Por Graciela Atencio – Directora de la Escuela Abolicionista Internacional
El ataque planificado para acallar la voz de Amelia Tiganus comenzó después de su participación en el programa de televisión La Roca, de La Sexta, el 9 de octubre pasado. Ahora mismo, cuando se está tramitando una ley contra el proxenetismo en el Congreso de los Diputados y Diputadas, hay que poner en contexto este hecho ya que el lobby proxeneta no cesa en su empeño por ganar el relato de la prostitución como “trabajo sexual” y desviar la atención del funcionamiento criminal del proxenetismo en España.
Desde los estudios del “modelo de propaganda” de Noam Chomsky y Edward Herman, concepto que fue acuñado allá por los ochenta del siglo pasado, quedó demostrado que los medios de comunicación cumplen una función muy importante en la fabricación de consensos sociales que van de la mano del control social de la opinión pública. Estos dos elementos se sustentan en que la mayoría de la gente desconoce la realidad política y social en la que vive. Pongamos de ejemplo práctico el concepto “trabajo sexual”, legitimado socialmente a fuerza de fabricar falsos debates o montajes de debates sobre la prostitución, que cuenta con el apoyo institucional de los Estados proxenetas –lo son todos aquellos que no tienen leyes ni políticas públicas de erradicación de la trata y la prostitución–. Pero sobre todo, la fabricación de un consenso mayoritario en los medios de comunicación a favor de la legalización de la prostitución cuenta con el apoyo económico que proviene de la propia industria de la explotación sexual y de donantes privados, como la Open Society Foundations (solo por citar a uno entre varios magnates, George Soros, que utilizan parte de su dinero y de su poder en propaganda para conservar el privilegio de los hombres de acceder al cuerpo de las mujeres). Esta maquinaria organizada del establishment también destina flujos de dinero a los políticos, los centros académicos, las grandes ONG, los pseudo sindicatos de “trabajadoras sexuales”, la publicidad, las redes sociales y sus influencers.
La fabricación de un consenso mayoritario en los medios de comunicación a favor de la legalización de la prostitución cuenta con el apoyo económico que proviene de la propia industria de la explotación sexual y de donantes privados
El debate en La Roca fue una operación mediática más en la fabricación del consenso a favor de la legalización de la prostitución, pero la producción del programa no pudo imponer la posición propagandística del debate debido a que Amelia Tiganus desmontó los falsos argumentos de la prostitución como libre elección, puso en evidencia que se trataba de un montaje periodístico y no un debate de fondo.
Me quiero detener en una cuestión que desde mi punto de vista desencadenó la reacción del lobby proxeneta días después. Amelia pidió ser presentada como superviviente del sistema prostitucional, no como exvíctima de trata, pero la producción de La Roca hizo caso omiso a su solicitud. La palabra superviviente tiene una carga significativa clave a nivel político y ético en este tema: la superviviente tiene la fuerza y el valor de poder contar lo que ha vivido dentro de ese campo de concentración que es un prostíbulo o un piso de prostitución. La superviviente cumple una doble función, la de la testigo que permite conocer la verdad y la de denunciar a quienes ignoran los padecimientos de una mujer dentro del sistema prostitucional: la tortura, por un lado, de ser acuartelada, sometida y explotada por el proxeneta dentro del campo. Y por otro, la tortura de ser penetrada por boca, vagina y ano por puteros mediante previo pago del que se beneficia total o principalmente el proxeneta. El proxeneta y el putero son cómplices y socios en este negocio criminal. Que una superviviente como Amelia Tiganus, autora de La revuelta de las putas, una obra que va camino de convertirse en un ensayo referente, de lectura imprescindible por la manera en que disecciona la barbarie del sistema prostitucional (y por cierto, con notable éxito de ventas de su libro), se haya plantado frente a un falso debate como una mujer poderosa, inteligente, con argumentos sólidos, que no se amedrentó ante su situación de desventaja y que desenmascaró el vacío argumental de la posición regulacionista frente a los cientos de miles de espectadores que estaban del otro lado de la pantalla, desencadenó una serie de acciones por parte del lobby proxeneta. Primero sufrió un ataque masivo y organizado a su cuenta de Instagram, la denunciaron “por fomentar la trata de personas” y luego desde la Plataforma de Afectados por la Abolición comenzó la campaña de acoso, hostigamiento, amenazas y difamación que representan un primer aviso de una escalada que puede ir a más.
Amelia Tiganus desmontó los falsos argumentos de la prostitución como libre elección, puso en evidencia que se trataba de un montaje periodístico
No veamos simplemente lo que se ve (valga la paradoja) de la plataforma, sino lo que no se ve: son invisibles algunos de los proxenetas y amos de la prostitución de este país, criminales impunes que ven amenazados sus negocios e ingresos millonarios a costa de la explotación sexual de mujeres, con una posible ley contra el proxenetismo. Las “trabajadoras sexuales” son una pantalla y forman parte de una estrategia de propaganda que utilizan también gobiernos como el de Catalunya o el Ayuntamiento de Barcelona, cuando realizan operaciones de prensa y muestran apoyo público a mujeres que “ejercen la prostitución voluntaria” para desviar la atención del entramado proxeneta que sostiene la industria de la explotación sexual y toda su cadena de complicidades por parte de las instituciones públicas. Cómo no lo van a hacer, si el Estado se lucra y vive de ello a través del Impuesto sobre Actividades Económicas, gestionado por los ayuntamientos, donde se han dado de alta en las últimas décadas los prostíbulos legales -ya basta de decir que son ilegales cuando nuestras ciudades y carreteras están repletas de clubes de alterne-, como hoteles, discotecas, restaurantes, karaokes, tablaos flamencos… aprovechando el vacío de la supuesta alegalidad de la prostitución. Y así hemos llegado a convertir a este país del sur de Europa en un destino de turismo de explotación sexual, la “Tailanda europea”, tal y como la denominan supervivientes que fueron captadas para la prostitución y traídas a España siendo menores de edad.
