de 2022. La investigadora social abordará la realidad oculta y encubierta de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, bajo el título “la niñez prostituida”. La sesión comenzará a las 18:00, hora peninsular española.
Ally-Marie Diamond es una feminista neozelandesa, cofundadora de Wahine Toa Rising, una asociación liderada por supervivientes de la prostitución que da apoyo a mujeres, niñas y niños explotados en la prostitución en Aotearoa –nombre de Nueva Zelanda en idioma maorí–. Mestiza europea y maorí-isleña del Pacífico, Ally-Marie es una voz cualificada para hablar sobre la prostitución en su país, que despenalizó la compra de sexo en 2003 con la Ley de Reforma de la Prostitución.
Casi un 80% más en ocho años, un crecimiento de más del 20% en el primer trimestre de 2022: la tendencia al alza de las denuncias por delitos sexuales en España se aparta de la estabilidad de la criminalidad general. La mitad de las víctimas de todos los delitos sexuales son menores de edad. Por qué se denuncian más, qué reclaman las jóvenes o cómo afecta a menores son cuestiones a examinar a partir de la radiografía de la violencia sexual.
Las estadísticas de violencia sexual contra menores en España existen, pero su sistematización hace disponible y reutilizable una parte muy reducida del total. Aún así, las cifras de acceso público confirman una tendencia al alza en los últimos años y un claro sesgo de género: las víctimas son mayoritariamente de sexo femenino mientras que los agresores son aún más mayoritariamente masculinos.