Las estadísticas de violencia sexual contra menores en España existen, pero su sistematización hace disponible y reutilizable una parte muy reducida del total. Aún así, las cifras de acceso público confirman una tendencia al alza en los últimos años y un claro sesgo de género: las víctimas son mayoritariamente de sexo femenino mientras que los agresores son aún más mayoritariamente masculinos.
Antes de adentrarse en las estadísticas, el estudio en profundidad de la violencia sexual contra menores se debe alimentar de diferentes fuentes para su conceptualización, incluyendo la conceptualización legal y la académica o de la sociedad civil organizada. Su análisis combinado permite una radiografía más completa de la realidad, pero para que sea posible esta combinación, han de darse ciertas condiciones.
Por un lado, es necesario recoger un amplio abanico de indicadores del perfil de la víctima o víctimas, del perfil del agresor o agresores y del contexto de la propia agresión o agresiones. Informaciones como la duración de los abusos a la víctima, la edad del agresor o el lugar en el que se produjo la agresión pueden parecer irrelevantes, pero son fundamentales para diseñar políticas públicas de prevención y sensibilización más eficaces. Con este tipo de datos no solo se señala el origen patriarcal de la violencia sino las oportunidades, como Estado y como sociedad, de intervenir para evitar todo tipo de violencia contra menores. Como ejemplo más claro, están los datos recogidos en el Informe de Delitos contra la Libertad Sexual 2020, publicado por el ministerio del Interior, que señalan un aumento de casos de violencia perpetrados en las viviendas y sus anexos durante el año 2020, en plena pandemia por COVID-19.
Por otro lado, uno de los principales problemas de los países más desarrollados en la recolección, tratamiento y publicación de sus estadísticas sobre violencia sexual contra menores es la imposibilidad de acceder fácilmente al cruce de datos. Este permite que utilicemos diferentes fuentes de información cómodamente para facilitar la producción de nuevos estudios, dentro y fuera de las instituciones. En el caso de España, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Poder Judicial recogen cantidades inmensas de datos de cada caso de forma individual. Los datos existen, pero su sistematización y su armonización con las conceptualizaciones de otros países y regiones del mundo, hacen tremendamente ardua la tarea de comparar las estadísticas. En este sentido, es importante que se dé acceso público a los datos en un formato reutilizable (como tablas de Excel) para facilitar su cruce con otras fuentes de información. En España la gran mayoría de los datos recogidos no se publican o se recogen, ya procesados, en informes en formato PDF que permiten su reutilización de forma muy limitada y exigen un trabajo manual de traslado de los datos a una tabla de comparación. Los únicos datos disponibles en formato reutilizable se encuentran en el Instituto Nacional de Estadística y el Portal Estadístico del Consejo General del Poder Judicial y de diferentes Ministerios, que recogen selecciones de cruces, como “Condenados por delitos sexuales según sexo, edad y número de delitos” (INE) o “Hechos conocidos por comunidades autónomas, tipología penal y periodo” (Portal Estadístico del Ministerio del Interior).
Muchos de estos datos hay que ‘cogerlos con pinzas’, en el sentido de que hay que ser muy conscientes de qué significan realmente. El ejemplo más claro es la estadística de condenas con penas de cárcel, la más restrictiva y conservadora en la cuantificación de cualquier tipo de violencia. Esta cifra, como se puede ver en el gráfico, es solo una parte de la violencia condenada, que a su vez es una parte de la violencia denunciada, que forma parte de la violencia conocida, aún por debajo en número de la violencia real.
No solo la estadística de condenas es restrictiva, sino que, como advierte el propio Ministerio del Interior (Informe de Delitos contra la Libertad Sexual 2020), la violencia contra los menores tiene una tasa menor de esclarecimiento entre los casos de violencia sexual:
“Los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, presentan una de las más altas tasas de esclarecimiento, situándose con el mayor porcentaje de hechos esclarecidos los delitos relativos a los abusos sexuales y agresiones sexuales, ambas con penetración. No obstante, cabe reseñar que en el escalón más bajo de esclarecimiento están los delitos relacionados con menores tales como pornografía de menores y delitos de contacto con menor de 16 años para fines sexuales, amparándose en la tecnología”
El aumento de casos registrados, dentro y fuera del marco de las nuevas tecnologías, ha levantado siempre la pregunta de si se trata de un aumento de la violencia o un aumento de la denuncia de los casos. En este caso, la violencia sexual contra menores de edad parece estar aflorando o manifestando un pico preocupante en los últimos años. En 2020, según los datos de victimizaciones recogidos por Interior, el 50,8% de las víctimas de delitos contra la libertad sexual eran menores de edad. Un porcentaje que viene experimentando una subida estable en los últimos años, desde el 37,9% de 2010, un 12,9% más en 10 años.