Desde la Plataforma de Afectados por la Abolición comenzó la campaña de acoso, hostigamiento, amenazas y difamación que representan un primer aviso de una escalada que puede ir a más
En estos pocos meses de funcionamiento la Plataforma de Afectados por la Abolición ha organizado concentraciones en varias ciudades de España con mujeres prostituidas, lo hemos visto en los medios de comunicación. Lo que no hemos visto publicado en la prensa son las reuniones que han tenido con Pilar Vallugera, diputada por Esquerra Republicana, que fue invitada a visitar prostíbulos; o su línea directa con el PNV en el Congreso, que les informó de la propuesta de la creación de una Subcomisión por este motivo. También se reunieron con una treintena de diputados del PP, a los que les han contado detalladamente las “bondades” de la prostitución, estos también fueron invitados a hacer un tour por los clubes para que ellos mismos se cercioraran de las óptimas condiciones laborales en las que trabajan las mujeres. En esa plataforma participa el periodista Alfredo Urdazi –no se sabe en calidad de qué-. Por otro lado, han contratado a una agencia de comunicación que ha propuesto entregar en los próximos días a cada diputado y diputada del Congreso un dossier con cartas manuscritas de mujeres prostituidas “que defienden el oficio y las ventajas frente a otras ocupaciones” y testimonios de cien mujeres que dan fe de ello. Los que están detrás de esta plataforma: ¿De verdad piensan que nos creemos que esta plataforma es simplemente un grupo de “trabajadoras sexuales independientes”? Esa estrategia de propaganda y manipulación ya no les funciona. La Plataforma de Afectados por la Abolición no es más que el reflejo y un espejo donde puede mirarse este Estado proxeneta.
Lo que no hemos visto publicado en la prensa son las reuniones que han tenido con Pilar Vallugera, diputada por Esquerra Republicana, que visitó prostíbulos. También se reunieron con una treintena de diputados del PP
Lo preocupante y lo que hace saltar todas las alarmas es que la campaña de acoso y amenazas contra Amelia Tiganus no la apunta solamente a ella, sino a todo el movimiento de las supervivientes del sistema prostitucional que ha surgido en España y en el mundo. El lobby proxeneta y la industria criminal no quieren que se conozcan las pruebas de una criminalidad organizada y una barbarie invisibilizada. Nos enfrentamos a un gigante, el sistema prostitucional, la cara más cínica y cruel del patriarcado capitalista contemporáneo que en estos días intenta escribir en España una página más de la historia universal de la infamia.
La campaña de acoso, hostigamiento y difamación puesta en marcha por el lobby proxeneta en España contra Amelia Tiganus es solo la punta del iceberg de un entramado criminal que está dispuesto a ir tan lejos como pueda y lo permita el Estado español, con sus instituciones, poderes públicos y administrativos, que incluye a los gobiernos que han pasado sin atacar de raíz a la industria de la explotación sexual junto a sus negocios vinculados. El panorama, si hacemos un balance desde que se despenalizó la tercería locativa en el Código Penal en 1995 con el gobierno socialista de Felipe González, es desolador. Por entonces este país no era de destino ni de tránsito de la trata con fines de explotación sexual, pero el lobby proxeneta se instaló hace casi tres décadas y ha campado a sus anchas con gobiernos de derechas, de izquierdas (Partido Popular y Partido Socialista), autonómicos e independentistas (Partido Nacionalista Vasco, Bildu, Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y la CUP); estos últimos alineados hoy por hoy sin complejos en Cataluña y Euskadi con políticas públicas que legitiman el “trabajo sexual”, actualmente muy activos y vehementes en torpedear la ley contra el proxenetismo que se está tramitando en el Congreso. Y no son los únicos. Podemos, el partido del gobierno de coalición a la izquierda del PSOE, dinamita la posibilidad de una ley abolicionista con sus propuestas de enmiendas. Por un lado, pide suprimir la multa a los puteros: no son pocas las voces dentro del partido que tergiversan lo que significa el abolicionismo al repetir como un mantra que “penalizar al putero es punitivista” cuando el putero es un agresor sexual –o mejor dicho un “violador prepago” según las supervivientes– y el principal sostenedor junto al proxeneta del sistema prostitucional. Lo peor es que Podemos se escuda en que el modelo sancionador “del cliente” pone en mayor riesgo a las mujeres prostituidas. También propone otra enmienda que blinda la mal llamada “prostitución voluntaria” y que se articula en la separación de la trata de la prostitución.
El lobby proxeneta se instaló hace casi tres décadas y ha campado a sus anchas con gobiernos de derechas, de izquierdas, autonómicos e independentistas
España es un Estado proxeneta y si no se aprueba una ley abolicionista -de mínimos- corre el riesgo de convertirse en un Estado fallido para las mujeres. Es de mínimos porque el proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso no es la ley integral que piden el movimiento feminista y las supervivientes del sistema prostitucional, pero puede representar el punto de partida para comenzar a desmantelar “la Tailandia europea”. Aunque claro, el riesgo es que los partidos políticos nos tiendan a la ciudadanía una trampa y se quede en una ley deslavada que permita a la industria de la explotación sexual reciclarse, salvar el negocio millonario y lo peor de todo, que los proxenetas continúen siendo impunes y cometiendo violaciones de derechos humanos contra miles de mujeres y niñas pobres, vulnerables, sin otra alternativa que la de acceder a la venta de sus cuerpos como si se tratase de un “trabajo”.