Una vez identificada esta tendencia al alza, es importante utilizar los indicadores disponibles. El más básico en cualquier estudio de violencia es la desagregación por sexo, tanto de las víctimas como de sus agresores. En este caso, la violencia sexual contra menores es una violencia eminentemente masculina que victimiza mayoritariamente a niñas y adolescentes de sexo femenino. El 78,5% de las víctimas de delitos de violencia sexual contra menores eran de sexo femenino y el porcentaje sube al 90,1% de los casos de “agresión sexual con penetración” y no baja del 65,8%, el dato registrado en delitos de “pornografía de menores”.
Si el porcentaje mayoritario de sexo femenino entre las víctimas es indicativo de una desproporción en la violencia, el porcentaje de varones entre los agresores es aún más abrumador: la cifra no baja del 98,6% de los condenados en los últimos años en los casos de “abusos y agresiones sexuales a menores de 16 años” y del 88,9% de los casos de “prostitución y corrupción de menores”, según datos del Ministerio del Interior.
Y, aunque cuando hablamos de violencia sexual contra menores no solemos tener en cuenta a los propios menores como agresores, la realidad es que el patrón de violencia patriarcal se repite entre los más jóvenes: el 98,1% de los agresores menores de edad registrados era de sexo masculino. El porcentaje alcanza el 100% en tipos concretos como la “agresión sexual con penetración” y la “corrupción de menores o incapacitados”. Entre las agresiones sexuales múltiples registradas en GeoviolenciaSexual.com, el 100% perpetradas por grupos de varones, también se identifican agresores menores de edad: uno de cada cuatro varones que participó de las agresiones era menor de edad (el 24%) y agredieron a menores en una de cada tres ocasiones (el 37% de las víctimas conocidas).
Estas agresiones en grupo son pornificadas en uno de cada diez casos: los agresores toman imágenes en video o fotografía de la agresión, para revivirla o para participar de la fratría exhibiendo su masculinidad, vinculada al trato violento y de dominación con las mujeres.
El paradigma de esta demostración de dominación sobre las mujeres y las niñas en el patriarcado se da en la explotación sexual. Estadísticas como las recogidas por APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida) indican que seis de cada diez mujeres prostituidas empezaron siendo explotadas cuando eran menores. Los casos surgidos en Baleares suscitaron un debate político necesario, especialmente por la responsabilidad del Estado con esas menores tuteladas por las instituciones autonómicas, aunque irresuelto por el momento con el archivo de la causa en octubre de 2020, al no encontrar evidencias de que se trataba de una trama organizada. A pesar de ello, no son casos aislados. Algunas expertas apuntan a que es un fenómeno extendido a “prácticamente todas las comunidades autónomas”.
Y en pleno siglo XXI las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental, especialmente en el proceso de captación de las víctimas. Una investigación de la BBC desveló que el sitio web OnlyFans carecía de los controles necesarios para evitar que hubiera menores subiendo y monetizando contenidos de carácter sexual. “Adolescentes han estado usado identificaciones falsas para configurar sus cuentas. La policía incluso detectó el caso de una menor de 14 años que usó el pasaporte de su abuela para lograrlo”. Según la propia investigación, la plataforma cuenta con más de 120 millones de suscriptores, pero es imposible calcular cuántos son menores de edad. Si el cálculo de mujeres adultas víctimas de explotación sexual se complica especialmente por la ocultación llevada a cabo por los explotadores (tanto proxenetas como puteros), el recuento de víctimas menores de edad se complica aún más.
Al respecto de OnlyFans, Catherine MacKinnon escribió en el New York Times un artículo en el que llamaba a la reflexión sobre cómo la sociedad es capaz de lavarse las manos cuando las víctimas de este tipo de violencia cumplen 18 años:
“La mayoría de las mujeres que entran a la industria sexual son menores de edad y su vulnerabilidad es crucial para su atractivo, es decir, para su comercialización. No se puede proteger a los niños (y niñas) de la explotación sexual si se protege la pornografía y se tolera la prostitución de los adultos, ya que se trata del mismo grupo de personas en dos momentos distintos”
